Para dar obligatoriedad a la inscripción de cualquier persona que desee participar en un proceso de contratación de las dependencias y entidades públicas, en un registro único de contratistas, con la intención de acreditar su historial de contratación con las Entidades, situación legal, financiera e idoneidad técnica, David Monreal Ávila, senador de la República, presentó una iniciativa de modificación a su artículo 74 Bis, esto dentro del marco de la discusión de la Ley Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas.

La corrupción en México es parte indisoluble de la misma función pública y firme en su compromiso por sacar al país del vergonzoso lugar número 103 de 175 países, afirmó que dichas modificaciones permitirán publicitar la información del manejo millonario de recursos públicos, que la ciudadanía debe conocer para poder tomar una posición activa en la toma de decisiones, además de transparentar las contrataciones que han sido objeto de innumerables corruptelas.

Con datos de ‘La Encuesta de Fuentes de Soborno 2011”, denunció que el sector de contratos de obras públicas y construcción obtuvo la peor puntuación en tres tipos de soborno. “La corrupción en el sector de contratos de obras públicas es inaceptable, lacera constantemente al país: para comenzar, daña las finanzas públicas y termina con la poca credibilidad que le queda al gobierno mexicano”.

Además del renombrado caso OHL México, donde se inflaron los precios de construcción para beneficiar a funcionarios y empresarios, el legislador también mencionó el caso de la autopista Toluca-Naucalpan, de la que el Banco Nacional de Obras y Servicios (BANOBRAS), se negó a entregar información escudándose en el secreto bancario fiduciario.

A pesar de que desde 1998, CompraNet se utiliza como el sistema electrónico oficial en el que todas las entidades y dependencias gubernamentales, por ley, emiten convocatorias para adquirir bienes y contratar servicios y obra pública cuando ello involucre recursos federales, el sistema electrónico no comunica al ciudadano común cómo se asignan los recursos públicos en contrataciones.

Por todo lo anterior propuso la creación de un registro único de contratistas, que tendrá por objeto registrar y acreditar antecedentes, historial de contratación con las Entidades, situación legal, financiera e idoneidad técnica, a fin de transparentar la participación en las convocatorias.

Este cambio permitirá que la información de las obras públicas sea comprensible tanto para los ciudadanos, como para los contratistas y funcionarios públicos. El acceso a los ciudadanos, promovería la transparencia y la rendición de cuentas, más allá de lo que exige la Ley Federal de Transparencia, y permitiría realizar investigación.