El gasto de 27 mil 540 millones de dólares en importar alimentos que México ha dejado de producir y eso es impensable, consideró el senador de la República, David Monreal Ávila, y refirió lo necesario de conocer los mecanismos para garantizar el abasto alimentario en México.

El senador presentó un punto de acuerdo, y fue aprobado, para señalar que la seguridad alimentaria es uno de los desafíos más importantes en el mundo, pues se estima que actualmente hay casi un mil millones de personas desnutridas y la población va en aumento.

La demanda de alimentos en los próximos años crecerá 50 por ciento  debido al crecimiento demográfico, la urbanización y el cambio en las dietas.

En el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2007-2012  se estableció como propósito abastecer el mercado interno con alimentos de calidad, sanos y accesibles provenientes de los campos y mares mexicanos, para llevarlo a cabo se planteó como estrategia promover la seguridad alimentaria a través del ordenamiento y certidumbre de mercados.

Se debe, entonces, garantizar el abasto de alimentos sanos por medio del fomento a la producción de cultivos y productos básicos para la alimentación de los mexicanos.

Entonces sólo fue una carta de buenas intenciones ya que actualmente México es una potencia pero para la importación de alimentos, hoy la dependencia alimentaria deriva del abandono al campo, la insuficiente producción nacional y la concentración del mercado en manos de grandes empresas.

Es irresponsable someter la seguridad alimentaria a políticas económicas que rigen los mercados internacionales, dando como único resultado un campo mexicano en un absoluto abandono, una producción estancada y un incremento considerable de incertidumbre alimentaria para por lo menos 27.24 millones de mexicanos, que en 2012 presentaban carencia por acceso a la alimentación, de acuerdo a cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL).

Si bien, durante los últimos años, se han propuesto, para fomentar un escenario de soberanía alimentaria, algunos mecanismos en pro de los agricultores, como el otorgar apoyos a la inversión en equipamiento e infraestructura, apoyos al ingreso agropecuario mediante el Programa de Apoyos Directos al Campo (PROCAMPO), la prevención y manejo de riesgos, el desarrollo de capacidades, innovación tecnológica y extensionismo rural así como la sustentabilidad de los recursos naturales.

Sin embargo, ante todo esto, al final existen agentes exógenos que impiden cumplir con su cometido, en muchas ocasiones por la falta de políticas públicas acordes a la situación verdadera de este sector, ya que las actuales solo han beneficiado en ciertos casos a los grandes productores y a empresas transnacionales, que encontraron en el mercado mexicano un jugoso negocio.

La presente Administración Federal en nada ha mejorado dicha situación, al contrario, en 2013 el diario El Economista, con información de una firma suiza, destacó que México estaba muy lejos de alcanzar la autosuficiencia alimentaria, al considerar los parámetros de la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), presentando una autosuficiencia alimentaria de 55 por ciento, cuando la FAO estima que para tener un margen aceptable se debe lograr un aproximado de 75 por ciento.

De ahí que, a un año de haber entrado en vigor el Plan Nacional de Desarrollo, el panorama de los sectores involucrados en la seguridad alimentaria no es nada favorable, y más si consideramos las nulas acciones del Ejecutivo Federal en revertir esta tendencia y la situación mundial actual.

Por esta razón, México, más allá de unas simples palabras, debe ejercer acciones inmediatas de corto, mediano y largo plazo, en virtud de que se debe promover la inversión pública, privada y/o social en programas y planes para la producción agroalimentaria en todas las escalas, no solo de las grandes empresas.

El uso adecuado de la tecnología agrícola, semillas, sistemas de riego y productos para proteger los cultivos, en combinación con las mejores prácticas en la materia, podrían llegar a potenciar los cultivos, en algunos casos al doble en nuestro país.

Por último, la presente Administración Federal debe garantizar una política económica contra cíclica que vaya en contra de la actual desarticulación de la agricultura con la industria; de la mala calidad y bajo rendimiento de la tierra, derivada por erosión y degradación de los suelos; de la baja productividad en algunos cultivos; de los bajos niveles de capitalización física y humana; de la caída drástica en la inversión pública; de la carencia de infraestructura y tecnología y de  la falta de créditos.

Del mismo modo, debe instaurar políticas públicas que verdaderamente eviten la migración, que vayan en contra de la incidencia del narcotráfico en los patrones de cultivo y posesión de las propiedades agropecuarias, así como la escalada de violencia e inseguridad, pobreza extrema, bajos niveles educativos, carencia de servicios públicos, mala nutrición, falta de oportunidades escolares y laborales para los jóvenes, y trato discriminatorio y violencia hacia las mujeres, no sólo en el ámbito familiar sino comunitario.