Por: Manuel Narváez Narváez

Email: mnarvaez2008@hotmail.com

Según cifras del Observatorio Ciudadano de Ficosec Chihuahua, publicado por el Diario de Chihuahua, la entidad tuvo una tasa de 61.33 víctimas de homicidios dolosos por cada cien mil habitantes.

Por su parte, la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y Delitos (ONUDD), revela que en el 2018 la tasa de homicidios en México fue de 41.2 por cada cien mil habitantes.

Tomando como referencias las cifras ofrecidas por el organismo estatal y el internacional, los ciudadanos debemos tener razones para preocuparnos por el aumento constante de homicidios dolosos que ya superan en más del 50% la media nacional.

Otros datos que nos ayudan a comprender la magnitud del problema son los siguientes. En 2016 el informe del think tank sobre Latinoamérica Igarapé Institute, 43 de las 50 ciudades con mayor tasa de homicidio en el mundo están situadas en América Latina. La más peligrosa es San Salvador (El Salvador), con una tasa de 136,7 asesinatos por cada 100,000 habitantes. Le siguen Acapulco con 108,1 asesinatos por cada 100.000 personas y San Pedro Sula (Honduras), con 104,3 muertes por cada 100,000 habitantes.

Por países, en 2017 la lista la lidera El Salvador, con una tasa de 60 muertos por cada 100.000 habitantes. Le siguen Jamaica (tasa de 56), Venezuela (tasa de 53,7) y Honduras (42,8 muertos por cada 100.000 personas).

La ONUDD enlista en el primer lugar a Centroamérica, donde se incluye a nuestro país, con una tasa de mortandad dolosa de 41 por cada 100000/h., y al continente africano  en un lejano segundo lugar con un promedio de 17.3 muertes violentas por cada 100000/h.

Chihuahua todavía no ocupa el vergonzoso primer lugar nacional de muertes violentas, la gran mayoría como consecuencia de las permanente guerra entre la delincuencia organizada, como sí lo fue en los tiempos de Reyes Baeza y Felipe Calderón. Sin embargo, sí forma parte del selecto grupo de las 5 entidades más violentas de México, ubicación ascendente durante la dupla gubernamental Corral/Peña.

En el 2018 los homicidios en la entidad se concentraron en las dos ciudades con mayor población. Ciudad Juárez sigue siendo el municipio más golpeado y aporta el 55% de las muertes violentas. Mientras tanto, la capital suma apenas un 15.1% del total de las espeluznantes cifras. Huelga mencionar que el otro 40%, es decir, cerca de 900 homicidios se cometieron en el resto de los municipios, principalmente en los de la sierra.

Obviamente que del principal problema, no sólo de Juárez y la entidad, sino del país mismo, el presidente de México y el gobernador no tuvieron cara para abordarlo durante la visita relámpago que el primero hizo a la frontera el pasado sábado 5 de enero.

Diestro en la política mandibular, el mandatario estatal se ciñó al guion que le reditúa espacios mediáticos. Matizó en la cara al titular del poder ejecutivo federal su disponibilidad a la colaboración, pero sin sometimiento. De pasada le dejó clavada una estocada para hundirla más adelante, en la medida que necesite pretextos para ocultar su incapacidad de gobernar; convocar a una convención hacendaria.

El presidente, curtido en el esgrima verbal, cacheteó con guante blanco: “el gobernador no será vilipendiado”; respuesta en concordancia con el maniqueísmo que practica el local. El primer magistrado del país centró su discurso en las bondades de la zona franca, que incluye a Ciudad Juárez, pero de la violencia trepidante al inicio de su gestión, simplemente amuló al gobernador. Ambos guardaron silencio.

En tanto que los principales responsables de dar seguridad a los chihuahuenses se reducen en una lucha de egos y alfas, la entidad se enfila aceleradamente a otra terrible época de homicidios violentos.

Lo único claro de esta visita es la promesa del presidente de México de regresar en tres meses para analizar los avances de la zona franca. Esa segunda visita a la frontera debe servir para que los dos gobernantes den la cara a los ciudadanos y respondan por las fallidas estrategias contra la inseguridad.

Está comprobado que la eficacia contra la inseguridad no se le da a ningún partido en el gobierno. Esto no quiere decir que los alcaldes, el gobernador y el presidente eludan la responsabilidad de garantizar paz y seguridad a sus gobernados, y asuman las consecuencias de esa incapacidad.

Los conozco mosco y sé que se les va a ofrecer en el corto plazo el respaldo a nuevas aventuras políticas, ya veremos entonces cuál fue el saldo de cada quién en materia de seguridad.

P.D. No descartemos el premio “La zaguiña” para galardonar a aquellos gobernantes paridos en la demagogia.