Aquiles Córdova Morán

Hace dos meses, los padres de familia y los profesores (incluida su directora) de la escuela Primaria Juan Ortiz Murillo, ubicada en una colonia popular de Morelia, Michoacán, fueron violentamente desalojados del inmueble por un grupo de “profesores”, supuestamente pertenecientes a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), sección Michoacán, pero que en conjunto tenían más bien la apariencia de pandilleros mercenarios, de golpeadores profesionales a sueldo, armados con tubos, garrotes y cadenas que arremetieron con todo en contra de los indefensos padres y maestros, así como contra una pequeña representación de antorchistas que se hallaban allí respondiendo a una solicitud de apoyo de los interesados. El saldo del artero ataque fue de 23 lesionados, 3 de ellos con heridas graves que ameritaron su hospitalización, y la causa del conflicto y de la agresión porril es la demanda de los padres de familia de que el plantel siga funcionando como escuela de tiempo completo, para la mejor educación y el cuidado de sus hijos, mientras ellos trabajan, también de tiempo completo, para llevar el sustento a sus hogares, delito imperdonable a los ojos de los “maestros” de la CNTE.

La brutal agresión desató, como no podía ser menos, la indignación y la protesta pública de los padres de familia y colonos que los apoyan, que tuvo que culminar en un plantón permanente frente al Palacio de Gobierno de Michoacán a consecuencia, primero, de la indiferencia y falta de respuesta de las autoridades y, al correr de los días, por la abierta parcialidad y franca colusión de dichas autoridades con los agresores. A los primeros inconformes se sumaron otras dos escuelas primarias más, la Isaac Arriaga y la 1º de Mayo, ambas ubicadas en colonias populares de Morelia, que exigen lo mismo: escuela de tiempo completo para sus hijos y respeto a la planta de profesores dispuestos a operar esta modalidad, que es parte, dicho sea de paso, de la reforma educativa que impulsa el actual gobierno de la república. Más de dos meses después, como digo, el gobierno de Michoacán no sólo no da señales de querer resolver el problema en términos de la nueva ley de educación y con espíritu de justicia, sino que, con toda prepotencia y sin recato alguno, han enviado a un cuerpo policíaco de élite (conocido como GOEs y entrenado para enfrentar a la delincuencia organizada más violenta y peligrosa) a desalojar a los padres de familia y a los profesores de la “Isaac Arriaga” y dar posesión del inmueble y protección armada a los “profesores” de la CNTE, rechazados por la comunidad. Al mismo tiempo, mantienen una abierta amenaza de hacer otro tanto en la primaria 1º de Mayo.

La educación nacional no anda bien y esto es algo muy sabido por las autoridades, educativas o no, de todo el país; y hoy, gracias a la evaluación periódica a que nos someten organismos internacionales (prueba ENLACE), el mundo entero sabe que estamos reprobados en matemáticas, lectura, redacción y capacidad para plantear y resolver problemas. Las causas del desastre tampoco son una novedad: hace tiempo que dejamos de ver la educación como palanca fundamental para el desarrollo y perfeccionamiento del aparato productivo mediante la innovación tecnológica constante, propia e independiente, sin lo cual no puede haber mayor productividad y competitividad de nuestros productos en los mercados mundiales; y más aún la hemos desechado como recurso para promover la movilidad social y la mejoría relativa de las grandes masas empobrecidas. Nadie sabe ya desde cuando la educación se volvió moneda de cambio, mercancía para el tráfico de favores entre  el poder público y los sindicatos magisteriales buscando, el primero, un apoyo político-electoral que no puede o no quiere ganar por medios más legítimos; y los segundos, afianzar el control de las cúpulas sobre los “maestros de base”. Hemos caído, sin sentirlo, en la aceptación pasiva de un sindicalismo desbordado que va mucho más allá de su función legal de representante y defensor de los intereses gremiales de sus afiliados, para convertirse en autoridad ejecutiva que maneja el aparato educativo del país, que reparte plazas, dobles plazas, ascensos, reubicaciones ventajosas, etc., a sus incondicionales, según su interés político y no según lo demanda la educación de calidad, y, finalmente, está esa aberración de otorgar derechos de propiedad absoluta al maestro sobre su plaza, de modo que la puede heredar, vender, ceder a quien mejor le convenga, sin preocupase por la calidad educativa ni por los graves intereses nacionales que dependen de ella. Por todo esto, hoy vemos a varios gobiernos estatales convertidos en rehenes de la CNTE, sin poder (y tal vez sin querer) hacer algo efectivo para poner orden en su política educativa. Y allí está para probarlo el caso de Michoacán que acabo de mencionar.

Pues bien, acaba de aparecer un libro del prestigioso economista norteamericano Joseph E. Stiglitz, Premio Nobel de economía en 2001, en el cual vuelve al tema que, al parecer, se ha convertido en el centro de su interés a partir de la crisis mundial iniciada en 2008: la creciente desigualdad social que azota a las economías de “libre mercado” como la nuestra. En el nuevo libro, cuyo título aproximado en español sería “La Gran División: las Sociedades Desiguales y lo que Podemos Hacer por Ellas”, se dice que la humanidad enfrenta, junto con otros desafíos, el implacable fenómeno de la desigualdad: “a medida que hay más ricos, hay más pobres” asegura, y añade que “se trata de un problema sensible, experimentado en diferentes partes del mundo”. En síntesis, propone tres pasos básicos para enfrentar el flagelo: 1) Reforma del sistema fiscal. Explica aquí que es necesario que los que ganan más contribuyan proporcionalmente con el sistema fiscal. 2) Análisis de la estructura básica del sistema económico, es decir, someter a revisión crítica los fundamenos y las leyes en que se funda el sisema actual de libre empresa, y 3) Igualar las facilidades educativas entre los más ricos y los más pobres. En opinión del autor, se trata de una lucha contra la “desigualdad de oportunidades”, pues, según él, se gastan más fondos en la educación para los ricos, lo que significa que “Estamos transmitiendo ventajas y desventajas a través de las generaciones. Este es el principal factor en la desigualdad de oportunidades”, asegura Stiglitz.

Debo señalar que, en mi opinión, educar a los pobres con igual calidad que a los ricos no es suficiente para conseguir la plena “igualdad de oportunidades” entre unos y otros, porque en la desigualdad intervienen factores políticos y económicos muy poderosos, que no desaparecerán, ni cambiarán de signo o de tendencia, aunque el hijo del pobre tenga una educación de igual calidad que el hijo de un millonario. Y, además, que tampoco es sólo cuestión de dinero. Hace falta, como insinué más arriba, una revisión a fondo de la política educativa y una decisión enérgica e insobornable de cambiar lo que deba cambiarse para lograr verdadera calidad educativa. Pero de lo que no cabe duda es que Stiglitz tiene toda la razón cuando concede a la educación popular la gran importancia y jerarquía que le otorga en su nuevo libro, algo que ya había señalado en su obra anterior, aparecida en 2012, “El Precio de la Desigualdad”. En efecto, si un pueblo educado no puede, sólo con ello, salir de su pobreza y eliminar la desigualdad, mucho menos lo logrará un pueblo ignorante y atrasado como el nuestro. La gran importancia del nuevo libro de Stiglitz radica en que da un campanazo más fuerte para que nos demos cuenta, todos, que no podemos seguir jugando con la educación popular, porque esta educación, como quiera que se la vea, es una cosa muy seria.