La terquedad del gobierno federal por mantener a las fuerzas armadas en las calles para combatir a los miembros del crimen organizado, cobró ayer la vida de otro menor de edad, luego de que militares marcaran el alto al automóvil en el que viajaba junto con su familia, cuyo chofer supuestamente no respetó la orden marcada por efectivos del Ejército durante un reten en Escobedo, Nuevo León.

Este lamentable suceso se une a una larga lista de acontecimientos similares en los que se han visto involucrados elementos castrenses desde el inicio del actual gobierno, lo que demuestra una vez más que contrario a lo que aseguró Felipe Calderón, que el Ejército seguirán en las calles hasta el final de su sexenio, los militares deben regresar de forma inmediata a sus cuarteles, pues están realizando funciones ajenas a las marcadas constitucionalmente.

Las muertes de Bryan y Martín Almanza Salazar, el pasado mes de abril en Nuevo Laredo, Tamaulipas; o la muerte de tres menores de edad en un retén, el 1 de junio de 2007, en un retén en Sinaloa de Leyva, son sólo algunos ejemplos de que los militares no están capacitados adecuadamente para enfrentar situaciones de crisis, a las que responden de manera irracional con el uso de sus armas, sin distinguir entre delincuentes y ciudadanos –muchos de ellos niños y niñas- ajenos al fenómeno del narcotráfico.

Exigimos a Felipe Calderón Hinojosa releve de una vez por todas a los miembros del Ejército adscritos a tareas de combate al narcotráfico, pues los “errores” cometidos por algunos de sus miembros poner en entredicho el prestigio que le queda a dicha institución.

No podemos permitir que civiles continúen muriendo todos los días por las decisiones de un gobierno que se empeña en incluir al Ejército como parte de una errónea estrategia de combate al crimen organizado, que continúa dejando a su paso miles de “daños colaterales” que no tiene pena en reconocer.