La Secretaría de Economía (SE) estima alcanzar durante 2015 una recaudación cercana a los dos mil millones de pesos de la aplicación de los gravámenes a la minería, eso ante la baja en el precio de los metales.

 

Al encabezar la reunión de la Comisión de Minería de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), el secretario de Economía, Idelfonso Guajardo Villarreal, informó la industria extractiva tiene fortaleza en regiones como Guerrero.

 

En conferencia de prensa previa a la reunión privada, en la que participaron representantes de 23 estados del país, el secretario explicó que está garantizada la transparencia en la aplicación de los recursos provenientes de la industria extractiva.

 

En coordinación con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) se conformarán comités para vigilar la correcta aplicación de los recursos en los municipios.

 

Sin embargo, parte de las soluciones de infraestructura y comunicación implica «que la definición no se suscribe al espacio del munciipio» ya que existen casos donde se tienen que operar proyectos de geografía ampliada.

 

Además de beneficiar al municipio donde se encuentra la minera, se tendrá que pensar en obras como caminos, que atraviesan uno o más municipios diferentes al beneficiado.

 

Guajardo Villarreal dijo que se debatirían estos temas y la fórmula adecuada para la distribución de los recursos hacia los municipios.

 

Destacó que la mayoría del dinero proveniente de los impuestos mineros será para los municipios, 67 por ciento. El 37 por ciento será para los estados y el resto para la Federación.

 

Al preguntarle respecto de la estimación de recaudación para el 2015, solicitó el apoyo de Mario Cantú, director de Minas de la SE, quien afirmó que una primera estimación podría arrojar unos dos mil millones de pesos.

 

Adolfo Bonilla Gómez, diputado federal y secretario de la Comisión Especial de Minería de la Cámara de Diputados, añadió que los comités que encabezará la Sedatu serán integrados por otras cuatro personas.

 

Además de gobierno federal se integrará un representante del gobierno estatal, del municipal, de las comunidades beneficiaras y un representante de la empresa minera; «con esto, se intenta garantizar la correcta aplicación de los recursos económicos».