Por: Manuel Ibarra Santos

 

• Zacatecas, Estado con altos niveles de impunidad.
• La división de poderes, principio básico para evitar los abusos.

 

La renovación reciente de algunos de los integrantes del Poder Judicial en Zacatecas < con los nombramientos de Arturo Nahle García y Miguel Pérez Nungaray como Magistrados>, debiese recordarnos a todos el perfil de modelo ineficiente de justicia penal con que cuenta la entidad y admitir que la impunidad es uno de los grandes males que afecta no sólo los procesos de aplicación de la Ley, sino que  obstruye también el mejoramiento de los niveles de bienestar colectivos y el crecimiento económico.

Zacatecas es, lamentablemente, una de las entidades del país con el registro de altos niveles de impunidad, como lo demuestran los indicadores y los datos empíricos 2016 aportados por el Centro de Estudios sobre la Impunidad y la Justicia (CESIJ).

En nuestro Estado el 94.8% de los delitos cometidos no son registrados ni sancionados oficialmente, lo que revela que la cifra negra del delito en Zacatecas está dos puntos porcentuales por encima de la media nacional que es del 92.8%.

Dichos indicadores sobre la impunidad en Zacatecas no pueden tener satisfechos a nadie, lo que por otra parte proyecta además la existencia de un sistema de justicia penal inoperante e ineficiente, con la presencia, por si fuera poco, de burocracias de élite con el goce de enormes privilegios.

El combate a la impunidad es uno de los más elevados compromisos y responsabilidades que frente a sí tienen todos los Magistrados del Poder Judicial en Zacatecas.

Lo menos que debiese pedirse a quienes conforman la estructura del Tribunal Superior de Justicia en la entidad, es plan mínimo de cómo enfrentar y reducir las alarmantes cifras de la impunidad.

EL EFECTO DE LA IMPUNIDAD EN EL DESARROLLO DE UNA SOCIEDAD.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha dicho que la impunidad es “la reincidente práctica violatoria de las normas jurídicas por parte de individuos y/o grupos, sin que reciban estos sanción o castigo jurídico alguno, lo que afecta el desarrollo de una sociedad”.

México ocupa el lugar número 58 de 59 países con mayores niveles de impunidad en el mundo, lo reconocen organismos internacionales. De hecho ésta se constituye en uno de los principales problemas que aquejan al pueblo mexicano.

La mayoría de los estudiosos del tema (como Guillermo Trejo, entre otros),  aceptan que ninguna iniciativa o reforma prosperará para sacar a México del subdesarrollo si su dinámica se mantiene  al ritmo que imponga el reino de la impunidad.

Por ese motivo, la impunidad  es una variable que es origen  y causa de otros problemas nacionales como la inseguridad, la violencia, el crimen organizado, la corrupción, la falta de crecimiento económico e incluso de la desigualdad social.

La iniciativa para resolver muchos de los problemas que afectan a la sociedad, pasa por lo tanto, por la capacidad que se tenga para combatir y reducir los niveles de impunidad.

LA SEPARACIÓN REAL DEL PODER, PRINCIPIO PARA EVITAR LOS ABUSOS.

Un principio básico para sentar las bases que ayuden a superar las prácticas de la impunidad y el abuso desde el gobierno, se encuentra en los postulados de la separación de poderes, formuladas por el Barón de Montesquieu, desde hace más de dos siglos.

Montesquieu (1689-1756) señaló con precisión que sólo “la distribución jurídica de las funciones ejecutiva, legislativa y judicial es lo que puede limitar el abuso desde el poder y salvaguardar la libertad y  los derechos ciudadanos.

Por eso, ahora que se han designado nuevos Magistrados integrantes del Poder Judicial en la entidad, reconfortante sería redimensionar la lucha para combatir los niveles de impunidad prevalecientes, condición necesaria para impulsar el progreso de Zacatecas.