Por Andrés Vera Díaz

El pasado 7 de mayo, el Partido Verde Ecologista de México realizó entrega de lentes ópticos en un local ubicado en estacionamiento denominado “Mesón de Tacuba” de la ciudad de Zacatecas.

Filas diarias de hasta 200 personas provenientes de diferentes comunidades de varios municipios del estado se han observado en dicho lugar, para poder obtener “el beneficio”, las encargadas del local piden copia de la credencial de elector vigente y un formulario con otros datos. Ante el hecho, algunos reporteros acudieron ese día para registrar los hechos, sin embargo, ante la llegada de los medios de comunicación, tanto quienes atendían el lugar para realizar estudios optométricos, como la ciudadanía formada para recibir su dispendio, agredieron a dos mujeres miembros de empresas comunicadoras, una de los cuales trabaja para una con afiliación gubernamental, fueron acometidas por parte de los ciudadanos que estaban formados para recibir los lentes ya que al mismo tiempo, personal de INE acudieron a ese local ubicado en el tercer nivel del Mesón y marcado con el número 41 para supuestamente observar cual es el modus operandi.

El hecho quedó registrado en un video. Inmediatamente al iniciar este, se alcanza a escuchar a uno de los encargados de repartir el dispendio, “no digan a la gente que trabajamos en el Verde”. Incluso por cuestionamientos de las reporteras, los ciudadanos piden que se retiran y preguntan si “vienen ustedes de algún otro partido contrario”, “váyanse, retírense porque si no nos darán nada, si no nos darán ni para la gasolina”. “Váyanse a la chingada o van a hacer enfurecer a la gente… los echamos para afuera a la chingada”. Una reportera indicó que la gente le arrebató el celular y comenzó a empujarla a puño cerrado.

El hecho es sumamente preocupante desde tres “ópticas” por parafrasear la propia entrega de lentes. Y es que el clientelismo electoral propicia violencia explícita en Zacatecas. Han habido otros casos en el pasado a nivel nacional entre las que destacan las ocurridas el primero de abril de este año, el equipo de campaña del candidato a diputado federal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) por el distrito electoral XI con sede en Pinote Nacional en Oaxaca, Carlos Sarabia Camacho, golpearon a un ciudadano que grababa con su teléfono celular la recolección de copias de credencial de elector.

El 7 de julio del 2013, en el municipio de Mecayapan, Veracruz fue asesinado un joven luego de que intentó grabar la repartición de despensas por parte de militantes del PRI y del Partido Cardenista.

De acuerdo con prensa local, Feliciano Castillo, pasaba por la cabecera municipal cuando se repartían las despensas y otros apoyos, sacó su teléfono celular para grabar las acciones de los militantes y éstos lo agredieron a golpes y finalmente una persona lo apuñaló en el estómago.

Sociológicamente el dispendio ocasiona ya, debido al ínfimo modo de vida del grueso de la población, “defender” su beneficio bajo la premisa estructurada en la débil civilidad del mexicano promedio, “ahorita agarro lo que me den, total el país siempre ha estado igual” y los partidos políticos, sobre todo el PRI y el Verde son hábiles conocedores de esta triste idiosincrasia.

Ahora bien, también desde el punto de vista jurídico, se violenta el Articulo 41 constitucional que señala:. “El pueblo ejerce su soberanía por medio de los poderes de la unión, en los casos de la competencia de estos, y por los de los estados, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos por la presente constitución federal y las particulares de los estados, las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del pacto federal”. “La renovación de los poderes legislativo y ejecutivo se realizara mediante elecciones libres, autenticas y periódicas…”, pero esto, nunca, nunca ha pasado así. Es el clientelismo, el verdadero promotor y ejecutor del voto en México y por ende, en Zacatecas.

El clientelismo electoral en sus distintas modalidades —movilización, coacción y compra del voto y condicionamiento de programas sociales, entre otras— encarece las campañas y altera las condiciones de equidad. La coacción y compra del voto en particular ha sido un tema recurrente de litigio electoral en México. Las denuncias y acusaciones vertidas durante el proceso electoral actual son tan sólo el más reciente brote de preocupación sobre una práctica considerada endémica de democracias con altos niveles de desigualdad económica, política y social. Pese a todo, se cuenta con escasa evidencia sobre su estructura y eficacia, al tiempo que prevalece la confusión sobre su definición.

