Con 13 votos a favor, cinco en contra y ocho abstenciones, se aprobó el punto presentado del diputado Omar Carrera Pérez, para exhortar a las empresas mineras que operan en el Estado, a efecto de que establezcan sus domicilios fiscales en la entidad.

También a que destinen un porcentaje de sus directivos para trabajadores originarios y vecinos del Estado de Zacatecas, por considerar que la actividad minera que se realiza en el Estado contribuye tanto en sus aportaciones a la economía, como a las finanzas públicas.

Explicó que el establecimiento del domicilio fiscal permite que, las autoridades fiscales practiquen diligencias en cualquier lugar en el que realicen sus actividades o en el lugar que se considere su domicilio, indistintamente, y tiene como bondades que, de acuerdo al mismo Código, se podrá llevar la contabilidad del contribuyente a través de medios electrónicos, datos e información en un lugar distinto, físicamente hablando, de aquel sitio registrado como tal.

Otro de los beneficios, que se busca con la petición aprobada, es el que tiene que ver con la distribución del llamado fondo minero, ya que este se da atendiendo a la cantidad de recaudación que tiene un municipio y un Estado para la asignación de recursos por parte de la federación, recaudación que es directamente proporcional al número de contribuyentes que existen en ese determinado espacio geográfico.

Por unanimidad fue aprobado el Punto de Acuerdo presentado por el diputado Luis Alexandro Esparza Olivares, tras ser considerado como de urgente y obvia resolución, por lo que al dispensar los trámites establecidos, el Pleno avaló exhortar a la Secretaría de Finanzas del Estado, para que en las reasignaciones presupuestales derivadas del ingreso de los recursos de los impuestos ecológicos, se considere una partida para la protección y conservación del águila real en Monte Escobedo, Zacatecas, que está considerada como una especie en peligro de extinción.

El legislador detalló en el planteamiento presentado, que el Estado de Zacatecas, específicamente el municipio de Monte Escobedo, es considerado como cuna del Águila Real, una especie en peligro de extinción que en 1994 fue incluida por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno Federal, en la lista de especies en riesgo a través de la norma oficial mexicana 059 y posteriormente se clasificó como amenazada, lo que significa que podría desaparecer a corto o mediano plazo; por lo que consideró como una prioridad que parte de los recursos que ingresen a las arcas del Estado, se destinen a la protección y conservación de esta especie, que además toma una especial relevancia por su valor simbólico al encontrarse en el escudo nacional y ser parte de la historia de los orígenes de nuestra patria.

Durante su discusión en lo general, la diputada Emma Lisset López Murillo, hizo uso de la tribuna para hablar a favor del Punto de Acuerdo.

El Punto de Acuerdo presentado por el diputado Francisco Javier Calzada Vázquez, por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas para que en el ámbito de sus facultades diseñe y ejecute una política pública para la atención inmediata y continua a favor de las personas en situación de calle, dando prioridad a los niños y las niñas, considerando los factores particulares y la problemática individualizada de cada caso, y que además promueva con el concurso de los ayuntamientos del estado la implementación de acciones permanentes para la atención urgente y la garantía de los derechos humanos de la población en estas condiciones, también fue considerado como de urgente y obvia resolución, aprobándose por unanimidad de la Asamblea con 21 votos a favor.

Reconoció que al estado de Zacatecas le urge la implementación de una política pública encaminada a la atención de las personas en situación de calle, con el objeto de garantizar el goce absoluto de todos sus derechos humanos, y reducir hasta su desaparición esta condición específica de las personas que la padecen, lo que debe surgir de las iniciativas concretas propuestas en el Plan Estatal de Desarrollo, de la voluntad manifiesta del Poder Ejecutivo y de la sinergia que éste promueva entre los otros poderes y los ayuntamientos.

Con 24 votos a favor, uno en contra y sin abstenciones, se aprobó el Punto de Acuerdo presentado por el diputado José Dolores Hernández Escareño, considerado de urgente y obvia resolución, avaló exhortar al Gobernador de la entidad, Alejandro Tello Cristerna, a que considere realizar cambios en la Dirección del Instituto de Cultura Física y Deporte del Estado de Zacatecas, para estar en mejores posibilidades de cumplir con los objetivos de este organismo público descentralizado, mismos que mandata la Ley de Cultura Física y Deporte del Estado de Zacatecas.

También se le solicita al Gobernador del Estado autorice la inmediata comparecencia ante el Pleno de esta Soberanía del Director del Instituto de Cultura Física y Deporte del Estado de Zacatecas, para que explique detalladamente las acciones y apoyos realizadas para fomentar las diversas manifestaciones, expresiones y contenidos de la cultura física, el deporte y la recreación en el Estado, así como los resultados obtenidos en esta materia.

Además, se exhorta a la Auditoría Superior del Estado de Zacatecas, a realizar una fiscalización detallada y minuciosa sobre el ejercicio y destino de los recursos públicos destinados al Instituto de Cultura Física y Deporte del Estado de Zacateca, durante los últimos 5 años y que los resultados de esta auditoría sean enviados a esta Soberanía.

Otra Iniciativa de Punto de Acuerdo, que fue considerada como de urgente y obvia resolución, fue la presentada por el diputado José Juan Mendoza Maldonado, mediante la cual se exhorta al Poder Ejecutivo del Estado, para que a través del Gabinete de Seguridad, se defina a la brevedad, la sede y domicilio legal del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública del Estado de Zacatecas, para los efectos jurídicos correspondientes. El Punto de Acuerdo fue avalado por unanimidad de la Asamblea con 23 votos a favor, al dispensarse los trámites establecidos.

El Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, participa en la evaluación de las políticas y de las instituciones de seguridad pública; integra un marco de seguimiento de los diversos programas en la materia; apoya para que las víctimas denuncien de forma pronta y expedita; promueve la participación de la sociedad en actividades vinculadas a la seguridad pública; emite su opinión sobre el Programa Estatal de Seguridad Pública. Por lo anterior, el diputado promovente dijo que ya que las funciones del Consejo son amplias y diversas, no puede quedar en una institución de fachada o de hule, sin sede física a donde la ciudadanía pueda acudir, por lo que es impostergable el definir su domicilio y sede de sus oficinas de manera inmediata, después de un año de haberse instalado.

Destacando el hecho de que corresponde al Poder Legislativo evaluar, revisar y vigilar, a través del órgano de fiscalización respectivo, si se está cumpliendo con los compromisos establecidos en los contratos de concesión de servicios públicos municipales, la legisladora Mónica Borrego Estrada presentó ante el Pleno la Iniciativa de Punto de Acuerdo por el que se invita ante este Poder Legislativo al alcalde de Guadalupe, Licenciado Julio César Chávez, para que en forma detallada exponga los avances registrados a la fecha en el contrato de concesión del servicio de luminarias, y que además, se instruya al titular del órgano de fiscalización para que evalúe y practique auditoria al contrato de concesión de instalación de luminarias al municipio de Guadalupe.

Lo anterior, luego de que la Sexagésima Segunda Legislatura del Estado autorizó en el 2017 el acto jurídico para que el Ayuntamiento de Guadalupe concesionara, para un período de nueve años, a una empresa privada, la instalación de 16 mil 500 luminarias, con un costo total de 354 millones 512 mil pesos. Detalló además situaciones, como el hecho de que de las luminarias comprometidas, la empresa ha colocado a la fecha solamente 8 mil cien, de las cuales un mil ochocientas ya están fallando y se ha detectado que 501 luminarias adicionales no corresponden a las que se convinieron, por lo que aseguró la legisladora, es necesario revisar y evaluar el servicio.

