Por Manuel Ibarra Santos

 

El Ejército debe regresar <por razones legales y operativas>  a los cuarteles o bien es pertinente que se mantengan en las calles, en esta guerra que ha dejado miles de muertos y desaparecidos, en su lucha en contra del crimen organizado. Ese es el debate que se ha generado en la última semana. El dilema es qué hacer en esta encrucijada.

Las Fuerzas Armadas de México –integradas por el Ejército, la Marina y Fuerza Aérea-, con más de 260 mil efectivos, según datos oficiales al 2015, representan a las instituciones públicas del país con mayor confianza ciudadana, para contener y enfrentar el incremento explosivo de la influencia del crimen organizado en la sociedad.

El Secretario de la Defensa Nacional (SEDENA), Salvador Cienfuegos, con energía abrió recientemente la discusión al declarar que “la delincuencia no se resuelve con balazos”, luego de manifestar su coincidencia con la idea de que el Ejército regrese a los cuarteles, sobre todo cuando en el desempeño de sus tareas en materia de seguridad pública, los militares han quedado en la indefensión y sin mecanismos de protección legal.

Al general Salvador Cienfuegos, tan vez le asiste la razón jurídica. El artículo 21 de la Carta Magna establece que “las instituciones de seguridad pública serán sólo y exclusivamente de carácter civil y profesional”, en tanto que el artículo 129 de la propia Constitución define  que “en tiempos de paz, ninguna autoridad del Ejército puede ejercer más funciones que no sean las de disciplina militar”.

Si nos atuviéramos a tales argumentos, diríamos que el Ejército está impedido jurídicamente a intervenir en temas de seguridad pública. Sin embargo, la fracción VI del artículo 89 constitucional otorga las facultades necesarias al presidente de la República, para disponer de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interior y defensa de la seguridad nacional.

Bajo esta perspectiva, hoy se puede afirmar que se requiere impulsar una reforma legal en materia de seguridad interior, que brinde protección jurídica al desempeño a los militares en su misión, sin que se llegue al extremo de la militarización de la vida de la Nación.

DIEZ AÑOS DE LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO:

En diez años de presencia de las Fuerzas Armadas en su lucha contra el narcotráfico, del 2006 a la fecha, los resultados son cuestionadores: no se ha avanzado en la constitución de cuerpos de seguridad confiables; la cifra de muertos supera los cien mil; 35 mil desplazados, 27 mil desaparecidos y 50 mil personas calcinadas, descuartizadas, degolladas y/o disueltas en ácido, lo ha revelado El Consejo de Seguridad Nacional. En los Estados y municipios no se ha hecho la tarea en materia de seguridad pública.

Además, más del  75% por ciento de los cuerpos policiacos que operan en los municipios de México se encuentran infiltrados por el crimen organizado, lo ha documentado el investigador y consultor de la ONU, Edgardo Buscaglia.

EL TRABAJO ESTRATÉGICO DE LOS GENERALES EN ZACATECAS.

A Zacatecas han llegado dos militares con  extraordinaria trayectoria en el servicio. Se puede nombrar al general Foylán Carlos  Cruz, actual Secretario de Seguridad Pública en el Estado. Por otra parte, se acaba de incorporar, hace unos días, como comandante de la XI Zona Militar, el general Guillermo Almazán Bertotto. Ambos son estrategas con una rigurosa formación académica.

Si ambos, conjuntan esfuerzos y acciones estratégicas, seguramente darán óptimos resultados. Pero sin duda, los cuerpos civiles de seguridad pública, tendrán que actuar con responsabilidad y profesionalismo.

No obstante, hoy como nunca, necesario es el trabajo de las Fuerzas Armadas, en su lucha contra el narcotráfico.