El clientelismo electoral es el reparto de favores, bienes materiales, servicios o dinero a cambio de votos y/o apoyo político. La coacción del voto ocurre cuando el intercambio entre votantes y candidatos se realiza a través de amenazas, chantajes, fuerza o violencia. La compra del voto ocurre cuando este intercambio es voluntario. Por lo tanto, la coacción y compra del voto son dos tipos de clientelismo electoral, que por definición ocurren durante campañas electorales y con frecuencia implican la utilización de recursos públicos con fines privados.

Desde una perspectiva económica, el clientelismo electoral se asemeja más a un mercado, donde diversos grupos de votantes organizados negocian sus votos a cambio de recibir despensas, materiales de construcción o dinero en efectivo. La negociación ocurre a través de intermediarios: líderes comunitarios que negocian con los operadores de los candidatos en disputa. Se trata de un mercado de intercambio voluntario que responde al interés de ambas partes. Desde esta perspectiva, se diluye la jerarquía entre patrón y cliente, ya que tanto los candidatos como los votantes ofrecen servicios a cambio de algo.

La principal y más obvia razón por la que resultaba difícil ejecutar acción legal es que esta práctica se realizaba con sigilo, pero como hemos visto en la entrega de lentes en la capital zacatecana, ya no es así; se realiza bajo el cinismo metódico y con la complicidad del INE. Además, como cualquier mercado ilegal, el “mercado de votos” no lleva un registro público de sus transacciones –dependemos de la evidencia anecdótica, de los reportes de observadores electorales y de las denuncias jurídicas para estimar su precio aproximado. Aunque existan evidencias tácitas como las vertidas en este medio y en otros locales, simplemente, no pasará nada. La bonanza electorera seguirá con viento en popa para el partidismo ultracorrupto.

Ahora, aunado a los lamentables actos incitadores de violencia social entre pares, la principal consecuencia del clientelismo electoral es que puede alterar ilegalmente el resultado de una elección. Esto sólo es posible a través de la afectación de la voluntad de cientos, miles o millones de votantes, que opten por “vender” su voto a cambio de bienes materiales, servicios o dinero.

Una consecuencia real y directa es que el clientelismo electoral en sus diversas manifestaciones requiere sumas cuantiosas de dinero en efectivo para movilizar votantes y comprar votos el día de la elección.

En este sentido, y pese a que en muchas ocasiones el reclutamiento de simpatizantes y militantes fortalece las actividades clientelares, de ninguna manera alcanza para sufragar el multimillonario gasto que se necesita para llevarlas a cabo. Además, el hecho de que estas actividades dependan del dinero en efectivo, estimula el uso de recursos ilegales que por definición no se reportan a las autoridades, puesto que a pesar de las multas interpuestas al Verde por parte del INE, siguen activando este tipo de dispendios vulgares.

Sin embargo, al Partido Verde le importa poco las multas, las exhibiciones en la prensa y lo que opinemos los periodistas, puesto que otra consecuencia del clientelismo electoral es la alteración de las condiciones de equidad de la contienda, la cual es más difícil de probar, ya que calificar una contienda como inequitativa implica la presencia de dos condiciones: (1) que la coacción y compra del voto sea eficaz —es decir, que efectivamente sirva para “comprar” la voluntad de un número significativo de votantes— y (2) que sólo un partido realice estas prácticas. De no presentarse estas condiciones, la coacción y compra del voto no pasa de ser una amenaza al sufragio libre y un gasto ilegal de recursos con fines electorales. Aunque ambos son condenables, se carece de evidencia robusta para afirmar que afecta la equidad de la contienda.

No vendas tu voto, no vendas el futuro del país por unos lentes, una despensa, un bulto de cemento o 500 pesos. Entonces sí, el país siempre seguirá igual y recibirás siempre, los “mismos beneficios” de por vida porque la pobreza subsistirá como estructura básica para el clientelismo electoral.