INICIATIVAS VARIAS EN SESIÓN LEGISLATIVA

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legislaturaDurante la sesión de los diputados de la LXI Legislatura, el diputado Gilberto Zamora Salas, presentó el informe de actividades de la Mesa Directiva durante abril y se conocieron iniciativas diferentes, dese el control interno de sesiones solemnes, hasta cambios al código fiscal del estado para eviatar aseguramiento de vehículos que no pagaron refrendo.

El diputado Rafael Gutiérrez Martínez presentó un Punto de Acuerdo para emitir un exhorto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para que a través de la Secretaría del Campo, la Secretaría de Seguridad Pública, la Procuraduría General de Justicia de la Entidad y otras dependencias de la administración pública estatal, instrumenten un programa de instalación de dispositivos electrónicos de localización (chips), en la maquinaria y otros instrumentos agrícolas.

 

Sería  similar  al implementado actualmente por el Gobierno del Estado en el ganado y el  Registro Público Vehicular,  y según el promovente,  permitirá disminuir considerablemente el robo de maquinaria e instrumentos agrícolas, beneficiando considerablemente a los campesinos y productores agrícolas de la entidad.

 

La diputada María Guadalupe Medina Padilla, presentó iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona la Ley Orgánica del Poder Legislativo, a fin de  considerar que  la fracción IX  del Artículo 77 modifique su texto para que durante las sesiones solemnes de apertura de los periodos ordinarios, los grupos parlamentarios si así lo desean presenten su posicionamiento hasta por 10 minutos.

 

Pide adicionar una fracción X al Artículo 77 para que consigne: Cuando así lo determine la Mesa Directiva o la Comisión Permanente.

 

Las diputadas Claudia Edith Anaya Mota, Luz Margarita Chávez García, Irene Buendía Balderas, María Hilda Ramos Martínez, Erika del Carmen Velázquez Vacio y Araceli Guerrero Esquivel, presentaron el proyecto de Decreto que reforma y adiciona la Ley Orgánica del Poder Legislativo, a fin de cambiar el término  “Unidad de Justicia para las Mujeres”, por el de “Centro de Justicia para las Mujeres”.

 

 

El diputado Luis Acosta Jaime, planteó reformar diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, para adecuar los plazos otorgados a la Entidad de Fiscalización Superior del Estado y le permitan desarrollar sus actividades en un entorno más favorable.

 

Propone que la entrega del informe de resultados de la revisión de la Cuenta Pública a la Legislatura del Estado, se realice dentro de los seis meses posteriores a su presentación, en lugar de los cinco que  establece la ley actualmente.

 

Argumento que cinco meses limitan para llevar a cabo trabajos integrales tanto en revisión documental como de campo de la auditoría contable financiera, de obras públicas y de evaluación al desempeño, a fin de conocer a través de los indicadores de cumplimiento, su apego a la normatividad y a su correcta aplicación, y que sus resultados sean aprovechados de mejor manera para dar mayor claridad al registro patrimonial, a la auditoría de seguimiento y a la retroalimentación del proceso presupuestario.

 

Propuso reducir el plazo de 120 días que actualmente se le conceden a la Entidad de Fiscalización del Estado para  pronunciarse sobre las respuestas emitidas por los entes fiscalizados, a 90 días hábiles,  los cuales considera suficientes para la elaboración del informe complementario que deberá ser presentado a la Legislatura del Estado, derivado del proceso de solventación concedido a los entes fiscalizados.

 

La diputada María Soledad Luévano Cantú, presentó la Iniciativa con Proyecto de Decreto, que adiciona un tercer párrafo al Artículo 151 del Código Fiscal del Estado de Zacatecas, contra del abuso de embargo y  terrorismo fiscal.

 

En la exposición de motivos se manifiesta contra el operativo “conductor responsable”, que permite el aseguramiento de vehículos a personas que no han pagado refrendo y tenencia vehicular, puesto que los vehículos embargados constituyen una herramienta de trabajo y su aseguramiento, complica todavía más la comprometida economía de las familias perjudicadas.

 

 

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