En el PUNTO FINAL: Las propuestas de MAR en la reunión regional de gobernadores, son buenas en el discurso, habrá que consolidarlas en la práctica.

La Caravana Nacional Ciudadana por la Paz con Justicia y Legalidad, que encabeza el escritor, poeta y colaborador de Proceso, Javier Sicilia, partió de la ciudad de Cuernavaca el pasado 4 de junio, recorrerá varias ciudades del país hasta llegar a Ciudad Juárez. Hasta el momento de escribir estas líneas, el movimiento atravesó ya la Ciudad de México-Toluca-Morelia-Guadalajara-León-San Luis Potosí y está por llegar a Zacatecas al medio día de este lunes 6 de junio donde se realizará una marcha del caballito de González Ortega a la emblemática Plaza de Armas de nuestra ciudad.

Posteriormente continuará su camino hacia Durango-Torreón-Saltillo-Monterrey-Camargo-Chihuahua y finalizará en Ciudad Juárez, lugar que ha sido catalogado por los organizadores como: “el rostro más visible de la destrucción nacional”, donde se firmará el Pacto Nacional con Justicia y Legalidad que exige 6 puntos para la reconstrucción nacional que en su texto establece los siguientes:

1. Construir el camino de la paz con Justicia y legalidad.

Esclarecer y resolver los asesinatos, las desapariciones, los secuestros, las fosas clandestinas, la trata de personas y el conjuntos de delitos que han agraviado a la sociedad, mediante procedimientos transparentes y efectivos de investigación, procuración y administración de justicia, en los que se procese a los autores materiales e intelectuales, las redes de complicidad y omisión de las autoridades responsables y determinar la identidad de todas las víctimas de homicidio. Además que las autoridades estatales y federales, como señal de la capacidad de funcionamiento del Estado, realicen la resolución pública, en un máximo de 3 meses de los casos más emblemáticos que han agraviado a la sociedad.

2. Asumir un enfoque de seguridad ciudadana.

Se debe cambiar el enfoque militarista y la estrategia de guerra de la seguridad pública y asumir una nueva estrategia con enfoque de seguridad ciudadana, con base en los Derechos Humanos; que avance en el modelo de seguridad alternativo basado en la reconstrucción del tejido social y que recupere la participación ciudadana en barrios, colonias y unidades habitacionales. Que en un plazo de 2 meses, los Congresos locales aprueben la reforma constitucional en derechos humanos y sea publicada para darle plena efectividad, y que en el mismo plazo se instituya el mecanismo de protección de periodistas y defensores de derechos humanos.

Que no se aprueben leyes o normas que conculquen los derechos humanos y las garantías individuales bajo el concepto de seguridad nacional y que no se aprueben las modificaciones propuestas al dictamen de la Ley de Seguridad Nacional. Que se aprueben Leyes consensadas con las organizaciones de derechos humanos y de la sociedad civil con un enfoque democrático y de respeto a los derechos humanos.

Convocamos a la sociedad civil a organizar un “Encuentro Nacional” de las experiencias de seguridad pública y defensa ciudadana autogestora y comunitaria, que ya existen en el país, para poder reflexionar colectivamente las alternativas ciudadanas al respecto, y cómo reconstruir el tejido social en las comunidades, barrios y colonias a partir de conocer y diagnosticar  la forma que toma la delincuencia en cada región y saber cómo frenarla.

3. Combatir la corrupción y la impunidad.

Se requiere una amplia reforma en la procuración y administración de justicia que dote de verdadera autonomía al Ministerio Público y al Poder Judicial, que establezca el control ciudadano sobre las policías y los cuerpos de seguridad, avance en la reforma de los juicios orales y establezca sistemas más efectivos de control judicial que reduzcan la discrecionalidad en los procedimientos y resoluciones de fondo. La justicia no puede seguir al servicio de intereses y cálculos políticos. También se requiere legislar para generar la capacidad y atribuciones de investigación y consignación de funcionarios públicos de los tres órdenes de gobierno en casos de corrupción.

Exigimos que en máximo 6 meses, el Congreso elimine el fuero de legisladores y funcionarios de los tres órdenes de gobierno, en materia de actos de corrupción, delitos del orden común y de crimen organizado.

4. Combatir la raíz económica y las ganancias del crimen organizado.

La criminalidad y su violencia tiene como su motor las ganancias derivadas del narcotráfico, los secuestros, la trata de personas, la extorsión, la venta de “protección” y demás delitos que después reinyectan los recursos en la economía mediante el lavado de dinero. Exigimos un combate frontal al lavado de dinero y activos de los delincuentes mediante la creación de unidades autónomas de investigación patrimonial, en coordinación con la Unidad Federal de Inteligencia Financiera, que permitan reunir material probatorio para formular acusaciones y dictar sentencias por los actos de negocios ilegales.

Exigimos la presentación de un Informe a la Nación sobre los resultados de la investigación patrimonial y el lavado de dinero, que muestre los casos más notorios que se han sancionado en este sexenio y sobre el avance en la integración de las Unidades de investigación sobre lavado de dinero de las 32 entidades federativas y la federal.

