Este jueves,la Legislatura del Estado recibió la iniciativa de proyecto de decreto mediante el cual se crea la Fiscalía Especializada en Delitos contra las Mujeres por Razones de Género.

La entregaron al secretario general del Poder Legislativo, Refugio Medina, la secretaria general de Gobierno, Fabiola Torres, y el coordinador general jurídico, Jehú Salas Dávila.

Fabiola Torres explicó que las estrategias de combate a la delincuencia de la actual administración, requieren de la participación de todos los sectores de la sociedad.

Pero además se requiere el respaldo y confianza de todo para alcanzar una unidad real, libre de intereses personales que permita consolidar una sola voz, fuerte y entregada contra aquellos que pretenden arrebatar nuestra libertad y seguridad.

Pidió no corromper esa lucha por la seguridad de nuestras familias en una modalidad perversa de discurso político.

No estamos ciegos ni sordos -agregó- ante el complejo fenómeno de inseguridad que azota al país y a nuestro estado; ni pasivos ante tal emergencia, trabajamos en la investigación y seguimiento de todos los delitos, compartimos la indignación y el dolor producto de las agresiones y crímenes contra mujeres.

«Somos sensibles ante una madre que ha perdido a su hijo o hija, o un padre de familia secuestrado; frente a aquellas personas que pierden su patrimonio y mucho menos dejamos de lado el riesgo inminente de los cuerpos de seguridad, de los policías caídos o heridos», dijo.

Ya en ema,luego del largo de discurso de autocomplacencia, dijo que la Fiscalía fortalecerá las acciones del Gobierno del Estado en justicia para mujeres.

De ser aprobada por la Legislatura, la Fiscalía se encargará de investigar y perseguir los hechos delictivos por razones de género, que lesionen o pongan en peligro algún bien jurídico tutelado por las normas penales, con el objeto de garantizar el respeto a los derechos humanos de las mujeres.

Tendrá facultades para acordar, solicitar, ordenar, ejecutar y ratificar las órdenes y medidas de protección necesarias para las víctimas de delitos por razones de género.

Podrá solicitar y promover la reparación del daño a víctimas de delitos por razones de género ante las instancias correspondiente y ejercer la autoridad y mando sobre la Policía Ministerial asignada para el cumplimiento de sus funciones.

Otra atribución es implementar mecanismos que garanticen que las y los agentes del Ministerio Público practiquen u ordenen los actos de investigación pertinentes para descubrir la verdad de los hechos, materia de denuncias o querellas en el ámbito de su competencia.

Brindará acompañamiento de las víctimas de delitos por razones de género, hacia las instituciones que proporcionen servicios de carácter tutelar, asistencial, preventivo, educativo y demás de contenido familiar, así como vigilar su debida atención.

Podrá requerir auxilio y colaboración de las instituciones de procuración de justicia en el ámbito nacional e internacional para investigación de delitos y facilitar el acceso a la justicia mediante un modelo de atención integral de acompañamiento y empoderamiento de las víctimas, así como el ejercicio efectivo de sus derechos humanos.

También anunciaron la intención de crear la subsecretaría de Prevención del Delito, para fortalecer las acciones en la materia y que son parte de una de las acciones del Programa Estatal de Seguridad Pública.

La creación de dicha Subsecretaría se lleva a cabo con fundamento en los artículos 82, fracción I, 84 y 85 de la Constitución Política de Zacatecas y de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado en sus artículos 2, 6, 8 y 9.

Plantea el desarrollo de programas, políticas y lineamientos transversales en materia de prevención social de la violencia, especialmente en contra de las mujeres, e incluye el fomento de la participación de la comunidad y de las instituciones, organizaciones públicas y privadas para el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y promoción de la cultura de la paz, la legalidad, el respeto y el acceso a una vida libre de violencia.

Promovería la cultura de la paz, legalidad, respeto a los derechos humanos y una vida libre de violencia, además de fomentar el desarrollo comunitario, la convivencia y la cohesión social entre las comunidades.

Otras serán: fortalecer las capacidades institucionales que asegure la sostenibilidad de los programas preventivas y realizar estudios sobre las causas estructurales que generan la violencia y la delincuencia y las distintas causas y factores que la generen.