Tras considerar que es necesario comenzar a fomentar una nueva conciencia y visión con respecto a la organización de ferias municipales, regionales y nacionales, por ser realizadas con recurso público, el diputado Raúl Ulloa Guzmán dio a conocer a la Asamblea la Iniciativa de Punto de Acuerdo por la que se exhorta al Gobernador del Estado, para que el Coordinador General del Comité Organizador de la Feria Nacional de Zacatecas, C. Benjamín Medrano Quezada, comparezca ante esta Legislatura, antes del inicio de las festividades en su edición 2019.

Reconoció la expectativa generada en las últimas semanas, donde el ánimo y revuelo generado con el anuncio de la presencia de artistas de gran renombre, incluso algunos de talla internacional, ha producido beneplácito por la derrama por concepto de turismo o por los propios zacatecanos, pero a su vez, aseguró que son muchos los cuestionamientos que giran en torno a esta edición ante la misma situación, por lo que propuso a esta Soberanía, que en cumplimiento de la labor como representación popular y conforme al sistema de equilibrio de poderes, de pesos y contrapesos, pero sobre todo de rendición de cuentas y como vigilantes de la ejecución del dinero público, se coadyuve entre ambos poderes para poder dar respuesta puntual a dichas incógnitas, a partir de la comparecencia del Coordinador General, antes de que se lleve a cabo la edición 2019 de la FENAZA.

Ante una denuncia sobre uso de maquinaria de SECAMPO por particulares para beneficio personal, se dio a conocer ante los asistentes la Iniciativa de Punto de Acuerdo elaborada por la diputada Alma Gloria Dávila Luévano, por la que propone que la Legislatura del Estado haga un atento pero enérgico exhorto al gobierno del Estado de Zacatecas y a su titular Alejandro Tello Cristerna a que, los recursos, bienes muebles e inmuebles del gobierno del Estado de Zacatecas, tengan uso única y exclusivamente, para atender demandas sociales.

El llamado al gobernador del estado Alejandro Tello Cristerna, se sustentó específicamente en el señalamiento contra el Secretario del Campo, quien se aseguró, presta la maquinaria a un amigo,  para que éste invada espacios comunales, derrumbe bordos de contención del arroyo interrumpiendo el cuse natural, y dañando a los usuarios colindantes. Por otra parte, se denuncia también en la iniciativa, que una retroexcavadora fue negada a colonos de San José del Río en Tacoaleche, aun cuando el riesgo de derrumbe y daño a las viviendas es eminente, y en lugar de atender una necesidad y demanda social, sólo se les mandó una maquina en mal estado, que requirió reparación para medio atender el trabajo.

La diputada Roxana del Refugio Muñoz González consideró ante la Asamblea la necesidad de información puntual respecto de diversos festivales, como: el Festival Cultural Zacatecas, el Festival Zacatecas del Folclor Internacional, el Festival Internacional de Teatro de Calle, entre otros, desde las convocatorias, criterios de participación y exclusión de artistas y municipios; la forma en que se eroga el recurso en la organización y en la presentación de la variedad artística que se presenta, así como saber el destino puntual del recurso en efectivo recibido por cuotas de recuperación, conocer a los proveedores y que estos no subcontraten servicios.

Propuso un Punto de Acuerdo por el que se cita a comparecer ante el Pleno de esta Soberanía Popular al Director del Instituto Zacatecano de Cultura “Ramón López Velarde”, Licenciado Alfonso Vázquez Sosa, para que explique puntualmente respecto a la planeación, estrategias, acciones y resultados en materia de desarrollo cultural; referente a su estructura orgánica, informando el detalle de los Festivales que realiza, la relación que mantiene con el sector artístico y cultural zacatecano y sobre el conflicto de interés del cual es acusado por beneficiar a la Orquesta Filarmónica de Zacatecas y su relación con esta, situación que también planteó en la máxima tribuna de la entidad.

