El gobierno de Zacatecas, advirtió su titular,  Alejandro Tello Cristerna, no será rehén de chantajes ni falsos líderes que dursnte años han lucrado con la necsidad de la gente.

Estableció que su administración no cederá a caprichos y si alguien actúa al margen de la ley enfrentará las consecuencias legales qie se haga haga acreedor, porque en el estado la ley no se negocia, y el gobierno ir nola hace respetar.

Confirmó el operativo de la mañana de este martes para recuperar el control de la puerta de acceso al complejo minero de Peñasquito, y reconoció la respuesta positiva de los ejidatarios y transportistas para retomar la mesa de diálogo.

Les llamó  a buscar los acuerdos que permitan llegar a la solución del conflicto entre las partes.

Lamentó que un tema mercantil fuera tergiversado, no por los transportistas ni los ejidatarios, sino por los autonombrados líderes, quienes lo convirtieron en un tema político, que incluyó toma de carreteras y bloqueos.

Pero reiteró y advirtió que no cederá a caprichos de personas que, a largo de muchos años, lo único que han hecho es enriquecerse con la necesidad de la gente.

Explicó que el desalojo fue en acato a una orden judicial, pacífico y con observadores de la comisión de derechos humanos del estado de Zacatecas.

Dijo que no es posible seguir viviendo al margen de la ley o asustados porque alguien tomará un bulevar o una carretera: «están en su derecho, pero la autoridad tiene que hacer que se cumpla la ley, si es necesario, hasta las últimas consecuencias. Si se tiene que girar una orden de aprehensión, por muy famoso que sea el líder, tengan la certeza de que en el gobierno de Alejandro Tello Cristerna se hará».

La situación se volvió más preocupante cuando los transportistas y ejidatarios impidieron el ingreso de personal de la Cruz Roja y Protección Civil para llevar víveres a los más de mil trabajadores que permanecieron dentro de la empresa durante el bloqueo, a quienes no les permitieron abandonar las instalaciones.

Además, informó que están investigando a fondo acerca del pago de la minera a los ejidatarios, porque ellos no deben ni tienen por qué entregar parte de ese monto a liderazgos que se ostentan como tales. «Los están sobornando y esas cosas hay que hacerlas públicas», afirmó.

La presión de la minera fue detener la producción, lo que implica, más allá de la propia empresa, el trabajo de miles de personas y el sustento de miles de familias puestos en riesgo por los engaños y chantajes de estos falsos líderes.