POR JORGE ÁLVAREZ MÁYNEZ / DIPUTADO LOCAL DEL CONGRESO DE ZACATECAS

“Finalmente, en caso de mal uso del erario, proponemos que el Congreso transfiera la información proporcionada por el Órgano Superior de Fiscalización al poder judicial para que un tribunal de cuentas, de nueva creación, finque responsabilidades y castigue la comisión de delitos”.
La frase anterior no la escribió el gobernador Miguel Alonso, ni ningún integrante del gobierno estatal. Tampoco un militante del PRI, PVEM o Nueva Alianza.

La cita con la que inicia el presente texto fue publicada por el Instituto de Estudios de la Revolución Democrática, en octubre del 2002, en el número 111 de la revista Coyuntura. Es autoría de la fundadora del PRD Ifigenia Martínez y Hernández, quien también fuera cofundadora de la CEPAL en México, y primera mexicana graduada con maestría y doctorado en Economía por la Universidad de Harvard.

Por supuesto, como la mayoría de las ideas del programa original del PRD, no es compartida por la clase política local perredista, que en voz de su coordinador en el Congreso local ha calificado la propuesta de Tribunal de Cuentas presentada por el gobernador Miguel Alonso como “una ocurrencia”.

Y es que, llama poderosamente la atención la posición que algunos representantes de partidos que alguna vez fueron de izquierda han asumido en Zacatecas respecto al tema del Tribunal de Cuentas, cuando en el resto del país los sectores progresistas impulsan esta idea.

Por ejemplo: el pasado 2 de marzo, al exponer la agenda legislativa del PRD en Tabasco, el diputado local  Bernardo Barrada Ruiz propuso, dentro del capítulo concerniente a la Reforma del Estado, la creación de un Tribunal de Cuentas.

Asimismo, el pasado 18 de junio del 2009, el diputado federal del PT, Mario Di Costanzo, planteó públicamente la creación de un Tribunal de Cuentas, diciendo que se debe “convertir a la Auditoría Superior de la Federación en un tribunal de cuentas, como ocurre en otros países. Nosotros nos enteramos cada año de malos manejos o de negligencia en la aplicación de los recursos públicos y tenemos muchos ejemplos de esto, (…) pero los señalamientos que hace la Auditoría Superior no dejan de ser meros llamados a misa”.

También me permitiría apuntar que, apenas el 25 de febrero del 2009, el diputado local de Convergencia en Michoacán, Manuel Antúnez Oviedo, señalaba que “la Auditoría Superior debe tener funciones jurisdiccionales inherentes a un Tribunal de Cuentas propiamente dicho, con funciones para la fiscalización extrema con fincamiento de responsabilidades mediante enjuiciamiento de los manejadores de las finanzas públicas del estado”. 

Y podemos ir más allá: la propuesta de un órgano autónomo que fiscalice a los distintos niveles de gobierno, incluso, ha trascendido el ámbito de la izquierda partidista. En abril pasado, la legisladora panista Gabriela Cuevas prefiguraba, dentro de su propuesta de reforma política para el Distrito Federal, la creación de un Tribunal de Cuentas como órgano superior de fiscalización local.

Sin embargo, en Zacatecas, la versión más aldeana de la clase política ha evitado por más de un mes y medio tomar en serio la discusión de la iniciativa presentada por el Ejecutivo en los días posteriores a su toma de protesta, aduciendo todo tipo de pretextos.

Si la propuesta del gobernador es o no perfectible no es la discusión. Lo lamentable es que, hasta el día de hoy, no hayan sesionado las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Jurisdiccional para iniciar el procedimiento formal de análisis de la materia que contiene la iniciativa.

Y es que, en Zacatecas, pareciéramos estar viviendo el mundo al revés, pues la coincidencia que unifica a todos los actores que anteriormente enumeré y que han planteado la creación de un órgano superior de fiscalización autónomo y con atribuciones jurisdiccionales, es que en todos los casos dicha propuesta provino de la oposición.

En nuestro estado, el planteamiento de fortalecer el sistema de rendición de cuentas viene desde la fuerza que gobierna y la oposición, instalada en la esquizofrenia de desgastar al nuevo gobierno, se ha lanzado a desacreditar una propuesta que prácticamente ha logrado el consenso del espectro liberal de nuestro país.

El asunto es, entonces, seguir en la lógica de la “repartidera”, en el propósito de utilizar las cuentas públicas como instrumento para denigrar, denostar y perseguir al adversario; el canje de las impunidades en su máxima expresión. Esa es la prioridad de una clase política extraviada en lo que Zygmunt Bauman ha denominado como los “tiempos líquidos”.

No se entiende que las curas para la cohesión social en la llamada modernidad flexible son pocas, luego de la derrota definitiva de las ideologías “totales”, y que una de ellas es, precisamente, la que tiene que ver con la transparencia y la rendición de cuentas, que son conceptos estratégicos para dotar de legitimidad a los gobiernos de la era de la incertidumbre.

Pero entender ese propósito sería mucho pedir a quienes entienden la política como el arte de lanzar, repetidamente, un calcetín relleno de lodo al ventilador.

Una amiga compartía hace unos días una frase de Francis Bacon,  que describe a varios de los opositores al Tribunal de Cuentas: “Quien no quiere pensar es un fanático; quien no puede pensar, es un idiota; quien no osa pensar es un cobarde”.