Al aprovechar la sobrepoblación de reos y el desorden que prevalece en el sistema penitenciario nacional, la delincuencia organizada ha establecido mercados cautivos de drogas en Centros de Readaptación Social (Ceresos), los ha convertido en sus puntos de operación de otros negocios ilegales y pretende crear autogobiernos en las cárceles para lograr su control, advirtió el senador panista Felipe González González, presidente de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara Alta.

“La delincuencia organizada está permanentemente buscando el control y autogobierno de algunos Ceresos. La mayoría de esos centros de readaptación siguen constituyendo universidades del crimen, operan mercados cautivos para venta de drogas y negocios para venta de todo tipo de mercancías; desde los centros operan extorsionadores, secuestradores y narcos”, indicó el Legislador.

El hacinamiento favorece la corrupción entre reclusos, custodios y autoridades, lo que genera privilegios hacia algunos internos. “Hemos encontrado personas con celulares, hornos de microondas y alcohol dentro de algunos centros”, añadió.

Al presentar el estudio “El sistema penitenciario mexicano” ante la Subcomisión de Políticas Carcelarias del Parlamento Latinoamericano, el legislador por Aguascalientes sostuvo que en el interior de las cárceles prosperan un sinnúmero de redes delincuenciales.

“Hemos encontrado que una gran cantidad de las llamadas de extorsión o de presuntos secuestros se dan desde el interior de las cárceles; los delincuentes siguen manejando grupos delincuenciales que están en el exterior lastimando a la sociedad”, apuntó.

El Senador detalló que México cuenta con una estructura penitenciaria de 429 cárceles –320 estatales, 91 municipales, 10 del DF y 8 del Gobierno Federal– con una capacidad para 183 mil 188 internos, sin embargo, existe una sobrepoblación de 40 mil 333 reos, es decir, 22.02 por ciento de presos por arriba de la capacidad operativa de las cárceles.

Felipe González dijo que además, en el periodo 2006-2011 hubo un aumento de reos de  6.37 por ciento, al pasar de 210 mil 140 prisioneros a 223 mil 521.

“Tenemos un sistema saturado, donde Sonora, por ejemplo, tiene una sobrepoblación de 88.25 por ciento; Nayarit, 84.46 por ciento; estado de México, 82.75 por ciento; DF, 110.41 por ciento; Morelos, 63.05 por ciento; y Puebla, 57.62 por ciento”, abundó.

González González remarcó que esa saturación en los centros penitenciarios impide establecer programas de adaptación social y prevención del delito, además de que algunas insuficiencias en el sistema, como la mezcla de delincuentes de alta peligrosidad con otros que cumplen sentencias cortas, agravan la situación del sistema penitenciario.

“Hay caos y desorden; en algunas ocasiones mezcla de sentenciados con sujetos sometidos a proceso penal. Esa mezcla de delincuencia común con delincuencia organizada, y una mezcla de delincuentes de alta peligrosidad con delincuentes que purgan sentencias cortas, genera que se presione a los grupos de internos, para que al salir queden enganchados con algunos de los cárteles”, alertó.

Por ello, el senador de Acción Nacional se pronunció por diseñar políticas que impulsen un modelo preventivo delincuencial y contar con una nueva ley que norme el diseño, organización, operación y funcionamiento de la infraestructura penitenciaria.

Sostuvo que el reto del Congreso es legislar para que se cuente con un modelo donde se privilegien los enfoques preventivos y correctivos. Sugirió invertir en el personal penitenciario, ampliando el número de custodios y su capacitación, así como mejorar sus  remuneraciones y realizar certificaciones permanentes de su desenvolvimiento.

“Tenemos que enmarcar la reforma del sistema penitenciario en una reforma a fondo del sistema de seguridad pública y la política de prevención social de la violencia y la delincuencia.  Debemos abogar por condenas alternativas con el fin de optimizar los espacios de las cárceles, como el trabajo comunitario o el uso de brazaletes para penas menores; hay que hacer una adecuada clasificación para que haya una separación real entre condenados y procesados,  primarios y reincidentes”, planteó.

También se pronunció por desarrollar políticas que inhiban el desgobierno en el ámbito intracarcelario con el fin de evitar el autogobierno de internos, la degeneración, corrupción y el tráfico de drogas, armas y celulares.