El INE cuenta con dos fideicomisos, amparados en la ley, en su autonomía y su operación es transparente; son el Fondo para Atender el Pasivo Laboral, para la protección de los derechos de los trabajadores, y el Fondo para el cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria del INE, que incluye el Fondo para la Atención Ciudadana y mejoramiento de Módulos del INE

Ambos tienen funcionamiento totalmente diferente; es decir, destino u objeto, fuente de financiamiento, comité, reglas de operación y cuenta bancaria, entre otros. 

Los recursos con que se cuentan en dichos instrumentos no pueden utilizarse para un fin distinto al que fueron creados, debido a que la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria en su artículo 11establece:

…La unidad responsable de la dependencia o entidad con cargo a cuyo presupuesto se hayan otorgado los recursos, o que coordine su operación, será responsable de que se apliquen a los fines para los cuales fue constituido el fideicomiso.

Los fideicomisos no son ilegales. Se encuentran sustentados desde la Constitución Política que determina que el INE contará con los recursos presupuestarios, técnicos, humanos y materiales que requiera para el ejercicio de su función.

En conjunto, los fideicomisos tienen un saldo de 1,353.09 millones de pesos, de los cuales sólo 626.15 millones de pesos se encuentran disponibles, pero no pueden usarse para otros fines que los especificados.

El ejercicio de estos fideicomisos, además, es totalmente transparente, ya que tal y como lo establece la norma correspondiente, se informa trimestralmente a la Junta General Ejecutiva del estado que guardan los fideicomisos y dicho informe se hace público en la página del Instituto.

En el ejercicio de los fideicomisos se atiende la sentencia dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el expediente RAP20/2022, que señala, con mucha claridad, que una de las cuestiones que tiene que atender el Instituto con los recursos, en particular de este año, es el respeto a los derechos laborales de los trabajadores y las trabajadoras de la institución.