Por Jacobo Cruz
Es muy común escuchar que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es de las más completas del mundo, de allí se desprende que la tarea de abogados, jueces y magistrados, es que deben especializarse para conocerla bien y cuidar que nadie viole las leyes que de ella emanan para alcanzar un país de libertad, democracia y justicia plena para todos los ciudadanos.
Allí está el gran problema. Todas las leyes derivadas de la Carta Magna de nuestro país, están hechas para cuidar la propiedad privada de los grandes concentradores de riqueza que se han adueñado de los medios de producción, y por decenas de años explotan los recursos naturales y la fuerza de trabajo para su único beneficio.
Todo tiene dueño. Así es con los mares y ríos de donde extrae la pesca, pasa lo mismo con las minas de donde se sacan materiales muy valiosos como diamantes, oro y plata; también son dueños de las grandes extensiones de la mejor tierra cultivable para producir alimentos a gran escala-
¿Cómo lo hacen? Lo logran como resultado de la protección de las leyes y de la explotación de los recursos naturales y de la fuerza de trabajo de los desposeídos.
Se ha trabajado mucho el argumento que las leyes protegen a todos por igual, que esta es imparcial, que lo mismo protege a un rico que a un pobre; pero en la realidad la ley se aplica a favor de quien tiene el dinero suficiente para el soborno, o simplemente porque es de una familia reconocida. Por el otro lado, los pobres debemos resignarnos a ver cómo se atenta contra los derechos en cada uno de los aspectos de la vida social, pero al mismo tiempo nos conformamos con que también se protegen nuestros “bienes”, aunque estos sean tan insignificantes como un chicle en el piso, en comparación con el patrimonio que han acumulado los ricos.
Está claro que para acumular necesitan de un elemento especial, este es la mano de obra de los trabajadores que han de aplicar su fuerza y capacidad de trabajo en la producción de las mercancías que son propiedad del patrón, esto de acuerdo a lo convenido mediante un contrato, que está avalado también por las leyes vigentes en materia laboral y que forman parte de las leyes vigentes.
Este escrito viene a colación porque hoy 5 de febrero se celebra el Día de la Constitución Mexicana, se trata de la Ley de Leyes de 1917 que es la que actualmente nos rige mediante 136 artículos y 19 transitorios, donde se lee quién es el responsable de ejecutarlos y los medios para hacerlos efectivos.
Ahora me refiero a lo que concierne al derecho de petición y de asociación que se describen en el Artículo 8 y Artículo 9.
Como parte del Movimiento Antorchista, organización social de lucha y gestoría en los tres niveles de gobierno, nos enfrentamos con la clase política que cuida con mucho celo los intereses de las familias adineradas, que son realmente las que sacan el beneficio mayor de esta condición sin enfrentarse directamente con los pobres, sino que dejan que el choque abierto se dé con los gobernantes en turno. Ellos no tienen empacho en dejar llegar al poder a un político de izquierda, centro o derecha, como se les conoce, siempre y cuando sigan con la explotación descrita y puedan acumular la riqueza que persiguen.
Por eso, no es de alarmarse que en México hayan gobernado políticos de todo pelaje, incluido al presidente Andrés Manuel López Obrador, cuyo mérito más destacado fue elevar a rango constitucional los programas del bienestar, que como he dicho en otras colaboraciones, no provocan ningún rasguño a la riqueza de los multimillonarios de aquí y del extranjero.
Al contrario, los magnates aprovecharon la popularidad de López para quitarle presión a la inconformidad social generada por los políticos desprestigiados por su abuso de poder, y le dieron vida artificial al sistema por otros seis años. Nadie se sorprende que la sucesora sea Claudia Sheimbaum, que en palabras del mandatario mexicano, con ella nada va a cambiar, pues están asegurados los programas de entrega de dinero, que son el mayor éxito del fundador de la 4T.
Hoy más que nunca, es necesario que los mexicanos pongamos un alto al abuso de los poderosos de México que funcionan en contubernio con la clase gobernante. Podemos hacerlo agrupados en un partido político de nuevo tipo surgido de las entrañas del pueblo politizado y consciente que es urgente crear un sistema económico que distribuya la riqueza social creada por todos, porque mientras la base social no cambie, seguiremos regidos por leyes que dan todo al rico pero despojan hasta de su derecho a gestionar su propio bienestar, que es un elemento de sobrevivencia y adaptación de los pobres.