El diputado federal Miguel Ángel Torres Rosales presentó una iniciativa para reformar la Ley General de Salud, y establecer el derecho del usuario a tener acceso al costo de los tratamientos y atención médica durante el diagnóstico, y así evitar los altos precios en la iniciativa privada en la atención por covid-19.
La propuesta de Torre Rosales contempla la obligatoriedad de los prestadores de servicios de salud privada de mostrar con antelación los costos de sus servicios, exponerlos a la vista de usuarios y mantenerlos hasta concluir el tratamiento, aun cuando el paciente cuente con algún seguro médico y, de ser el caso, que sean las mismas tarifas que se apliquen en la cuota que cubrirá dicho seguro.
El diputado explicó que la elaboración de la iniciativa responde a las múltiples quejas de usuarios de hospitales, clínicas y laboratorios privados, que denunciaron ante la PROFECO aumentos exorbitantes en sus servicios durante el 2021 y 2022, que van desde el 15 al 20 por ciento en relación con el índice inflacionario, que fue de un porcentaje del 2.83 y 7.36, respectivamente.
Al reconocer que, ante la crisis del sistema de salud pública y la pésima estrategia para enfrentar la pandemia que dejó más de 300 mil muertes, el ingreso al sector privado fue para muchas familias mexicanas la alternativa a la que se vieron obligadas a acceder para salvar la vida de sus seres queridos contagiados del Coronavirus.
Esas familias, denunció, fueron forzadas a empeñar o perder todo su patrimonio, con el único propósito de ser atendidas en hospitales y clínicas privadas, porque el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador no les cumplió el compromiso de contar con una salud pública como la de Dinamarca.
Torres Rosales calificó de rapaz al sector privado de la salud, ya que ofertaron atención y tratamientos médicos con costos entre 150 mil a 600 mil pesos, y en varios casos llegó hasta el 1 millón. La voracidad de los “empresarios de la salud” en los tiempos del Covid-19 es tal que al ingreso los familiares tuvieron que hacer grandes depósitos y firmar pagarés en blanco.
Sí los servicios de salud privados de por sí ya eran costosos, la pandemia los hizo inaccesibles en un país donde el 60 por ciento de su población vive en pobreza y que tiene un deficiente sistema de salud pública, en el que la constante es la carencia de medicamentos, falta de personal y deterioradas instalaciones.
Por lo anterior, Miguel Torres impulsa la reforma de la Ley General de Salud, que permitiría a la población ingresar a la atención privada, contar con precios accesibles, personal especializado e información oportunidad sobre diagnósticos y tratamientos, concluyó.