Por Manuel Ibarra Santos

 

• El negocio de alcaldes con el uso de recursos públicos en un contexto de opacidad.
• La agenda del próximo gobierno a favor de un nuevo paradigma de rendición de cuentas.
• El trabajo profesional discreto, pero efectivo, del auditor Raúl Brito Berúmen.

 

La rendición de cuentas y la transparencia son un reto monumental para concretar en los hechos gobiernos de calidad, expediente no cubierto a la fecha en nuestra sociedad. Un ejemplo solamente para ilustrar el lastre y la dimensión de la opacidad: el 15 de febrero reciente fue  fecha límite, por mandato jurídico, para que los ayuntamientos presentasen a la Legislatura del Estado y a su órgano de fiscalización, las cuentas públicas del año pasado. De los 58 municipios zacatecanos lo hicieron sólo 4 de ellos y el restante 93 por ciento incumplieron su obligatoriedad constitucional, con lo que se incurrió en múltiples actos de responsabilidad administrativa y probablemente penal.

El Artículo 71 de la Constitución Política de Zacatecas confiere a la Legislatura local, a través de la Auditoría Superior del Estado (ASE) la facultad de fiscalizar los ingresos y egresos, la custodia y aplicación de fondos y los recursos del pueblo. Se obliga en cambio, entre otras cosas, a los gobiernos del Estado y de los municipios a presentar cada año sus cuentas públicas. Sin embargo, solamente el 7% por ciento de los ayuntamientos cumplieron esa responsabilidad legal, el resto no lo hizo. Una omisión lamentable que retrata de cuerpo entero la gravedad de la impunidad que prevalece en la administración de los asuntos de la sociedad.

La pregunta obvia que al respecto tenemos que formularnos ¿Por qué los gobiernos municipales no presentaron en tiempo y forma sus cuentas públicas al Poder legislativo? Existen muchas motivaciones y podemos enumerar sólo algunas de ellas:

Primero, porque no existe una plena cultura del cumplimiento de la Legalidad; Segundo, debido a que la Ley correspondiente es muy permisiva y los alcaldes han aprendido que es mejor seguir la ruta de los acuerdos corruptos; Tercero, en razón a que no se ve con mucho respeto al Poder Legislativo; y Cuarto, porque la Auditoria Superior del Estado (ASE) carece de las herramientas jurídicas y técnicas necesarias para hacer cumplir la normatividad correspondiente.

Ante esta realidad preocupante, es tiempo de repensar y diseñar una reforma de fondo de la cultura de la rendición de cuentas en Zacatecas, que permita conformar un nuevo ente público fiscalizador, con mayores atribuciones y herramientas técnicas y jurídicas, con independencia suficiente que le otorgue incluso la capacidad de juzgamiento para castigar en forma inmediata, bajo procedimientos rigurosos y objetivos, la corrupción, los abusos y la impunidad.

Por lo pronto, hay que reconocer que el propio titular de la Auditoria Superior del Estado,  el contador Raúl Brito Berúmen,- en un acto de responsabilidad, de sensibilidad y de compromiso frente a la sociedad-, fue quien dio a conocer los nombres de las administraciones públicas municipales en Zacatecas que entregaron, en tiempo y forma, las cuentas públicas del año pasado y cuáles no lo hicieron, así como aquellas que han reincidido, en un círculo nefasto que conjunta incapacidad y corrupción.

El auditor Raúl Brito, de manera discreta, pero efectiva, ha cumplido con su misión, en forma profesional, no obstante las limitaciones técnicas y jurídicas que registra la cultura de la rendición de cuentas en la entidad.

LA VIOLACIÓN FLAGRANTE DE LA LEY POR PARTE DE LOS ALCALDES EN ZACATECAS.

El incumplimiento por parte de 54 de los 58 ayuntamientos municipales en la entidad, en la entrega de las cuentas públicas del año pasado, es una violación flagrante a la Constitución de Zacatecas (artículo 71), a la Ley de Fiscalización Superior del Estado (artículo 33) y a la Ley Orgánica del Municipio (artículos 167, 168, 169, 170 y 171), entre otras bases jurídicas quebrantadas por conductas inexplicables de alcaldes y de cabildos

La duda sobre el particular, tiene que ver con la importancia que se confiere al acto violatorio permanente del marco normativo, cuando la propia Ley es altamente permisiva ante las acciones de abuso, impunidad y corrupción. La otra inducción lógica también es válida: sí los gobiernos municipales no respetan la legalidad y, además, no entregan cuentas públicas al ente público fiscalizador responsable, menos proporcionarán información pública de oficio confiable a los ciudadanos que la requieran.

Resulta por eso, también, una evidente burla que todavía se entreguen reconocimientos anuales a la “transparencia” (premios injustificados a la carta y por consigna), cuando son los mismos ayuntamientos los más resistentes en cumplir los principios jurídicos básicos de la rendición de cuentas públicas.

Hay que admitir, por otra parte, que los castigos a los incumplimientos legales y administrativos en los ayuntamientos son muy “light” o  virtualmente inexistentes. La Ley de Fiscalización en la entidad, en su artículo 33, confiere a la Auditoria Superior del Estado (ASE) la facultad para imponer medidas de apremio, apercibimientos públicos o privados y multas equivalentes de cincuenta hasta 500 cuotas de salario mínimo general vigente cuando, por ejemplo, no se entregan las cuentas públicas oportunamente al Congreso del Estado. Estas acciones cautelares resultan ridículas y muchos alcaldes prefieren pasárselas por el arco del triunfo y acudir a las estrategias nefastas de la corrupción y el abuso, como ha sucedido reincidentemente.

Bajo ese contexto, los alcaldes <sobre todo los de inmoral formación> gozan de condiciones de opacidad para hacer desmedidamente jugosos negocios para beneficio personal, con los recursos públicos.

LOS COMPROMISOS A FAVOR DE UNA NUEVA CULTURA DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS Y LOS FUTUROS GOBERNANTES.

Los futuros gobernantes de Zacatecas, aquellos que resulten triunfadores en los comicios del mes de junio, deberán incluir en sus agendas de trabajo el compromiso de diseñar un renovado paradigma de rendición de cuentas, que supere el actual modelo, que es muy limitado, restrictivo e insuficiente, para construir gobiernos de calidad.

La transparencia en particular será inexistente cuanto persista la obsolescencia de leyes y la ausencia de nuevas prácticas de buen gobierno.

En el caso específico de Zacatecas, la cultura de la transparencia riñe con la existencia de una Ley de adquisiciones que es terriblemente anacrónica (que data de los años ochenta del siglo pasado que, incluso no considera en su texto el uso de dispositivos electrónicos) y en donde los actores políticos han sido incapaces para ponerse de acuerdo para avanzar a escenarios de modernización jurídica aceptables.

La rendición de cuentas efectiva es una condición necesaria para forjar gobiernos de calidad, que estimulen el cambio económico, político y social de Zacatecas.