Como Secretario de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, el diputado federal Miguel Ángel Torres Rosales, exigió que sea esclarecida la muerte de 50 migrantes que viajaban en un tráiler, que fue abandonado, con los cuerpos, y 16 personas vivas, en San Antonio, Texas, EU, a 250 kilómetros de la frontera mexicana, producto del probable tráfico de personas.

Su postura es parte del posicionamiento público que ña.comisión dieron a conocer conjuntamente, tras los hechos sucedidos el lunes en los Esrados Unidos de América, y evidencian un caso de corrupción en la frontera, que atraviesa por la debilidad institucional y la falta de coordinación entre los gobiernos nacionales, entidades fronterizas e instituciones migratorias.

Por lo anterior y dejando de lado sus diferencias ideológicas, la Comisión de Relaciones Exteriores unieron su voz para exhortar a los gobiernos de Estados Unidos, México, Guatemala, Honduras y El Salvador a “asumir una postura de corresponsabilidad regional y colaborar estrecha y coordinadamente para respetar y proteger los derechos humanos de migrantes».

Torres Rosales indicó que el órgano legislativo solicitó que las cinco naciones apliquen todos los instrumentos internacionales existentes en la materia para resolver este caso y atender en sí el problema de la migración, como lo es el pacto de las Naciones Unidas por la Migración Segura, Ordenada y Regulada, a fin de que no vuelvan a suceder acontecimientos atroces como el ya conocido.

El zacatecano lamentó el deceso de los 50 migrantes, entre esos 22 mexicanos, siete guatemaltecos y dos hondureños, y expresó su solidaridad y la de sus compañeros de la bancada del PRD a las familias de las víctimas, e hizo votos por la pronta recuperación de las 16 personas que fueron encontradas con vida, entre ellas cuatro menores, en el interior de la unidad.

Finalmente, indicó que, en el posicionamiento conjunto, la Comisión Legislativa reconoce la actuación de la SecretarÍa de Relaciones Exteriores (SER) para coordinarse con las autoridades estadounidenses para resolver el caso y apelaron a la responsabilidad compartida en esta parte de la región de América para que sus políticas migratorias prioricen el derecho a la vida de las personas migrantes.