Al intentar llevar un asunto social a la esfera política, el corporativo Goldcorp se dejó adular por el gobierno estatal, violó las leyes mexicanas y fracasó en su intento por manipular un movimiento que pide se cumplan compromisos asumidos durante muchos años con los pobladores de Mazapil.
José Narro Céspedes, dirigente de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA), en conferencia de prensa, reiteró su exigencia de que se haga una investigación internacional al corporativo canadiense por todos los daños que ha ocasionado a los ecosistemas en todas las zonas del mundo donde opera y afecta la vida de miles de personas.
Luego de los acuerdos tomados el pasado viernes, con la vital intervención del gobierno federal, exigieron a Goldcorp que realice su tarea de manera sustentable.
Acompañado por Felipe Pinedo, Jaime Ramos y José Luis Lugo, miembros de la dirigencia del Frente Popular de Lucha de Zacatecas (FPLZ), Narro Céspedes lamentó que el gobierno del estado supusiera que era un tema policiaco y de persecución política.
Agregó que no necesitamos tampoco que esos corporativos nos venga a dar clases de ética, ésa que no practican ni en su país del que han sido rechazados porque los canadienses tienen una alta conciencia ecológica y allá no les permitirían hacer lo que vienen hacer en México y Zacatecas, “y nosotros luchamos para no perder la legitimidad ni la ética en esta batalla por defender la tierra, el agua y la vida”, sostuvo.
Felipe Pinedo concretó que ante las evidencias, el corporativo se siga negando a reconocer que ha ocasionado graves daños a la salud producto de la contaminación por la explotación minera, así como el agotamiento de los mantos freáticos, al tiempo que se quieren deslindar de su culpabilidad buscando cómplices, como la Comisión Nacional del Agua (Conagua), que les permitió la perforación de alrededor de 100 pozos a una profundidad de 700 metros, cuando antes de esto los pozos que tenían los pobladores se perforaban a 200 metros.
Pinedo Hernández evidenció que existen al menos 45 casos de niños que sufren de dermatosis a causa de la contaminación del agua y la presencia de minerales dañinos expandidos en el agua y el suelo, pero la minera se niega a reconocer afecte la salud de los habitantes cuando las evidencias están a la vista.
“Han destruido los territorios, los caminos, los accesos a las comunidades, los arroyos y la vida fértil de la zona en materia de flora y fauna”, afirmó.
No obstante, Felipe Pinedo destacó que la resolución del conflicto se dio a pesar de ellos, luego de su intento por negociar hasta que el plantón se retirara, pero se resolvió aún y con la toma de las instalaciones.