Jacobo Cruz

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es de las más completas del mundo, y en cada legislatura los representantes van adicionando temas que no existían en su versión original (la de 1917), pero por el desarrollo de la sociedad en temas familiares, de diversidad sexual, de tecnología, de temas medioambientales, etc., la han actualizado en favor de la población.

Por lo dicho, si la ley y los derechos constitucionales se cumplieran a cabalidad existirían condiciones óptimas para alcanzar un nivel mínimo de bienestar con lo que se tuvieran en la vida cotidiana mejores condiciones para alcanzar una convivencia social armónica, que debiera manifestarse en condiciones de paz, bienestar y progreso, como señala el lema del gobierno actual en Zacatecas.

Nuestra constitución es integral, proviene de la lucha de varias generaciones de mexicanos progresistas que enfrentaron al poder de entonces, que como ahora, cuidan los intereses económicos de las familias ricas y de su posición privilegiada, lo que costó la vida y sangre por enfrentamientos armados como la revolución mexicana.

Por eso es importante que tengamos un documento casi sagrado al ser la síntesis del anhelo de los mexicanos por alcanzar la justicia social, para eso contiene los derechos y obligaciones en 136 artículos y 19 transitorios en donde se precisan las garantías individuales, además se determina al responsable de ejecutarlas y los mecanismos que tiene el ciudadano para hacerlos efectivos.

Para muestra, transcribo algunos artículos que ilustran lo que estoy abordando en esta colaboración, porque hasta aquí todo bien, pero el problema viene cuando los mexicanos quieren hacer uso de esos derechos pero se encuentran con todo tipo de trabas, de indiferencia y de pretextos que le espetan en las instituciones, con lo que el ideal plasmado en la constitución se revela en una quimera.

Artículo 3: Toda persona tiene derecho a la educación. El Estado – Federación, Estados, Ciudad de México y Municipios- impartirá y garantizará la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior. La educación inicial, preescolar, primaria y secundaria, conforman la educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias. La educación inicial es un derecho de la niñez y será responsabilidad del Estado concientizar sobre su importancia.

Como puede leerse, aquí se habla del carácter obligatorio de la educación hasta el nivel medio superior, pero no es la ausencia de normativa lo que impide prepararse, sino precisamente la carencia de recursos económicos para adquirir libros, uniformes, materiales didácticos y en el peor de los casos, incluso, la carencia de recursos para alimentación y aunque legalmente está prohibido el trabajo infantil, en los hechos muchos estudiantes abandonan las aulas para trabajar y aportar al ingreso familiar.

Artículo 4. Toda familia tiene derecho a disfrutar de una vivienda digna y decorosa. La Ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo.

En el artículo 4 se tratan diversos temas que poco tienen que ver entre sí, y eso en lugar de ayudar somete a un embrollo que es aprovechado por las autoridades para encontrar vacíos legales y zafarse de cumplir y hacer cumplir la ley; contempla la igualdad de hombres y mujeres, el derecho a tener hijos, a la alimentación plena, el derecho a la salud, los derechos ambientales,  la promoción del deporte, el derecho a pensión de la gente con capacidades diferentes,  los derechos de la niñez, el derecho a la cultura y por si fuera poco se enmarca el derecho a la vivienda.

Tan sólo en el último punto no se precisa cómo materializar el derecho a la vivienda puesto que el artículo es tan general, en la realidad resulta muy difícil hacerlo efectivo. Se entiende que la vivienda digna debe contar con agua entubada, electrificación y pavimento, pero son estas las carencias en la mayoría de colonias populares formando cinturones de miseria en las concentraciones urbanas.

Artículo 9. No se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito; pero solamente los ciudadanos de la república podrán hacerlo para tomar parte en los asuntos políticos del país. Ninguna reunión armada, tiene derecho de deliberar.

Este artículo es muy importante en la lucha que los antorchistas desempeñamos tras casi 50 años de existencia como movimiento social en México. Desde que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) anduvo en campaña, emprendió un discurso de persecución contra las organizaciones sociales, y al llegar al poder en el año 2018 se dedicó a exterminarlas violando este y otros derechos en un claro abuso de poder.  

Pero les guste o no, la libertad de asociación de los ciudadanos por la defensa de sus intereses no es una concesión de los gobernantes, es un derecho y es obligación de los funcionarios guindas respetarlo, o en su defecto pasen a eliminarlo de la carta magna, porque la ley es una quimera, la realidad lo demuestra

Las injusticias no terminaron con AMLO y derechos como la libertad de expresión, la libre asociación, y a la vivienda digna son garantías elementales por las que debemos seguir luchando de forma organizada a pesar de la represión de Morena, porque con la entrega de dinero tampoco han desaparecido las injusticias sociales, al contrario, con las becas y pensiones se ha comprado el silencio de la gente callando por los cerca de 170 mil personas asesinadas en lo que lleva del sexenio y para que vote por el sucesor que cuidará los negocios de los nuevos ricos de la 4t.