Cansados de la corrupción y el hostigamiento laboral del que han sido objeto, y que se ha incrementado de un mes a la fecha, un grupo de trabajadores administrativos y operativos de la ahora Dirección de Policía y de Seguridad Vial (DPSV), al mando de Francisco Oswaldo Caldera Murillo, exigieron al Gobierno del Estado, a través de las secretarías General de Gobierno (SGG) y de Seguridad Pública (SSP), detenga la ola de abusos y presiones de mandos que han hecho de esta dependencia su mina de oro.

Denuncian de inicio -anónimamente y por temor a las represalias-, que el recién nombrado director Oswaldo Caldera, así como Óscar Ricardo Campos Bermúdez, encargado del operativo Alcoholímetro, desconocen en su totalidad el funcionamiento de la corporación en materia vial.

Sin embargo, manifiestan, están ahí para manejar a su antojo a los mandos medios, como Ezequiel García, subdirector operativo y el Lic. Ríos, quienes impunemente tienen a su control la liberación de los vehículos principalmente en los municipios de Guadalupe, Fresnillo y Zacatecas, en contubernio con la empresa de grúas mencionada, con cobros que van de los Siete a los Nueve mil pesos, sin que el usuario acuda hacer el pago directamente en las oficinas. Gran parte de ese dinero, sin transparentarse, va a parar a las arcas de Grúas Escobedo y a los altos mandos de la corporación vial, advierten.

No obstante de que el titular de la SSP habría garantizado que aplicarían Tolerancia Cero en el Alcoholímetro, los mandos medios desatienden la indicación y permiten la inmediata liberación de los carros cobrando cantidades exageradas, desechando las infracciones.

Reseñan que en la sierra del municipio de Tlaltenango, en Mesa de Palmira, donde recientemente se suscitó un conflicto contra ejidatarios y que debió ser atendido por elementos de la Policía Estatal Preventiva (PEP), la DPSV mandó a seis elementos que se mantienen permanentemente allá innecesariamente y son relevados cada 24 horas por igual número de tránsitos, sin recursos ni alimentos, pues el dueño de maquinaria utilizada para perforar un pozo “da moches” a mandos de la Dirección.

Alertan trabajadores que no soportan el acoso laboral y las presiones para que renuncien quienes no sirvan a sus intereses y los mantienen prácticamente atados a una oficina, sin dejarlos salir a comer y con constantes amenazas de despedirlos si dicen algo.

“Hace unos días –dijeron- por instrucciones de Ezequiel García se inició una ‘cacería’ en la zona metropolitana contra dueños de autos que adeudan placas y/o refrendo, los que son remitidos bajo extorsión, y asunto arreglado”.

Y aún más, hay un encargado del edificio de las oficinas de Tránsito, que se la pasa vigilando cualquier movimiento de los trabajadores, azuzándolos y amedrentándolos hasta en el momento en que van al baño de manera prepotente, acusan.

En su denuncia, los trabajadores administrativos y operativos afirman que luego de los recientes sismos, esta dirección realizó acopio de víveres que nunca fueron enviados a sus destinos y, por el contrario, los convirtieron en despensas para repartirlas en el mercado de abastos a sus allegados, como el Director, el subdirector y sus respectivas secretarias, así como a los mandos medios y sus familias.

Acusaron al Lic. Ríos y Antonio Aguilar, quienes están en contubernio porque ellos controlan las liberaciones de los autos por el Alcoholímetro, donde ya no hay presencia de Derechos Humanos, Función Pública, Protección Civil, Policía Estatal, Metropol ni Médicos; “manejan todos los hechos de tránsito a su conveniencia”, argumentan.

Finalmente, aseguran que las patrullas 2776 y 2166, son las encargadas de “vigilar y operar” en Zacatecas y la zona conurbada para beneficio de la corrupción alimentada y permitida por el director Francisco Oswaldo Caldera Murillo y sus compinches, recogiendo los diezmos para llevárselos a sus patrones, pero nunca se dedican a una real vigilancia de hechos de tránsito ni accidentes y sirven sólo como emisarios de la impunidad y la corrupción.