Por Osvaldo Avila Tizcareño

Con 269 votos a favor, 1 abstención y 225 en contra, se rechazó la anhelada Reforma Electoral promovida por el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), pues no alcanzó los 334 votos que implican la mayoría calificada y que constituye las dos terceras partes de los 500 legisladores que conforman la Cámara de Diputados.

En la pretendida modificación a las leyes electorales, se buscaba cambiar de fondo las reglas del juego y a los árbitros encargados de los plebiscitos a menos de un año de que inicie el proceso electoral del 2024. La intención era clara, se buscaba obtener el control del Instituto Nacional Electoral (INE) con miras a la renovación gubernamental, a pesar de que los promotores de la misma y en primer lugar el presidente, hablaron del intento de combatir los privilegios de los consejeros electorales y evitar que se dilapidaran recursos públicos, basta echar un ojo a la esencia de la misma para descubrir el fondo del asunto. Veamos.

Primero. En un  intento de simplificar las cosas, se trató de trivializar diciendo que solo estábamos ante un cambio de nombre del organismo encargado de organizar elecciones que pasaría de INE (Instituto Nacional Electoral) a INEC (Instituto Nacional de Elecciones y Consultas), pero esto sólo era el primer paso, pues con ello también se proponía reducir de 11 a 7 los integrantes del órgano colegiado que serían propuestos por el legislativo y ejecutivo para que mediante el voto popular fueran electos, ¡que extraordinaria propuesta!, ¡viva la democracia electiva! Sólo saltan algunas  interrogantes: ¿cualquier ciudadano podrá ser propuesto?, ¿quién contará con los recursos para una campaña nacional?, ¿no se abrirá así la puerta al financiamiento de los grupos delincuenciales?

Segundo. Se exagera y exalta la bondad de esta propuesta de ley que le permite a los ciudadanos elegir mediante el voto a los magistrados y consejeros; pero a la par de las interrogantes anteriores sobre el financiamiento convendría precisar que sería prerrogativa del presidente proponer y el pueblo elegir, es decir una auténtica tomadura de pelo.

Tercero. Se eliminarían los órganos electorales locales, ahora se organizarían centralmente los comicios por el INEC, pues con ello presuntamente se ahorrarían varios miles de pesos; no se dice que pasará con el personal que hoy tiene la capacidad y experiencia para organizar elecciones.

Cuarto. Se pretendía desaparecer 200 Diputados y 32 senadores y también se plantea que no sean electos uninominalmente por distrito, sino mediante una lista nacional, ahora, quien fue beneficiario como oposición por años de las plurinominales, se opone a los mismos por resultar onerosos, esto es una absoluta incongruencia.

A groso modo estos son los puntos centrales de lo que se pretendía modificar, pero como señalé líneas atrás fue rechazado, en su lugar días antes el jefe del ejecutivo federal preparó lo que llamo el “Plan B”, violentando los procesos parlamentarios, dispensando el análisis y en un acto de seguidismo, con 261 votos de MORENA, PT Y PVEM, se aprobó fast-track, un paquete de reformas que ante el fracaso de la anterior, corta recursos al INE, quita funciones fiscalizadoras y hace más laxos los requisitos de los partidos pequeños para mantener el registro como instituto político.

Un intenso debate provocó el rechazo de la anterior y la nueva propuesta, e incluso dos magnas concentraciones en la Ciudad de México y otras ciudades: la primera fue el 13 de noviembre al grito de “El INE no se toca”, miles de ciudadanos convocados por la sociedad civil, que según los organizadores eran más de 600 mil, o en voz de los morenistas fueron 60 mil o 12 mil, rechazaron el intento de controlar las elecciones y desaparecer al órgano autónomo que por años fue ciudadanizando.

En respuesta el 27 de noviembre el presidente y todo un despliegue gubernamental dirigido por gobernadores, legisladores y funcionarios públicos, organizaron una concentración a todas luces mayor.  Según sus propios datos tuvo más de un millón de asistentes, pero en la que sospechosamente se operó la movilización con camiones y el patrocinio de alimentos en contraparte a la movilización sin despliegue organizativo efectuado en los primeros días del mes.

Así, en el mes pasado se registraron movilizaciones masivas y figuró la desfachatez legislativa en ambos bandos, circularon ríos de dinero para movilizar a la gente y medios de comunicación, y sobre todo la repetitiva pataleta del Presidente negando su intención de controlarlo todo, lo que hace necesario preguntarse en caso de ser ciertas las encuestas que dan alta aceptación a AMLO y su partido ¿qué necesidad tiene de hacerse del control del árbitro electoral?

Pero conviene cuestionarnos también sobre la urgencia del tema en estos momentos en que estados como Zacatecas, Guanajuato y Colima se sufren permanentes actos violentos, producto del crecimiento de los grupos delincuenciales y el fracaso de la estrategia de “abrazos, no balazos”.

Y hablar de democracia cuando los hospitales públicos carecen de medicamentos resulta absolutamente fuera de lugar, priorizar las elecciones y olvidarse de la inflación que hace inalcanzable la canasta básica, perder de vista que el kilo de tortilla cuesta más de 20 pesos u olvidarse de los campesinos que tendrán este año malas cosechas, es una clara muestra de la lejanía de los intereses del pueblo; hablar del pueblo y en los hechos no hacer nada por cambiar su realidad teniendo tanto poder, es una más de las muchas incongruencias de los morenistas, pero como reza el adagio popular: “se verán cosas peores”. Es por ello que el pueblo debe abrir bien los ojos, conocer a quien lo traiciona y disponerse a cambiar con su fuerza invencible esta terrible realidad en su favor.