El diputado Arturo López de Lara informó del Estatus de las sanciones promovidas por la Auditoría Superior del Estado (ASE).

Las sanciones se dividen en los rubros  de fincamiento de responsabilidades resarcitorias, fincamiento de responsabilidades administrativas, denuncias de hechosy áreas de donación

López de Lara Díaz destacó que en la Comisión Jurisdiccional, presidida por la diputada Guadalupe Flores, se revisan los casos de irresponsabilidades administrativas cometidas por aquellos funcionarios que han llegado al cargo a través del voto,  y que desde el 2013, se han presentado un centenar de promociones que involucran a 915 funcionarios públicos, se amonesto públicamente a servidores de Gral. Enrique Estrada, Pánuco y Vetagrande, 14 casos han quedado absueltos y aún hay 898 casos por resolver.

Además, el tipo de sanciones a las que puede ser susceptibles los funcionarios públicos que incurran en este supuesto, en los que destaca: la amonestación pública o privada, el trabajo comunitario, la suspensión o destitución del empleo, cargo o comisión, la inhabilitación para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público, o alguna sanción económica.

Respecto al fincamiento de responsabilidades resarcitorias, destacó que el Gobierno del Estado tiene un total de $49, 979, 534. 11 en créditos fiscales, mientras que la sumatoria de los ayuntamientos de los 58 municipios asciende a $511, 787, 606. 60 por el mismo concepto.

De igual manera presentó un desglose detallado municipio a municipio, identificando el monto total de los créditos fiscales, el responsable del ayuntamiento y el número telefónico donde se les puede localizar en su centro de trabajo.

En tanto que las denuncias de hechos han sido 29 a la fecha, 2 de ellas ya han concluido proceso, otras 2 se encuentran vinculadas a proceso penal actualmente y 25 están en proceso de judicialización.

Finalmente, denunció que en al menos seis municipios del Estado, entre los que se están Monte Escobedo, Jerez, Vetagrande, Zacatecas, Atolinga y Guadalupe, se han encontrado actos constitutivos de delito por lo relativo a las áreas de donación, donde funcionarios municipales infringiendo la ley se han apropiado de las áreas comunes que el municipio debe donar por zona residencial a los vecinos de la misma, con la intención de crear un área común donde ejercer el derecho humano al esparcimiento y la recreación.

Bajo los términos legales atingentes, la información que se dio en rueda de prensa cuenta con el carácter de pública, sin embargo, dijo estar imposibilitado jurídicamente para señalar públicamente nombres en particular de acuerdo a la protección de datos personales.