En un hecho histórico para Zacatecas y toda la República Mexicana, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó la legalidad de los Impuestos Ecológicos impulsados por el Gobierno de Alejandro Tello y aprobados por los integrantes del Congreso local en diciembre de 2016. 

«No es un triunfo para Alejandro Tello, es un triunfo para el federalismo mexicano, que beneficiará a todos los estados de la República», destacó el Gobernador, quien explicó que la iniciativa promovida por su administración ahora no sólo tiene el aval de los Poderes de su Estado, sino también del Poder Judicial de la Federación, lo que demuestra la legalidad de las decisiones que se toman en beneficio de los ciudadanos.   

Con ocho votos a favor y dos en contra, la y los Ministros de la SCJN determinaron que el Estado de Zacatecas no invadió las facultades del Gobierno Federal en el cobro de impuestos, como se estableció en la controversia constitucional promovida el 14 de febrero de 2017 por Alfonso Humberto Castillejos Cervantes, entonces Consejero Jurídico del Poder Ejecutivo Federal, mediante oficio 1.0230/2017. 

En dicho documento, la Presidencia de la República, que en esas fechas estaba encabezada por Enrique Peña Nieto, pidió declarar la invalidez de los artículos 6 al 36 de la Ley de Hacienda de Zacatecas, y las normas relacionadas a la aplicación de los Impuestos Ecológicos en sus diversas modalidades.  

Desde ese momento, la entidad cobró relevancia nacional, pues, gracias a la iniciativa del Ejecutivo estatal y el apoyo de las diferentes fracciones representadas en el Congreso local, el máximo tribunal del país analizó, discutió y validó la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas. 

«Lo dije desde que presentamos el paquete económico al Congreso: éste es un acto de estricta justicia social y reciprocidad con Zacatecas, y no una imposición deliberada para las empresas, ni tampoco un capricho personal», recordó el mandatario. 

Aclaró que, si bien la SCJN ya validó la facultad del estado para cobrar el impuesto, aún resta por determinar el cómo se realizará este proceso, ya que se contempla que las empresas paguen por emisiones de gases a la atmósfera; contaminación de suelo, subsuelo y agua, así como depósito y almacenamiento de residuos. 

También, dijo, falta que el máximo tribunal se pronuncie respecto a los amparos que fueron promovidos por las empresas privadas, pero consideró como un triunfo la resolución de la y los magistrados, ya que colocan a Zacatecas como punta de lanza en materia de responsabilidad ambiental.  

El mandatario reconoció y agradeció el respaldo incondicional de los integrantes de la LXII Legislatura, quienes fueron los responsables de aprobar en 2016 el paquete económico. 

«Con esto demostramos que, sin importar los colores partidistas, hacer equipo por Zacatecas y trabajar unidos, no sólo se refleja en buenos resultados, sino en legados que quedarán para la historia de nuestro estado», expresó Alejandro Tello.  

Destacó que con la validación de los Impuestos Ecológicos ahora todas las empresas, sin importar su rama de actividad, serán corresponsables con el estado y su población, en la medida en la que contaminen y esos recursos permitirán conservar y preservar el medio ambiente. 

El titular del Ejecutivo agregó que con el pago del impuesto no se perderán empleos, no se «ahorcará» a ninguna empresa, ni se afectarán las percepciones de los trabajadores. Por el contrario, en cumplimiento a los tratados internacionales, se promoverá la prevención y se incentivará a las empresas que en armonía con las comunidades y su entorno protejan al medio ambiente, mediante diferentes frentes que tienen que ver con salud, educación y remediación ambiental, por mencionar algunos.  

Alejandro Tello aclaró que los recursos que se recauden no se destinarán al pago de nómina ni al déficit educativo, pero sí fortalecerán las finanzas estatales para prevenir, conservar y estimular a las empresas, a fin de que no contaminen. 

Durante la sesión de este día, la y los ministros de la Suprema Corte que votaron a favor de validar las facultades del estado para el cobro del Impuesto Ecológico fueron Norma Lucía Piña Hernández, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Alberto Pérez Dayán, Juan Luis González Alcántara, José Mario Pardo Rebolledo, Javier Laynez Potisek, Arturo Saldívar Lelo de Larrea y José Fernando Franco Salas. 

En contra: Luis María Aguilar Morales y Eduardo Tomás Medina Mora Icaza.