Lic. Martha Rodríguez

 

 

A través del tiempo el papel que juagan los medios de comunicación  en la vida democrática de nuestro  país ha ido recobrado gran influencia y relevancia frente a  la información que presentan ante la sociedad para la toma de decisiones en la  vida democrática de nuestro país, es a través de ellos como los electores se informan tanto de las diversas opciones (candidatos, partidos, plataformas electorales, propuestas) con las que cuentan los electores, como de la manera de ejercer el derecho fundamental al voto y la participación en la vida democrática de nuestro país.

Por tal motivo es importante destacar que en el México actual, es en los medios donde radica la responsabilidad fundamental de otorgar a los individuos la posibilidad de acceder a una  verdadera condición de ciudadanos, la cual resulta imposible sin el derecho a ser informado y sin libertad de expresión.[1]

Derechos fundamentales que se encuentran consagrados a nivel Internacional   en el artículo 19º de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 que señala”

“Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”

 

En nuestro país se encuentran consolidados en la Constitución Política de los Estados Unidos  Mexicanos en los artículo 6°.

“La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos de tercero, provoque algún delito, o perturbe el orden publico; el derecho de replica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. el derecho a la información será garantizado por el estado”.

Ambos derechos fundamentales van interrelacionados y en el primer caso  no tienen mayor restricción que el respeto a los derechos de terceros o el ataque a la moral, en tanto que  segundo termino determina que el estado esta obligado a garantizar información a la sociedad.

En el mundo y en México, la democracia moderna [2] pasa por los medios, al punto de que se ha vuelto común hablar de “democracia mediática”[3]

Los medios han adquirido  gran relevancia en los procesos políticos es importante destacar ya no solo son como  instrumentos o espacios para  la política si no, como protagonistas principales en la construcción o abolición de consensos en las sociedades contemporáneas los políticos han intentado  utilizar a los medios, pero la interacción entre unos y otros acabó en una dependencia cada vez mayor de la política respecto de los medios.[4]

Por tanto, la relación entre medios y la democracia, , consiste en que la información es la base de todo proceso democrático,para  poder influir en la toam de decisiones al momento del ejercicio al voto, o dicho en términos de Diego Valadés , «todo proceso democrático es un proceso comunicativo», de ahí que existan intereses diversos en la posesión y ejecución de los medios, entre ellos el Estado, los mismos empresarios de los medios y en ocasiones, la sociedad organizada. Y es que la democracia es el resultado de procesos deliberativos y toda deliberación «supone la modificación endógena de las preferencias a través de la comunicación

 

Podemos concluir que, los medios de comunicación en una sociedad democrática se asume que cumplen con las siguientes funciones:

a) producir información, cultura, educación y entretenimiento que contribuya a la formación de una cultura cívica;

b) supervisar y vigilar la gestión y organización del poder público;

c) servir al interés público de los ciudadanos;

d) difundir dicha información y convertirla atractiva para la audiencia. En este aspecto, una vez que se hayan establecido las normas jurídicas que den figura a un sistema democrático, el papel del Estado, en palabras de J. R. Cossío, «se reduce a velar por el cumplimiento de las modalidades de los derechos, sea para impedir los abusos, o sea para anular los actos contrarios a las normas”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los Medios de comunicación

Los  medios de comunicación son herramientas para transmitir mensajes de símbolos e imágenes, ya sean  impresos, de audio o video y se ejecutan a través de la existencia de un emisor y un receptor.

Hasta las pasadas elecciones presidenciales del 2006, cuando nos referíamos  a medios de comunicación se entendía por este los medios impresos, prensa, y emisoras de  radio y televisión.

Para el caso de estas ultimas elecciones del pasado 1 de julio, nos encontramos por primera vez en unas elecciones presidenciales con nuevos medios de comunicación para las campañas políticas, tal es el caso de el internet en sus diversas modalidades, destacando las  “redes sociales” quienes notablemente han tenido una influencia significativa tanto como para campañas ____  como para las llamadas campañas negativas ..

 

Considero que dichos medios han sido factores importantes para el mejor posicionamiento de algún candidato o para su desplome

 

 

 

Iniciaremos partiendo de una definición de o de “medios de comunicación”

 

 

 

La democracia.

