Por Osvaldo Avila Tizcareño

La actividad política y de gestoría que ha desarrollado el Movimiento Antorchista a lo largo y ancho del país por cerca de 48 años, que ha sido y es en beneficio de la sociedad, está amparada en las leyes de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, específicamente en dos artículos, estos son:

Artículo 8. “Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del Derecho de Petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa.

Artículo 9.  “No se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse con cualquier objeto lícito. No se considera, y no podrá ser disuelta una asamblea o reunión que tenga por objeto hacer una petición o presentar una protesta por algún acto a una a autoridad si no profieren injurias contra ésta, ni se hiciera uso de violencia o amenazas para intimidarla u obligarla a resolver en el sentido que desee”.

Inicié este escrito citando fragmentos de la Carta Magna, la máxima ley de nuestro país y de la cual parten las leyes secundarias que amparan el marco legal que garantiza los derechos y obligaciones de los mexicanos. Como muchas otras facultades, la petición y organización contrastan con la realidad, pues aunque la ley protege claramente los derechos de los mexicanos, a la hora de ejercerlos estos se escamotean y niegan bajo diversas argucias.

Lo más común es escuchar por parte de las autoridades: “no puedo atenderlos porque no tengo recursos”; y ahora con el arribo de Morena al poder se han puesto de moda frases como: “atenderé sólo peticiones individuales, no se atienden intermediarios”. Y si esto no fuera suficiente hay casos más drásticos donde simplemente se apuesta al cansancio de los peticionarios para que desistan, pero luego se agregan la descalificación y calumnias hasta llegar a la represión abierta con las fuerzas policiacas que son monopolio del estado, que en esas circunstancias dejan de velar por la seguridad de los ciudadanos para volverse en su contra.

Esa ha sido la historia de siempre, en los años de existencia de Antorcha como movimiento social, hemos conocido distintas facetas de gobernantes de todos los orígenes partidarios que aplican a su libre albedrío las conductas anteriormente relatadas. Por ende, los zacatecanos no podríamos escapar a tales razones, hoy viene a cuenta lo anterior con motivo de la realidad que enfrentamos en el ejercicio de los derechos de los que hablé al principio.

Estamos a casi un año de la administración estatal de Zacatecas y el tratamiento que se ha dado a las peticiones expuestas en el pliego petitorio no ha variado, se dan constantes reuniones con trato amable pero a la hora de solicitar la materialización es donde ya no hay avances.

Sin embargo, los problemas que padece la ciudadanía se han agravado, por eso insistimos que el gobierno atienda la falta de obras de infraestructura como pavimentación de carreteras o la introducción de redes de  agua potable, drenaje o electrificación y al mismo tiempo entregue apoyos para mejorar la vivienda y alimentos a las familias vulnerables.

Por si esto fuera poco, los ciudadanos estamos indefensos ante la inseguridad y violencia cotidiana, los antorchistas creemos que se justifican las gestiones en el gobierno de David Monreal Avila y con la finalidad de contribuir a crear un clima de paz en el estado, hemos participado en todas las reuniones convocadas por los titulares de las secretarías puesto que las peticiones no son a título personal y de aprobarse llegarán a beneficiar a la población de varios municipios.

Desde hace más de un mes, ciudadanos de diversos lugares del estado nos presentamos  todos los miércoles a escuchar de la fecha de audiencia con el gobernador para que se logre avanzar en la solución de las necesidades planteadas en el pliego petitorio 2022 que se presentó en el mes de octubre del año pasado.

La semana pasada se retomó el diálogo con Gabriela Pinedo Morales, Secretaria General de Gobierno, buscando su interlocución para lograr que se pueda materializar la solución de las necesidades expuestas en tiempo y forma que son enarboladas desde el año 2018 y atenderlas no implica  una lesión al erario público pero son de gran beneficio para los zacatecanos.

El marco legal referido al inicio da cuenta que nuestra intención no constituye ningún exceso, además de que las demandas son plenamente justificadas al tratarse de acciones elementales, por lo que tomando en cuenta que la ley nos ampara seguiremos ejerciendo el derecho de petición y de audiencia esperando haya respuesta a las legítimas solicitudes, pero de no ser así sólo quedará como alternativa la lucha firme, valiente y decidida, que aunque implique riesgos es el único camino que queda a los menesterosos del país.