Para garantizar los derechos de la población, y evitar que las autoridades actúen arbitrariamente, la Comisión Permanente de la Legislatura exhortó al Poder Ejecutivo a dotar a los agentes de tránsito de las herramientas necesarias para su labor, y les otorgue cinemómetros o pistolas-radar. 

Los diputados Jesús Padilla Estrada, Héctor Adrián Menchaca Medrano y Gabriela Evangelina Pinedo Morales propusieron el punto de acuerdo que fue aprobado como urgente en la sesión ordinaria este martes.

Jesús Padilla Estrada destacó que cuando se detiene a alguien bajo el pretexto de que iba ‘muy rápido’ o de exceder los límites permitidos de velocidad, no sólo debe tener sustento legal, también un soporte técnico para dar validez a la detención, y a la sanción que sería una multa.

Actualmente, esto no ocurre en Zacatecas porque los policías de seguridad vial no tienen el equipo requerido, lo que provoca que las multas en muchas ocasiones sean improcedentes. 

Los integrantes de la Comisión Permanente llamaron a las autoridades estatales a otorgar a los agentes estos cinemómetros para dar certeza jurídica a su actuar, y respetar los derechos de la ciudadanía. 

En otro punto del orden del día, y durante la pandemia, los hospitales privados que atienden a pacientes con Covid-19 no han sido vigilados ni en lo sanitario ni en lo económico, y eso deriva en abusos en cobros e incumplimientos de las medidas de salud dictadas por las autoridades.

El diputado Raúl Ulloa Guzmán leyó un punto de acuerdo ante la Comisión Permanente, que fue aprobado como un trámite urgente y avalado por unanimidad en el Pleno.

Los diputados llamaron a los Servicios de Salud de Zacatecas a inspeccionar y hacer vigilancia para garantizar el cumplimiento en las clínicas y hospitales privados, y solicitaron a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), que intervenga con visitas de verificación para garantizar los derechos de los usuarios.

La diputada Lizbeth Márquez Álvarez presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Turismo con el objetivo de agregar a sus facultades la atención a los turistas en ámbitos como el de seguridad, protección civil y salud.

La legisladora sostiene en su exposición de motivos que se requiere que esta dependencia se involucre con las instituciones públicas y privadas de las áreas referidas “para prestar mayor y mejor asistencia a los visitantes del estado”.

Con estos cambios propuestos a los artículos 28 y 68 BIS, se busca proteger los derechos de los turistas nacionales y extranjeros que llegan a la entidad.

“Es necesario definir las bases para su orientación y asistencia, así como la competencia de quien garantizará la protección de éstos, tanto en los servicios de transportación, seguridad pública, salud, procuración de justicia y los demás colaterales que sean necesarios ante emergencias, desastres naturales o ante cualquier contingencia”, concluye la iniciativa.

El diputado Pedro Martínez Flores propuso una modificación en el artículo primero de la Ley del Instituto de la Defensoría Pública del Estado de Zacatecas, con el objetivo de garantizarle a las y los zacatecanos el derecho a la asesoría jurídica pública.

En la iniciativa se señala que esta asesoría jurídica debe vincularse con las estructuras del estado de bienestar con el propósito de consolidarse como el instrumento del derecho fundamental; sin embargo, el diputado señala que la legislación local carece de las disposiciones legales necesarias para defender estos derechos y el acceso a la procuración de justicia.

La reforma plantea que el artículo 1 de la ley establezca el objetivo de esta legislación, determinando que su finalidad es regular la prestación del servicio de defensoría pública en el estado y normar la integración, organización y funcionamiento del Instituto de la Defensoría Pública, a fin de garantizar el derecho a la defensa en materia penal y el acceso a la justicia mediante la orientación, asesoría y representación jurídica en las demás materias de derecho”.

Finalizó al establecer que “la asistencia gratuita es un derecho esencial de sistemas imparciales. Instó a los gobiernos a desarrollar y mantener servicios eficaces de ayuda legal como un componente esencial de un sistema judicial imparcial y eficaz basado en el estado de derecho”.