La secretaria de la Función Pública, Humbelina Elizabeth López Loera, informó que se encontraron 639 presuntas anomalías en la administración de Alejandro Tello y que este día inician con las notificaciones de 10 informes de presuntas responsabilidades administrativas.

Luego de aprobar, signar y entregar el Acta de Verificación y Validación Física, con la que concluye el Proceso de Entrega-Recepción del Poder Ejecutivo de Zacatecas, López Loera, quien es Coordinadora de la Comisión de Recepción, afirmó que no se solapará a funcionarios de la administración de Alejandro Tello, que dejaron de actuar ante las irregularidades cometidas en el periodo de Miguel Alonso Reyes y fincarán responsabilidades por acción y por omisión.

“En este gobierno no se protegerá a nadie, ni se pasará por alto alguna violación a la ley en caso de que se confirmen delitos o faltas administrativas. Hoy el combate a la corrupción y la cero tolerancia a la impunidad serán sellos que quedarán como manifestación de nuestro paso en la historia de Zacatecas, no en el papel, en los hechos”, dijo.

La secretaria de la Función Pública advirtió que la apertura de carpetas de investigación y, posteriormente, de procedimientos de responsabilidad son contra servidores públicos que fueron tapadera ante desfalcos con afectación al erario público, en millones de pesos, dictados por la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de la Función Pública del Gobierno de México, tanto en la administración inmediata anterior como en los que no han prescrito del periodo de Alonso Reyes.

“Podemos ver materializadas las sospechas y suspicacias que los zacatecanos tenían de las anteriores administraciones: uso desmedido de recursos públicos en SEDIF, omisiones de funcionarios en sus obligaciones esenciales en la Secretaría de la Función Pública, descuido del erario en SEDUVOT y las múltiples existencias de encubrimiento de conductas y omisiones de administraciones anteriores”, afirmó Ángel Manuel Muñoz Muro, también integrante de la Comisión de Recepción.

Como ejemplo claro, citó la cartera vencida que se encontró en cuatro de las secretarías más importantes y que suma aproximadamente 367 millones de pesos, en préstamos cuyos pagos nunca fueron debidamente requeridos.

El Acta contiene 639 presuntas anomalías, 240 graves y 399 no graves. En ella, se da cuenta que, prácticamente, en todas las dependencias centralizadas y descentralizadas hay irregularidades, las cuales fueron encontradas luego de un trabajo de revisión y fiscalización de semanas, que llevaron a cabo quienes integran la Comisión de Recepción y el equipo de la SFP.

Las presuntas irregularidades, ya documentadas, están en todos los sectores: infraestructura, desarrollo social, educación, salud y van desde la omisión en acciones de deudores diversos y recuperación de cartera vencida de créditos otorgados; contratos de prestación de servicios que sobrepasan el techo presupuestal autorizado.

También hubo gastos excesivos, así como falta de documentación comprobatoria y justificativa. Fue muy común –añadió la Secretaria- el saqueo hormiga en gasolina que en suma total se convierte en un robo de más de 3 millones de pesos, sólo en la inspección de algunas semanas.

Además de plazas asignadas de manera discrecional; recursos destinados a fines distintos a los autorizados; indebida contratación y adjudicación de adquisiciones; irregularidad en la entrega de apoyos económico a beneficiarios, según se establece en las reglas de operación de los programas, entre otras.

“Ni siquiera la pandemia fue obstáculo para los desfalcos más gravosos e inmorales; se hizo mal uso del dinero del pueblo”, afirmó la Secretaria de la Función Pública.

De cada una de estas irregularidades –agregó- se estará notificando a los Órganos Internos de Control (OIC) a fin de que se abran las carpetas de investigación correspondientes. Además, seguirá la fiscalización de la ejecución de los recursos de los años anteriores y se abrirán las carpetas de investigación que sean necesarias.

“Señor Auditor, desde este momento quedan en sus manos las indagatorias e inicios de procedimientos de responsabilidad resarcitorias que correspondan. En la SFP tiene un aliado y una instancia que actuará en el marco de las atribuciones que a nosotros nos competan”, manifestó López Loera.

Agregó que, en los próximos días, darán detalles de estas presuntas anomalías porque la sociedad exige resultados y respuestas ante el estado en quiebra que se encontró, con anomalías en el manejo de los recursos financieros, materiales y humanos.

El anhelo de esta administración –agregó Ángel Manuel Muñoz Muro- es cambiar el sentimiento de impunidad que predomina en la sociedad de Zacatecas y que, en la objetividad, vamos verificar la existencia de actos de corrupción y que en su momento sea la Secretaría de la Función Pública, la Auditoría Superior del Estado, la Fiscalía General del Estado, así como los órganos jurisdiccionales quienes emitan las sanciones correspondientes.

“Lo que podemos adelantar es que no habrá ningún tipo de recato en la imposición de sanciones máximas, no vamos a tolerar actos de corrupción ni del pasado ni del presente. No es más de lo mismo y no habrá más impunidad”, aseguró.

Los documentos que contienen dichas anomalías fueron entregados al Auditor Superior del Estado, Raúl Brito Berumen, durante la Primera Reunión Ordinaria de la Comisión de Recepción del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Zacatecas, a la que también asistieron los integrantes de la misma: Silvia Saavedra Juárez, Carlos Alberto Zúñiga Rivera, Alejandro Cornelio Pérez Ordiano y Ángel Manuel Muñoz Muro.