Se dio a conocer la Iniciativa con Proyecto de Decreto remitida por el H. Ayuntamiento de Zacatecas, por la que plantean reformar la Ley de Ingresos del Municipio para el Ejercicio Fiscal del 2019 contenida en el Decreto número 106, a fin de modificar el ordenamiento invocado, para que se reflejen fielmente los recursos económicos que se proyectaron recaudar en el Presupuesto de Ingresos, y con ello, se evite una afectación a las finanzas públicas municipales y de esta manera conservar un balance presupuestario sostenible.

La propuesta es para que se reforme la Ley de Ingresos, concretamente el inciso b) del artículo 84, referente al cobro del derecho en cita; para que a las personas físicas o morales propietarias, poseedoras, usufructuarias o usuarias de predios destinados a uso general que compren energía eléctrica en media tensión ordinaria, en media tensión horaria y alta tensión horaria en nivel sub transmisión, se aplique el cobro del derecho por el servicio de alumbrado público, considerando el 8 por ciento sobre el monto de la energía comprada, con la finalidad de brindar proporcionalidad y equidad en el cobro de este derecho.

El diputado José Dolores Hernández Escareño sometió a la consideración de esta Asamblea la iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Penal para el Estado de Zacatecas, y por el que se reforma el artículo 51 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Zacatecas.

Del Código Penal de la entidad, propone la introducción de disposiciones generales que tendrá como consecuencia jurídica que ahora se entienda para los efectos de este Título, como servidor público a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión en alguno de los poderes del Estado, órganos constitucionales autónomos, en los municipios y organismos auxiliares, así como los titulares o quienes hagan sus veces en empresas de participación estatal o municipal, sociedades o asociaciones asimiladas a éstas y en los fideicomisos públicos, mismas que también serán aplicables al Titular del Poder Ejecutivo Estatal, a los Diputados Locales, y a los Jueces y Magistrados de los Tribunales de Justicia del Estado de Zacatecas.

Se establece que se impondrán las mismas sanciones previstas para el delito que se trate, a cualquier persona que participe en la comisión de alguno de los delitos previstos en este Título. Además, se impondrá a los responsables de su comisión, la pena de destitución e inhabilitación para desempeñar cualquier empleo, cargo o comisión en el servicio público, así como para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas, concesiones de prestación de servicio público o de explotación, aprovechamiento y uso de bienes de dominio del Estado o Municipio.

También se propone incluir que para la individualización de las sanciones previstas en este Título, que el juez tomará en cuenta, en su caso, el nivel jerárquico del servidor público y el grado de responsabilidad del encargo, su antigüedad en el empleo, sus antecedentes de servicio, sus percepciones, su grado de instrucción, la necesidad de reparar los daños y los perjuicios causados por la conducta ilícita, así como las circunstancias especiales de los hechos constitutivos del delito.

Por otro lado, la reforma al artículo 51 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Zacatecas, propone añadir una fracción tercera al referido, para que las sanciones aplicables a los servidores públicos señalados en los artículos 148 y 151 de la Constitución Política del Estado, mediante juicio político sean: Inhabilitación de por vida para desempeñar funciones, empleo, cargo o comisión, así como para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas, concesiones de prestación de servicio público o de explotación, aprovechamiento y uso de bienes de dominio del Estado o Municipio, cuando sea por actos de corrupción.

Paragenerar carrera parlamentaria, que permita conocer más y de mejor manera el quehacer legislativo, y por tanto hacer más eficiente los procesos parlamentarios haciendo experiencia con mayor profesionalización, el diputado Eduardo Rodríguez Ferrer presentó ante el Pleno la Iniciativa con Proyecto de Decreto mediante el cual se reforma el artículo 51 de la Constitución Política del Estado de Zacatecas, proponiendo extender al máximo permitido el número de períodos consecutivos para ser reelecto en el encargo de legislador, a no más de  12 años.

