Ante el incremento al precio de los hidrocarburos, y eso presagia una catástrofe para las clases medias y bajas a partir del primero de enero del 2017.

Así lo dijo Felipe Pinedo, integrante de la dirigencia colectiva del Frente Popular de Lucha de Zacatecas (FPLZ), en conferencia de prensa, y agregó que la embestida represiva del gobierno del estado en contra de los habitantes de Salaverna, nos espera un año incierto.

El gobierno federal y Alejandro Tello en Zacatecas, no muestran una política clara y, en el caso local  “se ha desfasado en su gobierno diferente”.

Consideró que el efecto mayor en el incremento de las gasolinas y el diesel lo sentirá el sector agropecuario en Zacatecas, por ser la actividad que más economía genera en el estado.

Lamentó que el gobierno de la república no tenga estrategia clara en ese sentido y siga comprando gasolina en el extranjero, lo que significa una sumisión a las fluctuaciones del precio del dólar y la alarmante recesión de la economía que nos llevará a una catástrofe financiera en todos los sectores, y eso provocará que el número de mexicanos en extrema pobreza se incremente de manera sustancial.

“Por eso reprobamos esta política de exterminio social, que nos garantiza que dejen a la deriva y en bancarrota a 90 millones de mexicanos”, sostuvo.

A ello le agregamos, añadió, la escasez del producto y la liberación del precio que, en el caso de Zacatecas, beneficiará sólo a 10 familias que son las dueñas de las gasolineras en todo el estado, y son los anteriores secretarios de finanzas de los gobiernos a partir del de Genaro Borrego, por lo que sería bueno transparentaran e informar a la población quiénes son estos políticos que hicieron dinero a partir del erario público.

Mostró su respaldo social a los habitantes de Salaverna y convocar a una gran caravana nacional para respaldar a este pueblo con más de cien años de historia, el también dirigente del Frente de Comunidades Afectadas por la Minería (FCAM), condenó las formas y la estrategia represiva utilizada por el gobierno del estado en el desalojo y la destrucción de la comunidad de Salaverna, en el municipio de Mazapil.

Además de la destrucción física de la iglesia y las casas, la acción punitiva ordenada por el gobierno estatal a través de la secretaría general de Gobierno, a cargo ésta de Gilda Fabiola Torres, ha dejado un daño psicológico, la violación de los derechos humanos y la violación del patrimonio histórico.

Pidió la destitución del director de Protección Civil, Juan Antonio Caldera Alaniz, por atribuirse funciones que no le corresponden; que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realice una exhaustiva investigación para determinar la culpabilidad del gobierno por violar las garantías de los habitantes, así como una investigación por privación ilegal de la libertad y por estado de sitio que declararon de manera indebida.

Esperó que los diputados de la LXII Legislatura respalden la demanda de juicio político contra el gobernador por sus torpezas en contra del pueblo y a favor de las mineras.

Anunció que las organizaciones que respaldan a Salaverna y sus habitantes, han acordado realizar una acción de resistencia civil nacional e internacional, mediante una caravana desde diferentes partes del país para defender a este pueblo heroico.

“El FPLZ respalda esta lucha y queremos decirle al gobierno del estado que no se equivoque, porque es el principal en respetar el estado de derecho ante un asunto de orden  federal, y está impedido para realizar acciones que están fuera de la Constitución y no entrometerse donde no lo llaman”, afirmó finalmente el dirigente del FPLZ y miembro de la dirigencia de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA).