La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que su administración trabaja en modificaciones legales para evitar que jueces y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desbloqueen cuentas financieras ligadas a actividades delictivas sin un juicio de fondo.

Sheinbaum destacó que cuando la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) detecta lavado de dinero o corrupción, las cuentas involucradas son congeladas. Sin embargo, algunos jueces conceden suspensiones provisionales que permiten liberar estos recursos sin un análisis de fondo, lo que, según la mandataria, fomenta la impunidad.

“Cuando se demuestra que hay lavado de dinero y resulta que se liberan las cuentas para seguir usando los recursos, eso se llama corrupción”, enfatizó la presidenta en su conferencia matutina.

El titular de la UIF, Pablo Gómez, detalló que desde diciembre de 2018 hasta marzo de 2025 se han bloqueado cuentas por 32 mil 500 millones de pesos, de los cuales más de 23 mil 500 millones han sido desbloqueados por resoluciones judiciales. Ante esta situación, el gobierno impulsa reformas a la Ley de Amparo y a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

El caso de Inés Gómez Mont y Víctor Manuel Álvarez Puga fue mencionado como un ejemplo del uso de suspensiones judiciales para eliminar a personas de la Lista de Personas Bloqueadas, permitiéndoles acceder al sistema financiero mexicano a pesar de contar con órdenes de aprehensión.

Sheinbaum reafirmó que la lucha contra la corrupción y la delincuencia organizada es una prioridad de su gobierno y que las reformas al Poder Judicial serán clave para garantizar cero impunidad en delitos financieros.