Sentenció el legislador, que la reelección legislativa permite dar continuidad y consistencia a las funciones inherentes de los diputados locales, pues la misma Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos le otorgó a las constituciones estatales la facultad de establecer las reglas para la reelección consecutiva de sus legisladores; por lo que aseguró que, la reelección legislativa debe permitir un mejor ejercicio de rendición de cuentas entre los representantes y los representados, devolviendo al ciudadano la posibilidad de premiar o castigar a su legislador mediante su voto, generando entre los diputados incentivos para ejercer de mejor manera sus funciones.

El diputado Edgar Viramontes Cárdenas propuso a la Asamblea la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones a la Ley de Desarrollo Social para el Estado y Municipios de Zacatecas, a fin de incorporar puntualmente las formas de organización social del Sector Social de la Economía, con sus respectivos instrumentos normativos de fomento con el fin de articular sus relaciones con la estructura económica y el sector público. Por tanto, se agrega un artículo 23 Bis para incluir en la política estatal y municipal de desarrollo social, una serie de medidas, pautas de acción y lineamientos de fomento al Sector Social de la Economía.

Detalló el promovente, que aunque esta la Ley de Desarrollo Social del Estado de Zacatecas menciona al Sector Social de la Economía como tal, no lo define ni delimita su conformación, por lo que en esta Iniciativa plantea integrar su definición en el glosario para dotarla de mayor claridad conceptual, al mismo tiempo de establecer pautas normativas para que la política estatal y municipal de desarrollo social fomenten a este importante sector de la economía; además incorpora el principio de transversalidad dentro de los principios de la política de desarrollo social con su respectiva definición para establecer sus alcances; así como el principio del interés superior de la niñez.

Reconociendo a la educación artística como un objeto de conocimiento determinante para el desarrollo integral de las personas, además de valorar su potencial intrínseco para fomentar en ellas la creatividad y proporcionarles disfrute a través de la apreciación estética, la diputada Alma Gloria Dávila Luévano presentó la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona un capítulo IX Bis a la Ley de Desarrollo Cultural para el Estado y Municipios de Zacatecas.

La Iniciativa plantea una serie de pautas normativas para validar el derecho de todos los zacatecanos a participar libremente en la vida artística de la comunidad, mediante el acceso a la cobertura de actividades, bienes y servicios artísticos que proporcionan las instituciones educativas y culturales.

Esta propuesta integra una serie de acciones a ejecutar por parte del Ejecutivo del Estado y los Ayuntamientos, en el respectivo ámbito de su competencia, en apoyo a la creación, investigación, formación y capacitación en las diferentes disciplinas artísticas. En particular, el Instituto Zacatecano de Cultura, como órgano rector de la política cultural, y la Secretaría de Educación de Zacatecas, como responsable de los servicios educativos en la Entidad; deberán coordinarse para diseñar las estrategias que garanticen la calidad de la educación artística en las instituciones de Educación Básica y Media Superior, con la participación de los integrantes del Sistema de Desarrollo Cultural del Estado de Zacatecas.

El diputado Francisco Javier Calzada Vázquez presentó la Iniciativa de Decreto por el que se reforma al artículo 22 del Código Urbano del Estado de Zacatecas, en sus fracciones XXXVII y XXXVIII, para que se norme a fin de que en todos los edificios públicos y en los privados de uso público, se sustituyan las tazas y mingitorios por elementos ecológicos.

La propuesta fue sustentada por el legislador, considerando que existen medidas, que en apariencia son sencillas y menores, como la sustitución de tazas y mingitorios, que pueden llegar a disminuir el consumo de agua indiscriminado hasta en trecientos mil litros de agua anualmente, por cada mingitorio ecológico en funciones que sustituya a los convencionales anteriores. En tanto que las tazas sanitarias de catorce y hasta de diecisiete litros pueden ser sustituidas por otras que consuman solamente entre cuatro y siete litros, lo que permitirá ahorrar en ese solo concepto más del cincuenta por ciento del consumo cotidiano.

