Diputado Presidente

Compañeras y compañeros Diputados:

Los impuestos ambientales comenzaron a ser introducidos en los países europeos para reducir la contaminación, y representaron adicionalmente una aportación a los ingresos tributarios de los gobiernos.

La visión se extendió en América Latina, cuya recaudación fiscal llega a representar hasta el 33.8 por ciento del producto interno bruto (PIB) y casi el 7 por ciento del total de impuestos, según datos de la CEPAL.

México es la excepción en estos gravámenes, ya que el principal impuesto ambiental del país es sobre combustibles de vehículos automotores.

Estamos viviendo hoy una gran paradoja, somos un País y un Estado rico, sin duda, pero con mucha pobreza; somos ricos en materias primas, pero con una economía débil, ante este panorama existe la necesidad de buscar alternativas que por un lado estén orientadas a disminuir la generación de contaminantes y por otro, le proporcione al estado un instrumento de política fiscal para establecer regulaciones de carácter económico.

El Estado y este poder, asumiendo su función como agente de equilibrio estableció regulaciones de carácter económico y ecológico con la finalidad de  disminuir la contaminación a través del uso de instrumentos fiscales que aseguran un desarrollo sustentable.

Para Acción Nacional el desarrollo sustentable tienen que ver con la aplicación de una política económica responsable porque el impulso al crecimiento de la economía debe garantizar el bienestar de las familias generar y ampliar las oportunidades para el emprendimiento, así como favorecer la creación y conservación de empleos de calidad, y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales lo que nos hace solidarios con las generaciones futuras.

Los impuestos ecológicos que fueron aplicados en la ley de hacienda, pretenden, precisamente, transformar eso, hacer que los recursos se utilicen racionalmente para generar riqueza y detonar el desarrollo económico y social, pudiendo resarcir afectaciones al entorno social, ambiental y ecológico, la sustentabilidad y la protección al medio ambiente.

No es posible que las empresas que por años se han beneficiado de los recursos naturales de zacatecas, le regateen al estado, pero peor aún no es posible que el amigo de Zacatecas, el Presidente de la Republica niegue la oportunidad y no se solidarice con la situación económica que apremia al Estado.

Asimismo, es una contradicción como los grupos o individuos que se dicen de izquierda ahora defienden los intereses del capital, cuando deberían estar de celebrando que las empresas que tanto han explotado y despojado tierras zacatecanas, contribuyan con el pago de sus impuestos. Tienen una obligación no solo legal, ética, por lo mucho que se han llevado de Zacatecas.

Ese impuesto es una alternativa que busca disminuir el uso de contaminantes y ayuda a la transición hacia las energías verdes, favoreciendo programas ambientales y generando una recaudación que sería destinada a mejorar la infraestructura, a los servicios de salud, a la restauración del equilibrio ecológico entre otros.

Los zacatecanos constatamos una vez más la errática política de Peña Nieto con la interposición de la controversia constitucional, no solo intenta quitar a Zacatecas la posibilidad de contar con ingresos que durante el sexenio les ha negado, ingresos que tienen como fin el desarrollo y crecimiento de nuestro Estado.

También le quita a todos los mexicanos, la posibilidad de tener un medio ambiente limpio que nos permita un desarrollo sustentable.

Por eso es pertinente preguntar:

¿Las empresas extranjeras son amigas o enemigas de Zacatecas?

¿Los pseudoizquierdistas que defienden ahora el capital, son amigos o enemigos de zacatecas?

¿Peña Nieto es amigo o enemigo de Zacatecas?

Merecemos mejor calidad de vida.

Merecemos un Estado desarrollado con oportunidades para todos.