Llamamos a la ciudadanía a denunciar los casos notorios de riqueza mal habida y lavado de dinero, así como los casos de infiltración de recursos del crimen organizado en las campañas políticas y los negocios.

 

5. Recuperación del tejido social y atención a la juventud.

La seguridad ciudadana no se resolverá con armas y violencia. Exigimos una política económica y social que genere oportunidades reales de educación, salud, cultura  y empleo para jóvenes, porque son las y los principales víctimas de esta estrategia. Exigimos la recuperación del carácter público de la educación y romper el control corporativo que se ejerce sobre la política educativa, así como el incremento inmediato en los recursos destinados a las acciones sociales de seguridad ciudadana, al menos en la misma proporción de los destinados a las fuerzas armadas y de seguridad pública.

Exigimos que en los próximos 3 meses se establezca un programa especial de emergencia nacional para y de jóvenes que invierta las prioridades del presupuesto, garantizando, al menos, lo mismo que se destina a seguridad para la construcción de escuelas y el aumento de la matrícula en educación secundaria, media superior y superior; un sistema universal de becas para estudiantes de secundaria, EMS y superior de escuelas públicas, así como recursos para proyectos culturales, deportivos, productivos y sociales realizados por los propios jóvenes y sus organizaciones, como actores de reconstrucción del tejido social en sus barrios, comunidades y unidades habitacionales.

 

6. Democracia Participativa.

La seguridad requiere democracia y nuevos medios de participación ciudadana. Exigimos que se amplíen los medios e instrumentos de participación ciudadana en los asuntos públicos mediante el reconocimiento institucional de la consulta popular, las candidaturas independientes, la revocación de mandato, la contraloría social y las acciones colectivas. Se requiere una política de Estado en materia de telecomunicaciones que rompa, en el menor tiempo posible, los monopolios y genere una amplia democratización y apertura, no sólo a la competencia, sino al fortalecimiento de los medios públicos.

Exigimos a la Cámara de Diputados que en un periodo extraordinario a más tardar en dos meses, apruebe la minuta de reforma política constitucional aprobada por el Senado que establece, la consulta popular, la iniciativa legislativa, las candidaturas independientes y la reelección inmediata de legisladores y alcaldes. Exigimos que la legislación reglamentaria de la reforma política considere una amplia consulta y participación ciudadana que incluya la revocación del mandato y la reducción del financiamiento a los partidos políticos, y que retome los asuntos pendientes en materia de la legislación de las acciones colectivas evitando su restricción y retroceso, así como la aprobación de la Ley Federal Telecomunicaciones y Contenidos Audiovisuales propuesta por la sociedad civil y legisladores de varios partidos.

Estas demandas que se encuentran plasmadas en la propuesta de Pacto Nacional por la Paz y buscan: “detonar una nueva convivencia y nuevas bases para la legalidad, son el inicio de un camino, no son su fin”. Se establece también que: “Con el Pacto civil estableceremos un mandato ciudadano y exigiremos respuesta precisa a los titulares del Ejecutivo Federal y los Ejecutivos Estatales; a los presidentes nacionales de los partidos políticos y los coordinadores de las fracciones en el Congreso de la Unión; a los representantes del Poder Judicial, así como de los sectores empresarial y financiero; a los sindicatos, las iglesias y las organizaciones sociales”.

Este movimiento es una propuesta ciudadana, no representa a ningún partido político ni hay dueños de la organización. Es fundamental la participación ciudadana para poder transformar a nuestro país, para ver la situación que atraviesa México no es necesario sufrido el dolor de haber perdido a un ser querido, haber sido secuestrado, ultrajado o violentado, sólo se requiere la voluntad y el deseo de vivir en un país mejor.

PUNTO FINAL.

En la reunión regional de gobernadores, realizada en la ciudad de Aguascalientes, el gobernador de Zacatecas, Miguel Alonso Reyes propuso una serie de acciones que permitirán la coordinación entre las entidades del centro del país, entre ellas se encuentra: Un pacto de buena vecindad que permita hablar bien de Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Guanajuato y Querétaro y no magnificar los hechos de violencia que se presenten; Un programa de vigilancia carretera interestatal, con la participación conjunta de las corporaciones policiacas de las entidades y un Sistema Regional de Inteligencia Zona Centro, para intercambiar información y bases de datos, que permitan combatir la delincuencia con mayor eficacia y eficiencia. Los mandatarios de esas entidades acordaron: elaborar un diagnóstico regional de seguridad, atender los indicadores relativos a robos, homicidios, lesiones, secuestro, extorsión, delitos sexuales, delitos del fuero federal, estadística comparativa de los estados de la región y grupos identificados relacionados con delincuencia organizada y emprender el Sistema Único de Intercambio de Información entre Procuradurías, así como la homologación de criterios en materia de cadena de custodia, huellas o vestigios del hecho delictivo. Como discurso está muy bien, sólo con resultados concretos en beneficio de los ciudadanos se podrá lograr el reconocimiento social.

Email: hectoral.22@gmail.com Twitter: @hectoralvagom

*Licencido en Ciencias de la Comunicación y Docente en la Universidad Autónoma de Durango Campus Zacatecas.