Por: Manuel Narváez Narváez

Email: mnarvaez2008@hotmail.com

La artera ejecución de un joven empresario en Hidalgo del Parral estremece a toda la población del estado, consterna al gremio empresarial y escava una palada más a la tumba política del gobernador.

Como suele suceder en homicidios dolosos en contra de personas conocidas, la noticia se expande con mayor rapidez y cobra mucho más relevancia que la de los muertos cotidianos que aporta el crimen organizado, o de las víctimas colaterales que estos abonan, y los que suman por la negligencia del Estado.

Ahora le tocó al presidente de la COPARMEX en la capital de mundo, Uriel Loya Deister, un joven empresario. Se desconocen los motivos, según la fiscalía general del estado, pero el video que ya circula en redes y medios informativos sugiere que la ejecución fue, o la hicieron parecer al estilo del crimen organizado.

Chihuahua, como muchas entidades de país, vive el recrudecimiento de la violencia. Ya ocupa la tercera posición del ejecutómetro a nivel nacional, muy cerca del primer lugar al que lo llevó  el entonces gobernador Reyes Baeza, hoy flamante secretario de acción electoral del CEN del PRI.

El repunte de la violencia en el territorio nacional es responsabilidad exclusiva del presidente de la república, la de cada entidad recae en su  gobernador. Por lo tanto, la repartición de culpas entre ellos solo aumenta el descrédito de sus respectivas gestiones.

En el caso particular, los muertos por armas de fuego se cuentan por miles, indudablemente que el mayor porcentaje se le atribuye a la permanente disputa de las plazas por parte del crimen organizado. No por esas razones deja de ser alarmante y muy preocupante la zozobra en la que vivimos los chihuahuenses.

Más grotesco resulta el panorama cuando el primer responsable de garantizar seguridad a sus gobernados reacciona tan desproporcionadamente, según sea el caso.

El mandatario chihuahuense no se inmuta cuando la víctima es un ciudadano común, sin el escaparate mediático, inclusive si se trata de autoridades electas o en funciones. En cambio, sobrerreaciona cuando el infortunado es una persona con influencia en la sociedad y alcances empresariales.

La muerte de Uriel Loya sucede, extrañamente, en el marco de otra charla de Javier Corral Jurado con sus cuates intelectuales, y previo a la reunión en ciudad Juárez de miembros de la COPARMEX, a la que asistiría su presidente nacional.

Por si fuera poco, el deterioro de la fama por causa del vertiginoso aumento de los delitos de cualquier orden, el titular del poder ejecutivo estatal viene de arremeter la semana pasada en contra de la prensa, a la que acusa de querer extorsionarlo y, quejarse, muy semejante a la forma en que lo hizo Francisco Labastida de Fox, durante el debate presidencial del 2000; del trato que le otorgan.

El gobierno de Peña también es corresponsable de la inseguridad en la que se encuentra sumergida la entidad. Tratándose de la muerte de un empresario conocido, inmediatamente involucró a la policía federal para apoyar en las pesquisas, trato que no han recibido decenas de ciudadanos comunes, cuyos deudos siguen esperando justicia.

Al margen del fin del sexenio del terror de Enrique Peña Nieto, de las dudas que ya despiertan las estrategias de seguridad que va a implementar el TRANSFORMADOR y el vacío de poder que existe en Chihuahua, el futuro de la entidad más grande de la república está más que comprometido.

La debilidad de las instituciones para hacer valer el Estado de derecho y el nulo compromiso del primer magistrado con sus gobernados, nos colocan en una situación terrible frente al alcance y avance que tienen los grupos delincuenciales.

Al este ritmo, es muy posible que el clamor popular decante la separación inmediata del titular del poder ejecutivo estatal. Por negligencia, por corrupción o por lo que sea, pero que se retire del cargo. El hartazgo en muy evidente.