Por Jacobo Cruz

Ya son 41 días del asesinato de Conrado Hernández y Mercedes Martínez, líderes antorchistas en Guerrero y del hijo de la pareja (un niño de tan sólo 5 años de edad), pero a la fecha no se ha detenido a los autores intelectuales y materiales de estos crímenes y ante el silencio de las autoridades la denuncia aumenta para enterar a todos los mexicanos del asesinato político de los compañeros de lucha.

Fue el 12 de abril cuando supimos de la muerte de los luchadores sociales que desde jóvenes abrazaron la defensa de los pobres, ambos eran integrantes del Comité Estatal de Antorcha en Guerrero. En un principio se suponía un accidente carretero, pero con los resultados del peritaje esta duda fue disipada: Conrado y Mercedes fueron asesinados mediante golpes en el cuerpo y en la cabeza y su hijo fue asfixiado. A partir de entonces hemos pedido a las instancias de justicia de Guerrero que se haga una investigación urgente pero hemos sido ignorados a pesar de que es una causa completamente justificada; hasta el momento no se ha detenido ni encarcelado a nadie, las autoridades guardan silencio, como protegiendo a los criminales o apostando al olvido de los dolientes.

El acto se circunscribe en una campaña de persecución emprendida por el Presidente Andrés Manuel López Obrador desde su triunfo en las urnas con el fin de desaparecer a todas las organizaciones sociales que consideraba enemigas de su proyecto, donde puso especial interés en el Movimiento Antorchista Nacional contra quien intentó de todo, pero no lo logró. En consecuencia no puede descartarse que este acto esté circunscrito en esa campaña de aniquilamiento, que al no dar resultados se esté pasando a otro nivel, al asesinato, con el fin de sembrar terror entre los activistas de Antorcha.

El hecho violento ocurrió en medio de la polarización social que el mandatario  ha provocado con su actuar, pues desde el día que asumió el poder de la nación se ha dedicado a acusar de “corruptos”, “retrogradas”, “conservadores” y otros tantos calificativos que usa en contra de todo aquel que considera es su oponente y se atreve a cuestionar sus decisiones.

Muchos mexicanos han aceptado que en las mañaneras hay violencia verbal y esta es gravísima porque alienta a potenciales criminales, que en cierta forma se sienten protegidos por la autoridad. Y esto no es mentira, pues la contabilización del número de ambientalistas asesinados llegó a más de 90 en tan solo dos años de la 4tat en el escenario que creó el presidente.

Y de acuerdo a la investigación de la organización civil internacional Front Line Defenders, los activistas sociales en México corren un alto riesgo porque constantemente son asediados por grupos delincuenciales, políticos y empresariales, que ven en la actividad diaria de estas personas un peligro para sus intereses y esta es una de las actividades más peligrosas en el país. Según esta ONG, el problema ha crecido por la impunidad que sigue en el país, pues “cualquier persona que se proponga atacar a un activista, quizá en asesinarlo, puede estar razonablemente seguro de que no le pasará nada, pues a quienes realizan este tipo de acciones casi nunca se les castiga”.

Los recientes asesinatos demuestran que los luchadores sociales son muy vulnerables en los tiempos de Morena, pues el discurso y práctica del mandatario federal ha sido copiado por gobernadores, diputados, alcaldes y hasta por barrenderos que eternamente han vivido del presupuesto público en administraciones de todos los colores, pero que ahora se pasaron al guinda. Así que López Obrador es el responsable pues igual se lanza contra activistas sociales, en contra  defensores de derechos humanos, periodistas, magistrados de la Suprema Corte, contra funcionarios del INE o INAI, pues le estorban así que hay que acusarlos de corruptos, de privilegiados y vendidos y que sobre ellos caiga todo el odio al ser responsables, según él, de los males de México.

Nuestros compañeros Conrado, Mercedes y Vladimir fueron víctimas de esa forma de gobernar, la de acusar sin pruebas, la de asumirse como juez de la moral pública y privada y  la de entregar dinero a la gente para que calle ante las atrocidades que comete.

Ante la omisión de la justicia, el jueves 25 de mayo, de manera respetuosa pero enérgica acudiremos al Palacio Nacional para pedir un diálogo con el presidente de México, pretendemos explicarle el problema y pedirle su intervención para lograr la justicia en Guerrero, (que implica una investigación seria y urgente sobre las causas del crimen, encontrar y encarcelar a los sicarios); y el martes 6 de junio, miles de antorchistas de varios estados del país acudiremos a Guerrero para conmemorar el “Día de los mártires antorchistas”, en el que la exigencia será la misma: cárcel para los asesinos de Conrado, Mercedes y su hijo.