El Consejo General del INE aprobó los lineamientos para la organización de la Revocación de Mandato, incluida desde 2019 el Artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como un derecho de la ciudadanía.
Las normas aprobadas dan certeza a la ciudadanía y a los actores políticos sobre la forma en que la autoridad electoral cumplirá con sus atribuciones establecidas en la Constitución, que el INE convocará a una eventual Revocación de Mandato a petición de la ciudadanía, en un número equivalente, al menos, a tres por ciento de los inscritos en la Lista Nominal de Electores.
Los lineamientos establecen directrices que dan claridad sobre las acciones que realizará el INE en materia de organización e integración de las mesas directivas de casilla, difusión, documentación, escrutinio y cómputo de los resultados, e incluye reglas para la observación, atención de visitantes extranjeros y el papel de los partidos políticos en este ejercicio.
El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, aclaró que los lineamientos aprobados tienen tres propósitos: primero, subsanar un incumplimiento del Poder Legislativo, que a la fecha no ha emitido una ley que dé claridad sobre los procedimientos a seguir en la Revocación de Mandato; segundo, fundamentar la solicitud de los recursos presupuestales correspondientes para llevar a cabo dicho ejercicio.
En tercer lugar -añadió- los lineamientos buscan brindar certeza a la ciudadanía, a partidos y a los actores políticos sobre los procedimientos, plazos y competencias de cada actor en este ejercicio de democracia directa.
Explicó que el INE tiene conocimiento de que hay avances en el Congreso de la Unión en la elaboración de la Ley Federal de Revocación de Mandato, incluso propuestas de dictamen sobre ella.
Al votar a favor, la consejera Norma De la Cruz destacó la pertinencia de la realización de los ejercicios de la democracia directa, los cuales deben convertirse en algo común y periódico en nuestra sociedad.
La consejera Dania Ravel expuso que la Revocación de Mandato es un instrumento de participación solicitado por la ciudadanía para determinar la conclusión anticipada en el desempeño del cargo de la Presidencia de la República a partir de la pérdida de confianza.
Recordó que el Poder Legislativo en la reforma constitucional de 2019 estableció la obligación de la emisión de una ley reglamentaria dentro de los 180 días siguientes a la publicación del decreto, en la cual se debería desarrollar con toda claridad las etapas y procedimientos para la organización de este proceso, lo cual no ha ocurrido a la fecha.