La democracia, de acuerdo con la definición ya clásica de O’Donell y Schmitter, «se entiende como un proceso histórico con fases de transición, consolidación y persistencia analíticamente distintas, aún si empíricamente son superpuestas.»9

 

Se puede entender por medios de comunicación cualquier objeto que hace las veces de vía para conducir información de un sujeto a otro. La democracia, de acuerdo con la definición ya clásica de O’Donell y Schmitter, «se entiende como un proceso histórico con fases de transición, consolidación y persistencia analíticamente distintas, aún si empíricamente son superpuestas.»9 Por tanto, la relación entre medios y la democracia, como ya varios autores han afirmado, consiste en que la información es la base de todo proceso democrático, o dicho en términos de Diego Valadés , «todo proceso democrático es un proceso comunicativo», de ahí que existan intereses diversos en la posesión y ejecución de los medios, entre ellos el Estado, los mismos empresarios de los medios y en ocasiones, la sociedad organizada. Y es que la democracia es el resultado de procesos deliberativos y toda deliberación «supone la modificación endógena de las preferencias a través de la comunicación»10.

En los regímenes autoritarios el tratamiento que se da a la información y a los propios medios es sistemáticamente de control, secrecía y un elaborado sistema de supervisión que marca las tendencias -o líneas- del contenido y programación de los medios. En dichos regímenes, el poder económico se encuentra concentrado en una minoría vinculada con las fuerzas políticas estatales, y como consecuencia, los medios «al hacer mancuerna con el poder público y el poder económico, han monopolizado el espacio público de intercomunicación e intercambio.»11 Sin embargo, en las democracias actuales, la tendencia es que el poder económico está representado en los medios y los ha convertido en un espacio privado, permitiendo el intercambio con la sociedad y el Estado a condición de la rentabilidad que esto signifique. En las sociedades democráticas se espera que los medios funcionen bajo un esquema mucho más complejo que -adelantándanos un poco al dilema capital de los medios y la democracia- usualmente no empata con el mencionado modelo de mercado.

A principios del siglo XX Robert Dahl consideró dos instituciones básicas de un sistema democrático:
Libertad de expresión. Los ciudadanos tienen el derecho a expresarse, sin correr peligro de sufrir castigos severos, en cuestiones políticas definidas con amplitud, incluida la crítica a los funcionarios públicos, el gobierno, el régimen, el sistema socioeconómico y la ideología prevaleciente.
Variedad de fuentes de información. Los ciudadanos tienen derecho a procurarse diversas fuentes de información, que no sólo existen sino que están protegidas por la ley.
Estas instituciones fueron la base de los medios de comunicación en las democracias modernas, pero hoy el campo de ejercicio de las instituciones democráticas se amplía12.

En concreto, los medios de comunicación en una sociedad democrática se asume que cumplen con las siguientes funciones: a) producir información, cultura, educación y entretenimiento que contribuya a la formación de una cultura cívica; b) supervisar y vigilar la gestión y organización del poder público; c) servir al interés público de los ciudadanos; d) difundir dicha información y convertirla atractiva para la audiencia. En este aspecto, una vez que se hayan establecido las normas jurídicas que den figura a un sistema democrático, el papel del Estado, en palabras de J. R. Cossío, «se reduce a velar por el cumplimiento de las modalidades de los derechos, sea para impedir los abusos, o sea para anular los actos contrarios a las normas.»13

Los medios en la democracia se basan en el modelo de «espacio público» de Habermas, derivado de las teorías modernas de la democracia, en donde se pondera el interés público, y éste último ha tenido diferentes acepciones14. Siguiendo la definición de Croteau y Hoynes, cuando hablamos de interés público se identifica al sistema de medios como una de las arenas clave en la que los ciudadanos se constituyen, se informan y tienen la posibilidad de deliberación15. Desde este enfoque, la evaluación y análisis que de los medios se pueda hacer a la luz de la democracia, definitivamente debe pasar por la prensa, radio, televisión, cine, Internet, libros, etcétera, es decir, por todos los productos mediáticos. En la realidad el interés público tiene mucho menos atención en los medios que las ganancias económicas generadas por el sensacionalismo, las historias triviales y el amarillismo. A principios del siglo XXI, el equilibrio entre el interés público y las ganancias económicas de las industrias es lo que dibuja el dilema de los medios en una democracia16; pero estos dos aspectos no lo son todo, ya que la cultura cívica de las sociedades conserva sus propias paradojas y contradicciones que fortalecen la industria comercial mediática.

