En Zacatecas no se va a permitir la impunidad, porque las irregularidades que cometió Amalia García, que en conjunto durante su sexenio representan más de 3 mil millones de pesos, en perjuicio de la entidad, están ahí y no pueden borrarse.

Así lo afirmó Guillermo Huizar Carranza, contralor interno del Gobierno del Estado, al explicar que la determinación del Tribunal Colegiado de Circuito no cambia en nada la situación jurídica de la ex gobernadora, porque sólo suspende el procedimiento en tanto se resuelve el amparo.

“No vamos a permitir que por un problema de forma, un grupo de personas se burlen de los zacatecanos exhibiendo las irregularidades que cometieron, sin que sean sancionadas”, afirmó.

Recordó que las observaciones hechas por el órgano de fiscalización estatal no están a discusión —porque el proceso contra García Medina se ha llevado de acuerdo al marco legal—, sino la constitucionalidad de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

Cabe recordar que la Contraloría Interna inició 23 auditorías a la pasada administración, de las cuales se derivaron 39 observaciones, tres de ellas se consideran responsabilidad directa de la ex gobernadora, y alcanzan un monto de 1 mil 600 millones de pesos.

Éstas son: el trámite de un crédito ante la banca comercial por 300 millones de pesos a nombre del Gobierno del Estado; el uso de 120 millones de pesos del erario público para otorgar créditos personales sin intereses, avales, ni garantías de pago; y la ampliación presupuestal de 1 mil 200 millones de pesos, sin sustento, para distintas dependencias de la administración pública.

Huizar Carranza señaló que las irregularidades encontradas durante el sexenio pasado suman más de 3 mil millones de pesos, ante las cuales, Amalia García, al igual que ocho de sus ex colaboradores, no ha hecho intento alguno de solventarlas, con lo cual, las confirman.

Por tanto —agregó—, las observaciones que la Contraloría Interna emitió siguen tan vigentes como al principio y, por ello, el procedimiento continuará hasta emitir la sanción correspondiente, en tanto, se hará valer el derecho de solicitar la revisión de la determinación de dicho tribunal y se defenderá la constitucionalidad de la mencionada ley.

Finalmente, reiteró que se respetará irrestrictamente la resolución del Poder Judicial de la Federación, aunque se dijo convencido de que el Gobierno del Estado obtendrá una resolución favorable, porque hay el antecedente de seis casos similares, y en cinco de ellos se obtuvo una sentencia que benefició a la entidad.