​El Fideicomiso Zacatecas fue instruido a entregar un acta de comité para avalar a reserva de información respecto de las direcciones Protocolo de Internet (IP) de los equipos de cómputo que, tiene conforme se resolvió en la sesión ordinaria que el miércoles celebró el pleno del Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IZAI).

Con lo anterior se respondió una solicitud dded un particular que pidió esas direcciones, y que son una serie numérica para identificar una computadora dentro de una red, y solicitó el nombre de los servidores públicos que tienen el equipo.

Cuando recibió la solicitud, el Fideicomiso Zacatecas se declaró incompetente para responder, y argumentó que los equipos de cómputo le fueron asignados por la Secretaría de Administración, sin embargo, tiene el resguardo del material y debe contar con las direcciones IP, explicó la comisionada Fabiola Torres Rodríguez, ponente del caso.

No obstante, de proporcionar los datos se abriría la posibilidad de que un externo accediera de forma ilícita a los equipos, mediante la vulneración de alguna computadora.

“Conocer la dirección IP de un ordenador da un acceso total a datos personales, a la intromisión de algún virus o incluso a la modificación de información, esta es la prueba de daño bajo la cual se debe reservar la información”, explicó Torres Rodríguez.

Se determinó revocar la respuesta del Fideicomiso Zacatecas e instruirle para que en cinco días su Comité de Transparencia sesione y emita un acta en la cual aplique la prueba de daño correspondiente para reservar la información. Este documento será enviado al solicitante de la información.

En la ponencia de una inconformidad interpuesta contra la Secretaría General de Gobierno, la comisionada Julieta Del Río Venegas explicó que un solicitante pidió documentos que comprueben la selección en base a convocatoria del Comisionado Local de Búsqueda de Personas y el Coordinador Local en la materia.

Entre lo solicitado estaba el currículum, cédula profesional, acreditación en derechos humanos y estudios forenses y acreditación de experiencia en la búsqueda; transcurridos los 20 días de ley para responder la Secretaría General de Gobierno envió la información.

La recurrente se inconformó al no recibir comprobante de estudios del Comisionado Local de Búsqueda de Personas, y en sus manifestaciones el sujeto obligado completó la información e hizo llegar tanto al IZAI como a la ciudadana la información del Ing. Mecánico Javier Ramírez García, Comisionado Local.

Por lo anterior, el Pleno determinó dejar sin efecto la inconformidad y cerrar el caso.