Para fomentar la nutrición segura y suficiente para los lactantes y niños pequeños en el Estado de Zacatecas, a partir la educación de la familia y la protección de la lactancia materna, la diputada Karla Dejanira Valdez Espinoza sometió a la consideración de esta Asamblea, la Iniciativa de Ley para la Promoción, Apoyo y Protección a la Lactancia Materna del Estado de Zacatecas.

La propuesta de Ley se integra por treinta y un artículos, divididos en ocho capítulos, es de orden público, interés social, de aplicación obligatoria y observancia general en el Estado de Zacatecas, tiene por objeto promover, apoyar y proteger el derecho a la lactancia materna y las prácticas óptimas de alimentación de lactantes y niñas y niños pequeños, a fin de garantizar su vida, su salud, crecimiento y desarrollo integral, con base en el interés superior de la niñez.

Quienes integran la Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, presentaron ante la Asamblea el dictamen mediante el cual se exhorta de manera respetuosa, al titular del Poder Ejecutivo del Estado de Zacatecas, para que a través de la Secretaría de Educación a su cargo, informe a esta soberanía sobre las causas que originaron la caída del sistema de preinscripciones escolares que se evalué y audite el programa; que se determine si existen o no responsables de la falla para que se apliquen las sanciones administrativas correspondientes, y que se entere a este Poder a que empresa se contrató y cuál fue el costo de la renta de servidores.

Continuando en tribuna, los integrantes de la Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación dieron a conocer el dictamen por el que se exhorta a la Coordinación Estatal de Bibliotecas a que, en un plazo no mayor a quince días naturales, rinda un informe detallado a este Congreso sobre la situación que guarda la infraestructura física, los recursos materiales y el acervo de los establecimientos que conforman la Red Estatal de Bibliotecas Públicas.

Por otra parte, las y los integrantes de la Comisión de Asuntos Electorales y Participación Ciudadana, presentaron el dictamen mediante el cual se exhorta al Consejo General del Instituto Nacional Electoral, para que analice la posibilidad de dar continuidad al procedimiento de comprobación del Sistema del Voto Electrónico por Internet para Mexicanos Residentes en el Extranjero que señala el artículo décimo tercero transitorio de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, a efecto de que, en coordinación con el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, se esté en posibilidades de implementarlo en el próximo proceso electoral del Estado y con ello garantizar el derecho de los referidos ciudadanos a participar en la elección a Gobernador.

Los integrantes de la Comisión Legislativa de Hacienda y Fortalecimiento Municipal presentaron ante la Asamblea, el dictamen por el cual autorizan al Ayuntamiento de Fresnillo, celebrar con la Secretaría de la Defensa Nacional, un contrato de comodato por un periodo de treinta 30 años respecto de un inmueble de 4 hectáreas,  a fin de que se instale la Guardia Nacional.

Las y los integrantes de la Comisión de Asuntos Electorales y Participación Ciudadana, hicieron del conocimiento de los asistentes, del dictamen en sentido desaprobatorio, respecto de la Iniciativa que proponía exhortar al Gobernador del Estado a someterse al mecanismo ciudadano de revocación de mandato en el presente año. En el dictamen se establece que se consideró improcedente la iniciativa, por contravenir lo previsto en el Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de conformidad con la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Finalmente, los integrantes de la Comisión Legislativa Jurisdiccional, presentaron el dictamen por el que esta Comisión Dictaminadora emite su opinión fundada en el sentido de que los ciudadanos Gustavo Hernández Torres, Enrique Ruvalcaba Enríquez y Arnoldo Valadez Quirarte, cumplen con los requisitos constitucionales y legales para desempeñar el cargo de Síndico Municipal de Apozol, Zacatecas, integrando así, la terna para la elección de la Síndico Municipal Sustituto de Apozol, Zacatecas.