A la fecha, en la administración pública estatal existen más de 80 carpetas de investigación por posibles faltas a las funciones del cargo, disciplina, respeto, abuso y conflicto de interés entre otras, según lo dado a conocer por Paula Rey Ortiz Medina, secretaría de la Función Pública. 

La funcionaria agregó que lo anterior es resultado de la creación, hace un año, de 34 órganos Internos de Control (OIC), como parte de la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción en el Estado de Zacatecas. 

Refirió que al finalizar los 80 procesos respectivos, determinarán si existe o no falta; calificarán si es grave o no, y realizarán un informe con el que iniciarán un procedimiento administrativo para sancionar a las y los presuntos responsables; además, según el caso, interpondrán denuncias ante la Fiscalía Anticorrupción. 

Destacó que los OIC tienen el reto de consolidarse como una autoridad que no solamente previene y sanciona, sino que también mantiene el trabajo unido y permanente con otras autoridades para combatir la corrupción. 

La Secretaria Paula Rey destacó que en 2018, el Gobernador Alejandro Tello nombró a 34 titulares de los OIC, cuya finalidad es realizar esfuerzos para: prevenir, detectar y sancionar posibles actos de corrupción. Dicha figura está contemplada en las constituciones del país y el estado. 

Los ordenamientos legales disponen que todos los entes públicos federales, estatales y municipales deben tener un OIC encargado de prevenir, corregir e investigar actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas y sancionar, en su caso, aquellas consideradas como no graves. 

A un año de su implementación, los OIC han orientado el criterio de las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo estatal en temas como: control de parque vehicular, adquisiciones, reglamentación interna, servicios personales, organización de archivos, control de combustible, entre otros. 

Asimismo, como tarea preventiva y en conjunto con los comités de Ética y de Control Interno también realizan la difusión al Código de Ética.

Además, detectan el origen de las faltas administrativas y corrigen los procesos de las dependencias y entidades, para que éstas no se repitan y para disminuir la impunidad.