Marco Antonio Flores Zavala

Jesús González Ortega asumió la gubernatura del estado el 5 de octubre de 1858. Todavía no es general ni jefe militar.

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El acto sucedió en un escenario de crisis política y desorden público. El gobernador provisional Francisco Javier de la Parra abandonó la capital del estado, porque una fuerza militar, que repelaba la vigencia de la Constitución general de 1857, anunció una invasión violenta.

El gobierno estatal no contaba con los elementos suficientes para defender la ciudad ante el ataque.

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En tal situación, y por ser presidente de la Diputación Permanente, González Ortega ocupó el Poder Ejecutivo estatal y como programa inmediato pregonó la protección pública.

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La forma en la sucesión gubernamental no era inédita, existen un par de antecedentes.

Quizá la que presenta mayor similitud fue la que ocurrió en mayo de 1835, cuando fuerzas militares del gobierno general, con el mando de Antonio López de Santa Anna, atacaron las del estado y depusieron a las autoridades zacatecanas.

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El diputado González Ortega contó inicialmente con el reconocimiento de facto de los jefes de la guardia nacional, de los representantes de extranjeros, comerciantes y mineros asentados en la ciudad de Zacatecas.

González Ortega era entonces un vecino reciente en la ciudad de Zacatecas y sus funciones precedentes de jefe político y diputado de Tlaltenango no iban más allá de un lustro.

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En cambio, De la Parra era integrante de las redes políticas que gobernaban la entidad desde los años de la República federal. Similar rasgo de pertenencia a las sociabilidades de poder tenía el resto de los diputados a los congresos general y local, los jefes políticos, los magistrados y los gobernadores anteriores.

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Las biografías de González Ortega y De la Parra contienen obvias diferencias: el primero es parte del conjunto de individuos que ingresaron a las redes políticas regionales por las posibilidades que proporcionó la ciudadanía orgánica.

El segundo era parte de los sujetos que pertenecían a las predichas redes; éste fue instruido desde el poder.

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Los rasgos en común son evidentes: integran la generación que se instruyó en la ciudadanía del primigenio Estado mexicano; y, descendían familiar, política y culturalmente de quienes intervinieron en las diferentes secuencias del proceso de construcción del Estado nacional de la primera mitad del siglo XIX.

Otra coincidencia es su reputación de republicanos y liberales. Tales adjetivos no se asignaban a los opositores públicos a la Constitución de 1857.

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Colocados González Ortega y De la Parra como referentes, no se soslaya que representan una biografía colectiva de quienes gobernaron la entidad en el periodo 1823-1858.

Las hojas de vida de los políticos zacatecanos permiten efectuar el análisis de tres generaciones de ciudadanos que se hicieron de las instancias del poder, formaron sociabilidades políticas y de poder.

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El texto [el conjunto del libro Un lector de la Reforma mexicana] opera con preguntas elementales de historia tradicional ¿quiénes fueron los individuos que gobernaron Zacatecas? En ellos se comprende a los titulares del Poder Ejecutivo y sus colaboradores; a los integrantes de los poderes Judicial y Legislativo; a funcionarios de instancias estatales y regionales (jefaturas políticas de Zacatecas, Fresnillo, Sombrerete, Nieves, Mazapil, Tlaltenango, Villanueva, Jerez, Pinos, Juchipila y Nochistlán); y, de otros niveles (jefe de Hacienda, diputados a los congresos generales y senadores).

Otras dudas son ¿cómo accedieron y cómo permanecieron en el poder? ¿Integraron grupos de acción política, los fortificaron con otras sociabilidades? ¿Cómo fueron las formas de intervención en el espacio público?

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En las respuestas genéricas está que el ejercicio de poder ocurrió entre las dominaciones legal y tradicional, sucedió así por las acciones autorizadas con base en las normas jurídicas previamente escritas y por la rutinización en las relaciones de dominación. Si hubo quiebres temporales en el orden establecido, fueron cuando se intuyeron excesos en el ejercicio del poder local.

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Manteniendo las normas constitucionales como parte de las claves, si bien el evento de mayo de 1835 marca el inicio de otra secuencia política, cuyos extremos próximos pueden ser el Congreso constituyente de 1842, o situarlo en la restauración de la Constitución de 1846, es dable ampliarlo al último gobierno del general Santa Anna (1855).

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Esta delimitación permite captar y examinar los hombres públicos que intervinieron en los diferentes actos del proceso de construcción del Estado nacional y de las instancias de poder regional.

En este tenor partimos de dos medios que autorizaron las leyes para obtener las representaciones, para luego vislumbrar cómo fue el quehacer político y el ejercicio del poder.

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El libro es una visión desde lo local, enfatiza en los sujetos y en algunas prácticas. En este tenor, se considera que en el ejercicio de las formas de dominación definió, cómo se percibe, que la jerarquizada intervención ciudadana fue un elemento para delimitar la nómina de los hombres públicos en la construcción de la representación republicana.

Si en la década 1825-1835, cuando el boom de “todos los hombres son iguales” proyectó quiénes podían (incluso quiénes debían) gobernar; en la acción política arraigó a los hombres del poder.

Como proyectistas de las instituciones y sus normas se arrobaron las instancias de dominación, lo hicieron con la promesa de conseguir la felicidad secular de la ciudadanía simple y la prosperidad de la patria…

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Reconocimiento a los caídos en Silao (agosto 10 de 1860). Plaza de la ciudad de Silao, Guanajuato.