Por: Manuel Ibarra Santos

• La suprema misión de las fuerzas armadas de proteger a la población del crimen organizado.
• El Ejército, un baluarte para garantizar la gobernabilidad de cara a la sucesión 2016.
• El protagonismo inexplicable de políticos y organizaciones sociales en un asunto judicial.

Quién puede negar –seguramente nadie con sensatez- que el  Ejército Mexicano ha tenido en Zacatecas una gloriosa presencia centenaria de tradición heroica en apoyo incuestionable de la población civil, con destacadas incursiones que han hecho en la historia de este terruño que se registren batallas épicas que han definido el rumbo de la nación. Pero también es innegable que con el secuestro y ejecución reciente de siete presuntos jóvenes sicarios al servicio del narcotráfico, se ha escrito una página de horror criminal, que debe no sólo castigarse, sino esclarecerse e ir hasta sus últimas consecuencias, para evitar que un acontecimiento de esa magnitud mancille el prestigio del instituto armado.

El castigo y esclarecimiento ejemplar, que cierre el paso a la impunidad, serán la fórmula de la reivindicación institucional. En eso se ha empeñado y comprometido el general Salvador Cienfuegos, Secretario de la Defensa Nacional (SEDENA), quien ha dicho que “no se tolerarán la acciones de ningún militar que atente en contra de los derechos humanos de la población”.

Por lo pronto, en un trabajo expedito y extraordinario,  la Procuraduría de Justicia Militar reconoció el involucramiento de oficiales del Ejército en ese horrendo ilícito y procedió a la aprehensión y consignación de un capitán, un teniente coronel y dos subtenientes por su presunta responsabilidad en dicho crimen. La justicia militar actuó con eficiente celeridad, como alguien ya lo reconoció en Zacatecas, “lo que marca un precedente”, sin  duda. Pero nada justifica una ejecución criminal de esa naturaleza, como tampoco es admisible la actuación irracional de los jóvenes sicarios ¿Cuáles fueron las motivaciones de la participación de los militares en ese brutal hecho?

La propia Secretaría de la Defensa Nacional rechazó que el Ejército busque impunidad para soldados u oficiales que delinquen y, como prueba de ello, entregó al Poder Judicial, hace un par de semanas,  más de mil 150 expedientes contra militares, elaborados por la Procuraduría Militar, para que ahora con la reforma constitucional sean juzgados por la justicia civil. Sin embargo no ha sido así, porque sólo se han resuelto a la fecha cinco o seis casos, lo que relata la ineficiencia de la justicia penal mexicana. Esto ha sido descrito, de esa manera,  por altos mandos de la milicia.

El tratamiento en materia de justicia procedimental  para ese caso donde se vieron involucrados oficiales de alto rango del 97 Batallón  de Infantería del municipio de Fresnillo tuvo una respuesta judicial eficiente. Pero aun persisten dudas e  interrogantes: ¿Por qué el oficial al mando en lugar de canalizar a los inculpados a las instancias jurídicas respectivas, decidió proceder a su ejecución como lo evidencian las investigaciones periciales? Por si sólo ese acontecimiento encarnó más el perfil de un traumático evento de limpia entre grupos criminales.

El otro dato que debe preocupar y que generó confusión en la sociedad zacatecana, es el por qué en la defensa pública y mediática de los presuntos responsables del referido crimen se involucraron representantes políticos y sociales del municipio de Fresnillo. ¿Tenían claridad estos actores de las implicaciones jurídicas de su movilización social? ¿Por qué lo hicieron? ¿Sabían lo que estaban haciendo o solamente fueron utilizados instrumentalmente por terceras personas, con evidentes intereses particulares en ese hecho?

El marco jurídico de la justicia militar en el país es muy claro en sus preceptos para sancionar y castigar los ilícitos de diversa naturaleza en que puedan incurrir  los militares.

Lo que también se debe evitar, por razones éticas y jurídicas, es el sobre/calentamiento del contexto social, frente al escenario acelerado y tensado de la renovación gubernamental del 2016, que hoy se vive en Zacatecas.

 

EL CÓDIGO DE JUSTICIA MILITAR Y LA TIPOLOGÍA DE LOS DIVERSOS DELITOS COMETIDOS POR MILITARES.

 

 

El Código de Justicia Militar es un documento con una estructura de 923 artículos, con ocho títulos, que contempla además la clasificación y tipología de los distintos delitos en que puedan incurrir los militares, entre los que se encuentran el de traición, abandono de funciones, espionaje, abuso,  delitos en contra de la seguridad del Ejército, sedición y vinculación con el crimen organizado, entre otros.

 

En específico el artículo 275 bis del Código de Justicia Militar establece textualmente que se sancionará con prisión de 15 a 60 años al militar o militares que sirvan a la delincuencia organizada, que dispongan a su favor bienes o recursos humanos, que les proporcione protección e información y que no actúe con energía en contra de los representantes del crimen.

 

La misión  y objetivo supremo del Ejército ha sufrido en las últimas décadas una mutación radical y ha trascendido de la defensa de la soberanía nacional al férreo combate contra el crimen organizado.

 

Por el desempeño de esta misión tal delicada dirigida a apuntalar el trabajo de seguridad nacional, es importante adecuar el marco y las herramientas jurídicas para fortalecer la acción del Ejército y no para debilitarlo, en su tarea de combate de la delincuencia organizada.

 

LA FUERZA HISTÓRICA DEL EJÉRCITO EN ZACATECAS.

 

El Ejército Mexicano ha tenido, a través de la historia, una importante fuerza y presencia en nuestro Estado. Pero a su vez, Zacatecas ha tenido una señera influencia en el Instituto Armado.

 

Tal sólo debemos recordar, que en un siglo de historia, de 1915 a la fecha (2015), Zacatecas ha aportado tres ministros de la Defensa Nacional: Enrique Estrada Reinoso (1920-1921), Joaquín Amaro Domínguez (1925-1931) y Matías Ramos Santos (1952-1958).

 

No obstante los retos que gravitan en la actualidad sobre sus espaldas, el Ejército mantiene el estatus como la institución pública del Estado Mexicano con mayor prestigio, confianza y credibilidad en su relación con la sociedad.

 

EL EJÉRCITO Y SU PRESENCIA EN EL ESCENARIO DE LA SUCESIÓN 2016.

 

Por ese motivo, las fuerzas armadas permanentes <El Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea>, serán un baluarte para luchar contra el crimen organizado y evitar que nuestro Estado sea secuestrado por el rejuego de los cárteles del narcotráfico. En la ruta del 2016, eso será fundamental.