Así pues, en esta relación entre los medios de comunicación y las sociedades democráticas surge un elemento que considero determinante en los órdenes jurídicos democráticos: el reconocimiento de las verdaderas fuerzas de intereses. Este dilema se dilata entre la política, la economía y el derecho, en pocas palabras, «si las instituciones democráticas son universalistas -ciegas a la identidad de los participantes-, quienes dispongan de mayores recursos tendrán más posibilidades de imponerse en los conflictos dirimidos por la vía democrática.»17 La interacción democrática funciona por medio de la promoción de intereses y éstos se dirimen generalmente en los medios de comunicación como vimos con anterioridad. De hecho, las fuerzas capacitadas actúan de manera colectiva y funcionan activamente cuando se trata de la instrumentación y codificación de sus intereses, y si tomamos en cuenta que el poder económico puede convertirse en poder político, las consecuencias de no vislumbrar las verdaderas fuerzas de control sobre la información, que alimenta o segrega a la democracia, impactan a la sociedad y al sistema de tajo. Pero este tema se abarcará más adelante, por lo que sólo lo menciono ahora para dar más elementos que nos aproximen a la relación entre los medios de comunicación actuales y la cultura cívica de las sociedades democráticas.

III. El dilema de la cultura cívica y los medios
Una vez aclarado el panorama de los modelos de comunicación que subsisten en las sociedades democráticas y la disquisición del estado de las cosas o praxis de los medios, veamos de qué manera se inserta este contexto en la cultura cívica que le es indispensable a la democracia18.

Así bien, Gabriel Almond y Sidney Verba dieron origen a la idea de cultura cívica intentando analizar la relación entre actitudes políticas de un pueblo y la naturaleza de su sistema político. En cuanto a que las actitudes políticas de los individuos son influenciadas por los medios de comunicación, éstos deben promover cierto tipo de posturas que den razón de un sistema político popular democrático producido por la asimilación consciente de los principios democráticos básicos -tolerancia, pluralismo, respeto a los derechos humanos, publicidad de los actos del poder público, responsabilidad de los funcionarios, inexistencia de inmunidades del poder, etcétera-.»20 Estos valores democráticos son los que se espera que los medios fomenten y a sociedades con éstas características se intenta satisfacer cuando se trata de interés público. La pregunta aquí es ¿quién genera qué, los medios a la cultura cívica, o ésta da forma a los medios?

Sin separarnos de la cuestión, es obligatorio volver la vista a lo que realmente los medios de comunicación ofrecen y ponderan en un esquema de conglomerados que concentran la información. Recordando que una de las características o estrategia de negocios de las empresas mediáticas es el sensacionalismo o dramatismo en las historias, se crea, pues, un sistema de valores falsos que son sostenidos por estudios de mercado y lanzados como «lo que interesa al público» que no es lo mismo que «el interés público». El hecho es que si los medios de comunicación no fomentan los valores democráticos y enriquecen la cultura cívica, resulta que el negocio que los medios representan no es compatible con los propósitos democráticos -o útil siquiera al Estado de derecho. Es más, el sensacionalismo ha probado ser mitigante de los valores democráticos21.

En este asunto, existe un observación que Przeworski hace con respecto al poder político-económico de un sistema político y que funciona en el mismo sentido para identificar la actividad de los medios dentro del sistema democrático, esto es «el poder económico se traduce en poder político, que a su vez puede utilizarse para reforzar el poder económico, y así sucesivamente»22. Esta parece ser la lógica que aplican los medios de comunicación y que lejos de asumir una actitud de responsabilidad social -fundamental en la cultura cívica- alimentan el sistema económico e ideológico radicalmente liberal.

La cultura cívica, bajo las reglas del mercado, no se verá
beneficiada a menos que los intereses se equilibren por medio de normas jurídicas y políticas públicas de antimonopolio y diversidad de contenidos en los medios de comunicación; porque tanto el poder político, como el poder económico de los medios requiere, en la misma medida, de controles y límites, esto es «el paso decisivo hacia la democracia es la transferencia del poder de un grupo de personas a un conjunto de normas»23.

IV. Normas jurídicas y políticas públicas
Hasta este punto es posible admitir que los medios, en términos reales, ya no son concebidos únicamente como un espacio reservado donde se materializa la libertad de expresión, lo cual le daba cierta protección ante las constantes amenazas de las fuerzas de poder. No obstante, la aplicación de los medios puede distinguirse así: por una parte los medios son una industria sumamente poderosa en términos económicos y también políticos; por otra parte, los medios son un servicio por el cual se satisface la necesidades de la sociedades de la información; por último, los medios materializan la libertad de expresión y de información de los seres humanos. Estos tres grandes rubros hacen a los medios de comunicación un tema sumamente difícil de estudiar y optimizar. Dentro de éstos campos de aplicación, existen dos categorías de la sustancia o materia de los medios, primero, como producto capitalizable que se inserta en el mercado del conocimiento, de la educación, de la cultura, del entretenimiento y la información. Segundo, como un bien o servicio que puede ser provisto por instituciones públicas y privadas en donde la intervención del gobierno se justifica en la protección y corrección de la producción de éste servicio con el objeto de generar un mercado más justo y equitativo, al mismo tiempo que reconoce los derechos fundamentales de expresión e información24.

