Por el incumplimiento en transparencia de los municipios de Pánuco, Vetagrande y Villa García, este último en dos expedientes, el pleno del Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IZAI), aprobó la ejecución de cuatro medidas de apremio que ascienden a 471 mil 83 pesos.

En el caso del Ayuntamiento de Villa García, el municipio fue omiso a dos denuncias ciudadanas por falta de información pública en la Plataforma Nacional de Transparencia, y fueron interpuestas durante el 2022 y no se atendieron aún pese a los requerimientos y notificaciones del IZAI.

“Es muy lamentable porque el Ayuntamiento estuvo cerca de cumplir, tiene porcentajes del 97.27% y del 78.33%, sin embargo la ley es clara y sólo se acepta como cumplimiento el 100% de la información pública” afirmó la comisionada presidenta, Fabiola Torres Rodríguez.

El caso de Vetagrande es similar, y aún después de las notificaciones y requerimientos del organismo garante, su calificación de cumplimiento fue del 91.43%, insuficiente para evitar la multa.

La comisionada Nubia Barrios Escamilla refirió que los sujetos obligados tuvieron más de seis meses para completar la carga de sus obligaciones de transparencia, periodo en el cual se hizo del conocimiento a los superiores jerárquicos sin que se subsanaran las faltas.

El municipio de Pánuco fue sancionado por no responder una solicitud de información pública, no rendir manifestaciones al IZAI ni dar contestación a la resolución del Pleno.

Las medidas de apremio interpuestas de conformidad con lo que establece la ley local de transparencia, fueron de 1500 y 1400 veces lo equivalente a la Unidad de Medida y Actualización (UMA) para el Ayuntamiento de Villa García, es decir, 155 mil 610 y 125 mil 236 pesos. Para el municipio de Vetagrande se fijaron 760 UMAS, equivalentes a 78 mil 842 pesos, y para el municipio de Pánuco 881 UMAS, es decir, 91 mil 394 pesos.

Los comisionados del IZAI detallaron que el monto de las medidas de apremio se determina con base en el porcentaje de incumplimiento, la reincidencia del sujeto obligado en faltas a las resoluciones y la investigación para determinar al servidor público responsable del incumplimiento.

Subrayaron que estas multas se convierten en créditos fiscales ante la Secretaría de Finanzas, por lo que el recurso ingresa a las arcas del Estado, y una vez ejecutadas ya no pueden ser retiradas por el organismo garante. Así mismo, deberán ser cubiertas con el patrimonio del servidor público que resulte responsable y no mediante el erario.

Por lo anterior, el Pleno reiteró el llamado a los sujetos obligados a atender las peticiones de la ciudadanía, cumplir con sus obligaciones de transparencia y responder a los requerimientos del IZAI, pues el Instituto ofrece asesoría y apoyo a los servidores públicos con el interés de que el ciudadano obtenga información pública oportuna.