Por: Manuel Ibarra Santos

El Pacto por Zacatecas al que ha convocado el gobernador electo, Alejandro Tello, para que produzca repercusiones positivas en la vida  de los zacatecanos, tendrá que trascender los objetivos de la inmediatez de crear sólo  condiciones de gobernabilidad para el cambio del Poder Ejecutivo. En el centro de su motivación deberá considerar un fin superior: promover la modernización de la estructura económica y política del Estado, para reducir los niveles de pobreza que persisten en la entidad.

Si la propuesta por un gran pacto político se limita a la visión estrecha de convocar exclusivamente a los representantes formales de la “partidocracia”, cuestionada fuertemente por la opinión ciudadana, entonces fracasará rotundamente la intentona. Una iniciativa de tal naturaleza, por imperativo categórico, tiene que incorporar a todos los sectores, instituciones y fuerzas de la sociedad zacatecana.

En el gran acuerdo por Zacatecas, las fuerzas emergentes que se han consolidado a la luz de los resultados de las recientes elecciones, no pueden mantenerse al margen, sin que eso genere una serie de resistencias y expresiones de choque que afectarían irremediablemente la legitimidad y legitimación del gobierno que iniciará funciones el 12 de septiembre.

Los comicios del cinco de junio crearon un renovado mapa de redistribución del poder público en la entidad bajo el signo de la pluralidad, en donde el Partido Movimiento Regeneración Nacional (MORENA) se erigió como la segunda fuerza política al obtener para la gubernatura 180 mil sufragios.

Los artífices del Pacto por Zacatecas, encontrarán en su camino un primer escollo, que se convertirá en un desafío extraordinario, que consistirá en el cómo y de qué manera integrar a dicha iniciativa a los representantes de MORENA.

Una oportunidad de inclusión la puede representar la apertura  de un amplio debate en la integración de una agenda, no de coyuntura, sino que procure la transformación de fondo de la estructura económica y política de Zacatecas.

LA AGENDA PLURAL DEL PACTO POR ZACATECAS:

La conformación de una agenda y plan estratégico de cambios estructurales en la vida de Zacatecas, bien puede representar el punto de encuentro de las diversas fuerzas políticas. Incluso de las más radicales.

En esa agenda, la reforma jurídico/constitucional deberá ocupar un lugar preponderante, a fin de auspiciar la creación de modernas instituciones públicas, que sustituyan a las actuales, que ayuden a gobernar con eficiencia los asuntos de los zacatecanos. Lo anterior implica, de entrada, reordenar la administración pública estatal, para superar el “Frankenstein” burocrático que heredó la implantación de la Ley vigente en la materia.

La Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Zacatecas, puesta en vigor el primero de enero del 2013, obedeció más a un esfuerzo voluntarista, con poca visión modernizadora, que perpetuó la duplicidad de funciones, soportada con grandes inconsistencias jurídicas y que estimuló, por si fuera poco, no la transparencia, sino las conductas opacas y discrecionales.

La agenda del Pacto por Zacatecas, tendrá que poner en contexto otros asuntos fundamentales: 1).-La rendición  de cuentas, así como la lucha contra la corrupción y la impunidad; 2).-el combate a la desigualdad social; 3).-seguridad pública y ciudadana; 4).-educación de calidad y eliminación de sus rezagos; y 5).-economía del conocimiento.

LA HISTORIA DE LOS PACTOS POLÍTICOS EN ZACATECAS.

En Zacatecas la historia de los pactos políticos es reciente. El primero de ellos fue firmado por todas las fuerzas en el contexto de las elecciones federales del año 2000. Participaron entre otras personas, Judit Guerrero (PRI), Joel Arce (PAN), José Narro (PT) y Elías Barajas (Convergencia). El puente de enlace oficial lo fue el entonces coordinador de asesores, siendo secretario del gobierno estatal, Arturo Nahle.