El Pleno del Instituto Zacatecano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IZAI), envió oficios a los poderes Ejecutivo y Legislativo, para solucionar el conflicto de interés de los integrantes del consejo  consultivo de ese instituto.

En un comunicado, similar a un enviado la semana pasada, reiteran que enviaron un oficio a la Legislatura del Estado, con vista al Ejecutivo, para atender la situación.

Como siempre, se destaca que la comisionada Julieta del Río recordó que hace más de un año hay un conflicto de interés, porque unos de los integrante del consejo es servidora pública a nivel dirección en la unidad de transparencia de la Secretaría de Administración del Poder Ejecutivo.

Pero se detectó que otro integrante también trabaja en el Poder Ejecutivo, en la Defensoría Pública con nivel de Director, por lo tanto es doble el conflicto de interés.

Los Comisionados agregaron que el asunto no ha sido retomado por la LXIII Legislatura desde que entró en funciones, pese a que se ha insistido de manera oficial tanto en el Legislativo como en la Secretaría General de Gobierno.

Al fin citado, el comisionado presidente, Samuel Montoya, asegura que en el consejo consultivo debe ser con participación ciudadana  conforme al artículo 147 de la Ley de Transparencia del Estado de Zacatecas, incluir a personas de organizaciones de la sociedad civil y la academia que aporten una retroalimentación efectiva al organismo garante y no servidores públicos del Poder Ejecutivo.

Este posicionamiento se dio a conocer al INAI, como el Comisionado Óscar Guerra Ford, del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), el propio Consejo Consultivo del INAI y a la Red de Rendición de Cuentas.

El IZAI desde el 2016 urgió para que la pasada Legislatura integrará el Consejo Consultivo, pues desde la entrada en vigor de la Ley de Transparencia, en el año 2016, debió darse cumplimiento a este punto en el tiempo marcado, 80 días.

Entonces se impulsó el tema y se solicitó al Poder Legislativo emitir la convocatoria correspondiente, misma que el organismo garante apoyó a difundir entre la sociedad civil y academia.

«Es una irregularidad como fue constituido y es lamentable que no se conociera que querían ingresar dos servidores públicos al Consejo a un puesto honorífico, por lo cual causa más dudas el acto irregular” señaló Julieta Del Río

El doble conflicto de interés implica que los dos servidores públicos de los 5 que integran el Consejo Consultivo son parte de sujetos obligados a los cuales el Instituto vigila su cumplimiento, y en su momento les puede instruir o sancionar, por lo que no se puede ser juez y parte.

La Ley faculta al Consejo Consultivo para que opine sobre el programa anual de trabajo y su cumplimiento, sobre el proyecto de presupuesto para el ejercicio del año siguiente y conocer el informe del Instituto sobre el ejercicio presupuestal, y puede dar opiniones no vinculantes en temas de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales; y opinar de la adopción de criterios generales en materia sustantiva.