La senadora Geovanna Bañuelos de la Torre solicita al Gobernador del estado de Zacatecas, Alejandro Tello Cristerna, un informe integral y actualizado de la fuga de 12 reos del Centro de Regional de Reinserción Social (CERERESO), de Cieneguillas, ocurrida el 6 de mayo del 2020..

Lamentó que las autoridades tengan desatendidas la seguridad y estabilidad del CERERESO, y recordó que en años recientes ocurrieron fugas masivas, sustracción de reos, riñas y motines.

Consideró necesario que el gobierno estatal elabore y presente al Congreso de la Unión el plan de reestructuración del Sistema Penitenciario en la entidad, eso, para mejorar las condiciones del personal, mecanismos de seguridad al interior de los Centros de Readaptación Social y nuevas medidas para evitar futuras fugas.

La petición la hizo mediante punto de acuerdo, y lo presentará a las la Comisión Permanente, pedirá a los gobernadores de Zacatecas, Durango, Coahuila, San Luis Potosí, Aguascalientes y Jalisco implementar coordinación para capturar a los 12 regos evadidos, pero también fortalecer los instrumentos de prevención del delito y de seguridad en la región.

Aseguró que la fuga evidencia anomalías, como que policías estatales que siempre están de guardia afuera del penal, a bordo de varias patrullas, no reaccionaron para detener a los reos.

“El sistema penitenciario en Zacatecas muestra un descuido en cuanto a su organización y al trato al interior de los distintos Centros de Reinserción Social”, lamentó.

Recordó que en febrero de este año se solicitó al Estado de Zacatecas un informe de lo ocurrido en una cárcel distrital, en el que el jefe de custodios abusó sexualmente de una interna, que, además, estaba en un penal varonil.

“Tenemos claras las dificultades por las que atraviesa el sistema penitenciario en el estado de Zacatecas. Los últimos dos directores del Cerereso no han podido atender ni resolver los problemas que han tenido en frente, por lo que han sido destituidos a los pocos meses de su nombramiento”, reconoció.

Las personas que se fugaron, estaban condenados por delitos de homicidio, secuestro, posesión de armas de uso exclusivo del Ejército, y delitos contra la salud.