Tras afirmar que a partir de 1992 en Zacatecas inició el proceso de atención en victimología, Moisés Delgado Rodríguez, Jefe del Departamento de Criminología del CERESO Zacatecas, señaló que todavía falta avanzar más, por ejemplo,  “hace falta una ley de protección a víctimas”, que otros estados ya tienen.

Lo anterior, en el marco del Congreso Nacional de Ciencias Forenses en la Investigación Criminal, organizado por la Universidad Autónoma de Zacatecas, a través de la Unidad Académica de Psicología, conjuntamente con el Colegio de Ciencias Forenses A.C., y el Gobierno del Estado de Zacatecas.

En su conferencia, titulada “Victimología”, Delgado Rodríguez destacó la importancia de los psicólogos en la prevención del delito, desde la elaboración de estudios a las víctimas y el seguimiento de las terapias, hasta llegar a la rehabilitación.

Agregó que en nuestro Estado ya existen psicólogos forenses que se involucran en la labor de investigación, mediante los estudios de la víctima y del victimario, principalmente con el propósito de ayudar a que reduzca la comisión de delitos.

Asimismo,  el Jefe del Departamento de Criminología del CERESO Zacatecas enfatizó que uno de los temas que es necesario abordar es el de la atención  a la víctima: ¿Qué ocurre con ésta cuando resulta dañada psicológica y físicamente, así como en su patrimonio, luego de un evento delictivo?, ¿cómo se aborda a la víctima, cuando siempre se busca el perfil del victimario y no el de la víctima?

El objetivo de su charla, según lo explicó él mismo, “es crearles la inquietud, el estímulo de buscar esos patrones de protección a las víctimas, tanto de delitos de tipo sexual, como de violencia intrafamiliar  y otros delitos graves,  ya que cada uno de ellos tiene una importancia específica”.

Para concluir, y luego de  expresar a los jóvenes su deseo de que la información de la charla  los motivara en ese campo,  los invitó  a animarse a realizar una labor de investigación. La finalidad –dijo–  es que los resultados puedan conformar las iniciativas  de legislación al respecto para presentarlas al Congreso. De esta manera se daría “certidumbre a la población o al ciudadano de que será atendidos cuando se conviertan en víctimas de un delito”.