Por Gabriel Contreras Velázquez

 

La autoridad electoral en Zacatecas no está dando el ancho, y sí exige recursos cuantiosos para apretar mucho y abarcar poco (y mal). El pasado viernes 30 de marzo, la Sala Regional Monterrey, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, revocó la sanción que impusiera el Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas, al ex secretario de Agua y Medio Ambiente, Víctor Carlos Armas Zagoya, por considerar que el Instituto Electoral fue omiso en el proceso de investigación sobre la promoción personalizada que emprendió el ahora precandidato al Distrito III local, por el Verde Ecologista.

Y es que la Sala Regional Especializada se mostró insatisfecha con el trabajo realizado por la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del IEEZ, ya que no lograron profundizar en un tema trascendental: hubo o no uso de los recursos públicos en la promoción personalizada de Víctor Armas en redes sociales.

Más específicamente en Facebook, donde la autoridad no indagó si el dinero para publicitar imágenes, textos y videos promocionales, provino del presupuesto de SAMA, de la bolsa del pre candidato, o de alguien más (lícito o ilícito).

No sólo la función electoral de la Unidad de lo Contencioso debería ser observada por omisa, sino por ilegal. Ya en este espacio habíamos señalado (“IEEZ: derroche, ilegalidad y opacidad”, 12 de septiembre 2017) que, de origen, la contratación del personal que dirime los conflictos electorales es ilegal y contraviene los transitorios de la Ley Orgánica del OPLE Zacatecas.

Al Consejo General no parece interesarle guardar la legalidad de sus actos, pues siguen confundiendo autonomía con la libre interpretación (violación) de la ley que están (hipotéticamente) obligados a resguardar. Tarea pendiente pues para la Auditoría Superior del Estado, como también se dijo aquí el pasado 6 de marzo (“¿Víctor Armas por Fito Bonilla?”).

Otro de los temas en la agenda de la Auditoría será la observación del uso de los recursos públicos por parte del ex secretario de SAMA, una vez que el IEEZ, ahora sí, pueda tener en claro y ofrecer elementos puntuales del dinero que se destinó a la publicidad del aspirante a diputado. El órgano fiscalizador deberá tomar en cuenta el flujo monetario para incluirlo en la revisión de la Cuenta Pública 2017.

Pero ya sea que se acredite tanto el uso de dinero público o de los particulares, el Tribunal de Justicia Electoral de Zacatecas contará con elementos para fortalecer la sanción que la Sala Regional sólo debatió de forma, no de fondo. Es decir, la Sala Monterrey no encontró, hasta el momento, irregularidades en la sentencia sancionatoria del Tribunal local. Sin embargo, sí lo recusa de dictaminar un procedimiento viciado.

Lo que pide ahora la Sala Monterrey es que se fortalezca el argumento de la violación del artículo 134 constitucional por parte de un ex funcionario local, y se tome en cuenta las pruebas supervinientes que aportaron en el Movimiento de Regeneración Nacional para, en caso dado, ir a una posible revisión de actos anticipados de precampaña y campaña. Situación que la autoridad electoral jurisdiccional no garantizó antes de sancionar a Víctor Armas.

Ya una vez que José Virgilio Rivera Delgadillo (cabildeado para ocupar la presidencia del IEEZ por su amigo verde ecologista: Carlos Puente Salas), concluya su labor electoral de manera eficiente, y el Tribunal Electoral garantice un procedimiento sancionatorio apegado a derecho, el ex rector de la Universidad Autónoma de Zacatecas deberá ahora prever un evidente conflicto de interés en el seno del nuevo partido político estatal La Familia Primero.

Resulta que el Instituto Electoral, negando el derecho ciudadano a la máxima publicidad, dejó de presentar ante el Consejo General el informe de la Comisión de Organización Electoral y Partidos Políticos sobre el seguimiento a las asambleas distritales/municipales de las asociaciones civiles para alcanzar su registro como partidos políticos locales. Dicho documento sólo se ofreció en una ocasión, y sólo abarcó el periodo del 11 de marzo al 9 de abril. Después no supimos qué hizo el IEEZ.

Probablemente sea porque los consejeros Eduardo Fernando Noyola Núñez y Adelaida Ávalos Acosta, estaban más interesados en asesorar, por intereses meramente particulares, a Ignacio Fraire Zúñiga para fundar el Partido para Desarrollar Zacatecas, lo mismo que a Edgar Rivera Cornejo en el Partido Movimiento Dignidad Zacatecas, y a la comunidad cristiana local, en el nuevo Partido La Familia Primero.

En éste último, Eduardo Noyola Ramírez, padre del ex consejero Eduardo Noyola, ahora funge, nada más y nada menos, que como representante ante el Consejo General del IEEZ. Claro, en sus ratos libres donde no atiende como Asesor Jurídico en la Procuraduría de Protección de Niños, Niñas, Adolescentes y Familia, del Sistema Estatal DIF.

Luego, ya que concluya de revisar este conflicto de interés inocultable, Virgilio nos debe una explicación de por qué ahora contrató como “asistente de presidencia” a una licenciada en nutrición, ¿cuidará su dieta? ¿El consejero padece alguna enfermedad crónica que debamos conocer? O bien, por qué la persona encargada de organizar los debates entre candidatos tiene apenas el perfil de Licenciatura en Letras. ¿Certeza electoral? ¿Austeridad y eficiencia en el gasto público? ¿Y todavía pretende imponer a Jesús Limones Hernández como contralor a modo?

#Coincidencias: El que de plano no las trae consigo es el dirigente de Morena en Zacatecas, Fernando Arteaga Gaytán. La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de su partido confirmó un acuerdo de admisión con medidas cautelares para adoptar posibles medidas correctivas disciplinarias, debido a que el presidente del partido “realizó innecesariamente en un solo día, el 22 del pasado mes de enero, diversas adquisiciones y arrendamientos con montos de gran envergadura”, así como “la innecesaria adquisición de una flotilla de vehículos de diversas características”.

Twitter: @GabrielConV