Por unanimidad de los consejeros INE, emitieron las normas reglamentarias sobre propaganda gubernamental para las campañas del Proceso Electoral Federal 2014-2015, los procesos electorales locales coincidentes con el federal, y para los procesos locales ordinarios y extraordinarios de 2015. 

 

El proyecto establece las reglas para que durante los periodos de campañas hasta la conclusión de la Jornada Electoral se suspenda la difusión de la propaganda gubernamental en todos los medios de comunicación social, salvo en las excepciones establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

 

La prohibición aplica a las campañas locales y federales, a procesos electorales extraordinarios; deberá suprimirse o retirarse toda propaganda gubernamental en medios de comunicación social, de los poderes federales y estatales, como de municipios, órganos de gobierno del Distrito Federal, sus delegaciones y cualquier otro ente público.

 

Se podrá difundir la propaganda gubernamental relacionada con salud, educación y protección civil en caso de emergencia, temas que constituyen excepciones establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, siempre y cuando se atiendan los principios de equidad e imparcialidad que rigen en la contienda electoral.

 

La excepción a las prohibiciones en propaganda gubernamental previstas en la Constitución podrán difundirse siempre y cuando no incluyan nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público, ni contengan logotipos, slogans o cualquier otro tipo de referencias al gobierno federal o a algún otro gobierno o administración, o a sus campañas institucionales.

 

La propaganda deberá tener carácter institucional y abstenerse de incluir frases, imágenes, voces o símbolos que pudieran ser constitutivos de propaganda política o electoral, o bien elementos de propaganda personalizada de servidor público alguno.

 

No podrá difundir logros de gobierno, obra pública, o emitir información dirigida a justificar o convencer a la población de la pertinencia de una administración en particular.