En efecto, la categoría de la materia de los medios y su aplicación en la vida individual y colectiva es lo que puede definir cuándo los medios deben ser controlados o intervenidos por normas jurídicas o políticas públicas, es decir, porqué es necesaria la protección legal y legítima25. Al respecto, los medios son materia de normatividad cuando se trata de: a) protección y garantía de los derechos fundamentales; b) establecimiento de normas que regulen el uso gubernamental, político o electoral. Aquí es importante notar que las normas jurídicas que limitan el uso y explotación de los medios de la empresas o industrias, así como la publicidad que se inserta en ellos, existen, pero no las que regulan directamente la relación entre las industrias y el Estado26, y es que esta relación se da, la mayoría de las veces, de manera extraoficial y sin documentación alguna de los acuerdos.

En la mayoría de los países, las normas jurídicas de los medios fueron inspiradas por teorías políticas (modelo norteamericano) o la teoría de la realización del ser humano (modelo europeo). Mientras la leyes inspiradas en la primera teoría se ocupan de encontrar el equilibrio entre los intereses económicos, sociales y políticos, las otras normas equilibran los principios entre la libertad de expresión e información y el derecho a la vida privada de los individuos para contribuir a su realización personal. Los sistemas normativos, en cualquiera de sus modelos, establecen y determinan las instituciones facultadas para planear, desarrollar e implementar políticas públicas que persigan los prósitos legales.

En este punto, es importante remarcar que en el momento en que los órdenes jurídicos de la mayoría de los países fueron adoptados, el contexto era distinto al actual. La tecnología no tenía un nivel de desarrollo tan alto; las industrias mediáticas no tenían el poder económico ni las relaciones políticas que hoy fomentan; la competencia entre los medios era escasa y poco limitada por el Estado; la explotación de los recursos de telecomunicaciones era mínima en comparación con la actual lucha por espacios y territorios. Es reciente que el Estado reconozca que no posee los recursos suficientes parra invertir en tecnología de infraestructura, por tal, lo hicieron las industrias privadas y como consecuencia se privatizaron líneas terrestres y satélites. Hoy en día, la mayor parte de los medios eléctricos se transmiten por estas dos últimas vías, cuyos espacios privados son administrados por lo grandes conglomerados. Es entonces donde surge la cuestión ¿las normas jurídicas ha establecido las bases necesarias para implementar controles a los medios en virtud de que su servicio y productos sean en beneficio del interés público, bajo los cánones democráticos?

De acuerdo a David Eeaston, políticas es definido como «the authoritative allocation of values for a society», sin embargo, algunos argumentan que no es adecuado hablar de los valores sociales en general, más bien, consiste en individuos que interactúan, maniobran, crean estrategias, cooperan, y mucho más que eso, mientras buscan un objetivo -cualquiera que este sea- en un grupo social27. Las políticas públicas son implementadas por servidores públicos y su valor y credibilidad dependen de la representatividad y legitimidad del gobierno electo, así como de la técnica y preparación de la burocracia. En un sistema democrático liberal, para que el gobierno intervenga en un asunto público es necesario que el valor del producto exceda el valor de los recursos invertidos. Además, conciben al ciudadano como consumidor, por tanto, los esfuerzos del sector público deben ser evaluados en función del mercado político de los ciudadanos y de las decisiones colectivas de las instituciones democráticas representativas28.

En el caso de los medios de comunicación, las políticas públicas, si su proceso de elaboración no se encuentra abierto al sector social, son propensas a representar los intereses de los grupos políticos y económicos en el poder. Así mismo, en muchos países difícilmente se tienen especialistas que evalúen los planes y proyectos en función del fortalecimiento de la democracia, por lo que resultan políticas ineficientes y tendensiosas. Un problema especialmente preocupante es que, en los medios de comunicación, el valor de los productos excede el costo de los recursos, pero el beneficio no es para el país que las implementa, sino para el país que normalmente las exporta y vende. Aparentemente, las políticas públicas son viables y útiles para los ciudadanos cuando se tratan de antimonopolio y acceso universal, pero definitivamente no es suficiente con estos dos rubros para imponer límites a las fuerzas económicas.

Existe un asunto crucial de justicia y equidad cuando se habla de planeación de políticas. En la previsión de un servicio, el gobierno debe intervenir para asegurar las necesidades individuales y sociales -tales como salud, seguridad o acceso a medios de comunicación en este caso. Este asunto es el que contiene la intensión democrática en las decisiones políticas y puede, siempre y cuando los servidores públicos así lo acaten, fomentar los valores democráticos y satisfacer las necesidades de la sociedad civil.