No podemos permanecer indiferentes ante la muerte de hombres y mujeres acontecidas en el estado durante los últimos meses, tampoco justificarlas al atribuir nexos con la delincuencia organizada, dijo la presidenta de la comisión de derechos humanos del estado (CDHEZ), María de la Luz Domínguez Campos.

Al presentar su informe de actividad, estableció que con independencia de las circunstancias de esas muertes, son zacatecanas y zacatecanos.

Por tato, agregó, se vuelve patente crear y fortalecer políticas públicas, estrategias y acciones en materia de seguridad pública, procuración e impartición de justicia, no sólo centradas en contener y sancionar.

«Si nofundamentalmente en la prevención social de la violencia y la delincuencia que permita incidir en las causas y los efectos que la generan para disminuir y erradicar su frecuencia, gravedad y consecuencias, mismas que deberán implementarse con pleno respeto a los derechos humanos».

Luz Domínguez refrendó su convicción  de fortalecer y consolidar a la CDHEZ como un organismo autónomo, imparcial, independiente, profesional y con la capacidad técnica, humana y presupuestal que cumpla a cabalidad sus atribuciones constitucionales y legales, para dar respuesta a las exigencias ciudadanas, brindando servicios y atención oportuna, profesional y de calidad.

Sostuvo que la sociedad reclama su derecho a la libre expresión y manifestación, al ejercicio del derecho a la protesta social pacífica; y es obligación de las autoridades escuchar a los manifestantes, generar canales de comunicación y abrir espacios de diálogo para alcanzar los consensos y acuerdos en un ambiente de legalidad y respeto a los derechos humanos.

Exhortó a las autoridades a que guíen sus actuaciones bajo los principios de un Estado democrático de derecho, que siempre privilegie el diálogo en lugar del uso arbitrario de la fuerza pública, el cumplimiento de la ley en lugar los actos de gobierno autoritarios, el abuso del poder y la represión.

Dio a conocer los resultados de las actividades realizadas durante el período del 1° de enero al 31 de diciembre de 2016, de ese periodo, seis meses corresponden a su gestión, porque fue designada el pasado el 25 de junio de 2016, por la Legislatura, como presidenta.

Durante el 2016 se aperturaron  tres mil 265 nuevos expedientes, de los cuales 2 mil 431 correspondieron a asesorías, 752 quejas y 82 gestiones.

De las quejas registradas las principales voces violatorias fueron: El Ejercicio indebido de la Función Pública; Detenciones arbitrarias; Lesiones .

Violaciones al derecho a la legalidad y seguridad jurídica; siendo señaladas como presuntas autoridades infractoras en mayor medida, los Policías Preventivas Municipales, la Policía Ministerial y la Policía Estatal Preventiva, lo que incide negativamente en la credibilidad y confianza ciudadana en los cuerpo policiacos.

Urge una mejor actuación de los elementos policiacos para recobrar la confianza ciudadana en esta prioritaria función del estado, que es la seguridad pública, porque en ellos descansa la salvaguardar de la vida, la integridad, la libertad y el patrimonio de la sociedad, por lo que hizo un llamado urgente a los titulares de estas instituciones y a los propios policías a que su actuación sea realizada en el marco de su competencia, apegada a la ley y con plena observancia de los derechos humanos.

Una de las quejas constantes es la violación al derecho de los menores a proteger su integridad en instituciones educativas, por ello es oportuno hacer un llamado a las autoridades, a brindar a la niñez y adolescencia zacatecana la protección integral, implementando un conjunto de acciones, políticas, planes y programas que garanticen a todos los niños, niñas y adolescentes, el goce efectivo de sus derechos sin discriminación, independientemente de la situación especial en que se encuentren.

Se emitieron 14 recomendaciones por violación a los derechos de los menores a que se proteja su integridad; prestación indebida del servicio público; ejercicio indebido de la función pública; detención arbitraria y lesiones; empleo indebido de la información; negligencia médica e incumplimiento de prestaciones de seguridad social; derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, específicamente a no ser víctima de violencia obstétrica, derecho a la salud relacionado con el disfrute del más alto nivel posible de salud de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio y el derecho al desarrollo y la supervivencia en el caso de las niñas y niños; derecho a la vida e integridad, en conexidad con los derechos de las niñas y niños; derecho a la legalidad y a la seguridad jurídica; derecho a un nivel de vida adecuado, en relación a un medio ambiente sano, a la salud y a una vivienda digna; derecho a la libertad personal; por detención arbitraria.

Se aperturaron 278 expedientes de los cuales 227 fueron asesorías, 51 quejas y 34 gestiones; razón por la cual en los meses de agosto y octubre se realizó una revisión integral, y como resultado a esta, se emitieron una serie de recomendaciones que fueron aceptadas por el Titular del Ejecutivo del Estado.

En el ámbito administrativo de la Comisión, resaltó que su primer tarea al asumir la Presidencia, fue realizar un diagnóstico institucional, con el propósito de conocer las asignaturas pendientes, retos y desafíos que habríamos de afrontar. Diagnostico que arrojó la urgente necesidad de una profunda transformación; misma que inició de inmediato y con el respaldo del Consejo Consultivo; concretando reformas a la normatividad interna, creando un Nuevo Reglamento Interior y diversos manuales; modificando la estructura orgánica, creando las áreas de asuntos jurídicos, normatividad y asuntos contenciosos; planeación y evaluación, vinculación estratégica, entre otras.

Explicó que se han creado nuevos procesos institucionales y jurídicos, así como impulsado la profesionalización del personal, todo ello bajo la directriz de un Plan de Desarrollo Institucional que marca la pauta del trabajo del organismo bajo los ejes rectores de Protección y Defensa de los Derechos Humanos; Promoción y Difusión de los Derechos Humanos; Observancia de los Derechos Humanos; Estudio, Investigación y Divulgación de los Derechos Humanos, y Desarrollo Institucional.

El gobernador de Zacatecas, Alejandro Tello Cristerna, reconoció que en la actualidad la ciudadanía pide a sus gobiernos mejores condiciones de seguridad,  la generación de más y mejores empleos, escuelas dignas, carreteras bien pavimentadas, y calles alumbradas, es decir, que la ciudadanía reclama que se hagan efectivos sus derechos humanos, los cuales no se limitan a un buen trato por parte de las figuras del poder en turno.

Refirió que es primordial que todo servidor público, comenzando por las y los maestros, policías, trabajadoras y trabajadores de salud, por citar algunos, brinden una atención digna a la población, puesto que están consagrados al servicio público, sin embargo lo anterior por sí solo no garantiza el ejercicio de los derechos, mientras que en Zacatecas haya niños que no reciben sus tres alimentos diarios, no puedan ir a la escuela porque esta se encuentra a kilómetros de distancia o familias que tengan que emigrar por falta de empleo entre tantas carencias, por lo que indicó que como gobierno, se sigue teniendo como pendiente garantizar el ejercicio de los derechos humanos de los zacatecanos.

Anunció que en pocos días presentará su Plan Estatal de Desarrollo 2017 -2021, el cual por primera vez en esta historia de este estado, considera a los derechos humanos como uno de los ejes trasversales que habrá de regir las decisiones de la administración estatal, que se tomarán durante su gobierno, con el objeto de que todas nuestras políticas, estrategias y acciones, garanticen el acceso y ejercicio de los derechos por parte de las y los zacatecanos.